Las comunidades y parroquias de los cantones Tena y Arosemena Tola de la provincia de Napo están ubicadas en la zona centro de la Amazonía ecuatoriana, región considerada el “Pulmón del Mundo” por su variedad natural, por ello, la Constitución de la República de Ecuador y la Ley Orgánica para la Planificación Integral de La Circunscripción Territorial Especial Amazónica, la consideran como régimen especial, debido a su biodiversidad. Pese a este reconocimiento constitucional y legal, las autoridades del Ejecutivo han concedido extensas áreas para actividades mineras a cielo abierto.
Ante el pedido de las comunidades a través de medios locales de comunicación y redes sociales, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, a través de su delegación en Napo, ha iniciado procesos investigativos, sin que las autoridades requeridas, como el Ministerio de Energía, Recursos Naturales no Renovables, Ministerio del Ambiente, Secretaría del Agua y Subsecretaría de Minas, hayan remitido la información solicitada sobre las resoluciones administrativas que otorga cada cartera de Estado a las personas naturales o jurídicas públicas o privadas para las distintas fases de actividades mineras metálicas y no metálicas, específicamente, las relacionadas a la prospección, exploración, explotación, beneficio, fundición, refinación, comercialización, enajenación (oro), permisos ambientales, informes de remediación ambiental, entre otras.
Estos procesos extractivos vulneran los derechos previstos en los artículos 57 y 71 de la Constitución de la República de Ecuador y, de manera específica, la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en las tierras de las comunidades y que las afecten ambiental o culturalmente; o, participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen.
Se han realizado varias visitas en el sitio y recorridos en los que se ha constatado la vulneración a los derechos de la naturaleza y de las comunidades, pueblos y nacionalidades, por parte de los concesionarios mineros, esto sumado a que las concesiones abarcan varias zonas urbanas de las ciudades de Tena y Arosemena Tola, donde actualmente operan varias empresas y personas naturales, quienes al margen de la ley y de manera permanente, destruyen la naturaleza y contaminan los ríos.
Ante estos hechos, la Defensoría del Pueblo en Napo ha solicitado, insistentemente, a las autoridades provinciales competentes, a que intervengan y se paralice esta actividad, generándose varios operativos a la minería por parte de la Fiscalía y la fuerza pública, pero, a pesar de las suspensiones, continúa realizándose esta actividad y generando daños irreparables a la naturaleza.
Por ello, la Defensoría del Pueblo EXHORTA, en primer lugar, a las autoridades ministeriales y descentralizadas, a suspender las autorizaciones de explotación minera a estos concesionarios que incumplen y atentan contra la naturaleza, a fin de que se cumpla la Constitución; y, en segundo lugar, a entregar la información solicitada por la delegación provincial en Napo, dentro de los expedientes abiertos. Además, se EXIGE al Ministerio de Ambiente, realizar una investigación exhaustiva con respecto a las empresas y personas naturales que tienen concesiones y permisos ambientales e incumplen el Plan de Manejo Ambiental, lo que involucraría un cese definitivo de sus actividades y, de esta manera, preservar el respeto a los derechos de la naturaleza y comunidades, pueblos y nacionalidades, así como su seguridad y tranquilidad.
La Defensoría del Pueblo se mantendrá vigilante de las acciones que implemente el Estado en torno a estas irregularidades registradas en los cantones de la provincia de Napo, a causa de las actividades mineras que están contaminando los ríos y esteros de las comunidades. En defensa de la ciudadanía activará las acciones jurisdiccionales que correspondan.
Dr. Freddy Carrión Intriago
Defensor del Pueblo de Ecuador
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