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Defensoría del Pueblo junto a la Universidad UTE presentaron informe temático sobre la situación de los derechos humanos en el contexto del estado de excepción debido a la pandemia de COVID-19 en 2020

sábado, 13 febrero 2021, 9:30 am

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En un esfuerzo académico conjunto, la Defensoría del Pueblo y la Universidad UTE presentaron, este jueves 11 de febrero de 2021, el “Informe temático sobre la situación de los derechos humanos durante la declaratoria del estado de excepción por la emergencia sanitaria por COVID-19 en Ecuador en 2020”, mismo que cuenta con el auspicio y cooperación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Unión Europea.

El documento analiza los principales derechos afectados durante el estado de excepción declarado en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19 en el país, como salud, trabajo, discriminación laboral, entre otros, en el período comprendido entre el 16 de marzo y 16 de septiembre del año pasado. Además, se destacan las principales reflexiones sobre las políticas públicas implementadas como decretos, acuerdos ministeriales, resoluciones, comunicados de la Presidencia de la República, Ministerio de Gobierno, Secretaría de Gestión de Riesgos y Ministerio de Salud Pública.

El informe también incluye el monitoreo de 9 508 alertas o situaciones de vulneración de derechos durante la declaratoria de la emergencia sanitaria y el estado de excepción, y las resoluciones y pronunciamientos emitidos por la Defensoría del Pueblo, donde se da cuenta de la atención institucional brindada “en línea” de las presuntas víctimas de vulneraciones, a través de 1 142 atenciones efectuadas y la recepción de 3 100 peticiones defensoriales.

El Defensor del Pueblo, Dr. Freddy Carrión Intriago, recalcó que “en este informe temático se han llegado a determinar las principales vulneraciones a los derechos humanos dadas en el contexto de la pandemia, las cuales significaron un retroceso en el ejercicio de los derechos de las personas en Ecuador, principalmente, en la opacidad y falta de información para que la ciudadanía conozca la situación e impacto de la Covid-19 en la vida cotidiana, frente a la cual el Gobierno no tuvo respuesta efectiva y, además, se desató una de las lacras sociales que más perjudica a todos y todas en el país: la corrupción”.

En tanto, el Rector de la Universidad UTE, Dr. Ricardo Hidalgo Ottolenghi, presentó su ponencia sobre “COVID-19: una perspectiva desde la academia”, donde explicó -de forma cronológica- el desastre y la crisis social, política, ética y moral, sanitaria y económica, y la respuesta dada por la academia frente a lo que nos espera en un futuro mediato e inmediato en el país con la pandemia.

En el resto de exposiciones, acompañaron a los titulares de ambas instituciones, la Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad UTE, Rina Pazos Padilla, quien ahondó en la situación del derecho al trabajo en el contexto de la pandemia por COVID-19; el Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Felipe Asanza Miranda, quien analizó los desafíos de la protección de derechos de la población en situación de movilidad en el contexto de la pandemia por COVID-19”; y, el Director del Centro de Investigación en Salud Pública y Epidemiología Clínica (CISPEC) de la Universidad UTE, Daniel Simancas Racines, quien expuso la situación integral del derecho a la salud afectado durante la pandemia en 2020.

Cabe destacar que la Defensoría del Pueblo fue la primera entidad del Estado ecuatoriano que exhortó al Gobierno Nacional a emitir la declaratoria de emergencia para el sector de la salud por el primer caso de coronavirus en el país, el pasado 29 de febrero de 2020. También, publicó y emitió mediante su portal web institucional, 68 pronunciamientos y noticias desde el último día de febrero hasta el 15 de septiembre de 2020, en la tutela y protección de los derechos humanos de la ciudadanía ecuatoriana durante la emergencia sanitaria.

Con la presentación de este informe se reitera el compromiso del accionar institucional en el marco de la prevención del incremento de la violencia doméstica contra las mujeres y las afectaciones a las personas con discapacidad, personas adultas mayores y en condición de movilidad humana, durante 2020 y en el contexto de la pandemia de COVID-19, misma que sigue afectando las condiciones de vida de toda la ciudadanía en el territorio nacional.

Para revisar el informe ingrese en: http://repositorio.dpe.gob.ec/bitstream/39000/2937/1/PE-001-DPE-2021.pdf