La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por los actos de violencia perpetrados, el pasado viernes 6 de noviembre de 2020, en contra de una mujer trans en Babahoyo, provincia de Los Ríos.
La Defensoría del Pueblo rechaza todo acto de violencia que amenace la integridad de las personas trans, y recuerda a las entidades estatales la obligación de garantizar el derecho a una vida digna y libre de violencia de todos y todas; así como, la prohibición de la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes, de conformidad con lo que señala la Constitución de la República de Ecuador.
Este repudiable acto podría tipificarse como un delito de odio, toda vez que fue cometido en contra de una persona trans en razón de su identidad sexual, por lo cual, exhortamos a las autoridades de la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional, a realizar las investigaciones pertinentes en el marco de sus competencias, hasta encontrar a las o los responsables, para que este caso no quede en la impunidad.
Este hecho no es un evento aislado, más bien, forma parte de un fenómeno social que se incrementa como producto de la discriminación hacia las personas de la comunidad LGBTI y que, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estas manifestaciones de violencia tienen, en muchas ocasiones, la finalidad de castigar “(…) identidades, expresiones, comportamientos o cuerpos que difieren de las normas y roles de género tradicionales, o que son contrarias al sistema binario hombre/mujer”.
Los actos de violencia ocurridos se basan en estereotipos de género reforzados por una mirada limitada y negativa de las diversidades sexo-genéricas. En ese sentido, es importante incorporar un enfoque de género que nos permita convivir en paz, reconociendo las diversidades a nuestro alrededor y respetando la libertad de ser de cada individuo.
La Defensoría del Pueblo se encuentra vigilante del cumplimiento de la normativa legal vigente e iniciará, de oficio, la vigilancia del debido proceso a través de la delegación provincial en Los Ríos, en cumplimiento a su competencia constitucional de proteger los derechos humanos de las y los habitantes del país.
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