Una vez más, medios de comunicación de la ciudad de Guayaquil reportan un hecho de violencia que ocasionó heridas en dos adolescentes que se encontraban en el espacio público el día 1 de noviembre de 2021. La información da cuenta de que dos adolescentes de 14 y 17 años, habitantes del sector de Bastión Popular, fueron heridos por un grupo de individuos que dispararon armas de fuego en contra de un grupo de personas.
Este hecho que se suma al sucedido el día domingo 17 de octubre del 2021, en un restaurante del Barrio del Centenario de la misma ciudad de Guayaquil y que provocó la muerte de un niño, son la muestra de la grave situación de inseguridad, indefensión y vulnerabilidad a la que está sometida la población ante actos delincuenciales caracterizados por la violencia indiscriminada de quienes los perpetran y que parece haber superado cualquier límite.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador considera que la seguridad es un derecho de la población que debe ser garantizado por el Estado, a través del combate efectivo de la criminalidad pero también con la atención a las situaciones estructurales, como la falta de igualdad y oportunidades que son los generadores de la violencia en la sociedad.
Las autoridades deben guiarse por los mandatos constitucionales que hacen referencia a la responsabilidad del Estado y del servicio público en general, respecto a la garantía de derechos y materialización de la justicia para la población. Por ello, es necesario que presten atención y se involucren en la generación de políticas públicas y servicios dirigidos a la superación de los detonantes de las actividades criminales. Ecuador no puede convertirse en área abierta para la criminalidad.
La Constitución de la República en su artículo 393 establece que “El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en distintos niveles de gobierno”.
La Institución Nacional de Derechos Humanos, en cumplimiento de su función de protección de los derechos de las y los habitantes del Ecuador, se dirige a las autoridades nacionales, locales y a la Policía Nacional del Ecuador y EXHORTA para que, en cumplimiento de sus roles, generen políticas y acciones de incidencia y combate efectivo a la delincuencia, respetuosas de los derechos humanos y de los estándares de convivencia pacífica que nuestra población demanda.