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La Defensoría del Pueblo realizará la vigilancia del debido proceso en dos casos de muertes violentas registradas en el país de personas pertenecientes a diversidades sexo genéricas

lunes, 10 enero 2022, 8:31 pm

muertes violentas

Durante el 2021 se registraron 172 muertes violentas de mujeres y niñas por razones de género, el 60,4% por femicidio.

La Defensoría del Pueblo, como la Institución Nacional de Derechos Humanos, coordinará todas las acciones defensoriales necesarias en el marco de los procesos investigativos que efectúa la Fiscalía sobre dos muertes violentas de personas pertenecientes a diversidades sexo genéricas; de Karla V, asesinato que está siendo investigado como presunto transfemicidio y de Cristian N, perteneciente a la comunidad LGBTIQ+, registrados en el país en los primeros días del mes de enero de 2022 en la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas.

En este contexto, la INDH realizará, dentro de sus competencias en el ámbito judicial, la vigilancia del debido proceso de ambos casos y activará los mecanismos pertinentes para evitar que los mismos queden en la impunidad.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo busca que se realicen procesos de reparación integral y coordinará acciones de prevención sobre este tipo de violencias basadas en el género.

De igual manera, la INDH exhorta a las instituciones competentes a desarrollar -dentro de la indagación previa- las pericias necesarias con celeridad y con un enfoque de derechos para garantizar la efectiva transparencia de los hechos suscitados, así como para realizar los procesos de reparación integral a las familias de las víctimas.

En el país, del 1 de enero hasta el 15 de noviembre de 2021, se registraron 172 muertes violentas de mujeres y niñas por razones de género: 103 feminicidios (60,4%), 7 transfemicidios (4,1%) y 62 muertes violentas de mujeres por delincuencia organizada, con componente feminicida y de género, según información proporcionada por la Fundación Aldea.

La Defensoría del Pueblo ratifica su compromiso de continuar la lucha por la erradicación de la violencia basada en género como un pilar de la gestión institucional y un compromiso de cumplimiento obligatorio, establecido en la Constitución del Ecuador, en los Instrumentos Internacionales que garantizan los derechos humanos de las mujeres, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el país.