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Defensoría del Pueblo apela decisión de jueza que negó acción de protección a favor del derecho a la igualdad material en el acceso y ejercicio de cargo público de las concejalas del Distrito Metropolitano de Quito

miércoles, 11 septiembre 2019, 8:31 pm

Con base en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, la Defensoría del Pueblo apeló la decisión ilegítima de la jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Tumbaco, Cecilia Duarte Estévez, quien hoy 11 de septiembre de 2019, inadmitió sin motivación alguna la acción de protección que interpuso la Institución Nacional de Derechos Humanos.

“Los jueces son los encargados de velar por el fiel cumplimiento de los principios normativos y seguridad jurídica, y con este tipo de decisiones se perenniza la vulneración de los derechos de las mujeres y se sostiene un sistema violento y patriarcal en contra de ellas”, recalcó el Defensor del Pueblo, Dr. Freddy Carrión Intriago, ante los medios de comunicación una vez finalizada la audiencia pública.

La Defensoría del Pueblo rechaza categóricamente la decisión parcializada e ilegítima de la jueza Duarte, en especial por la falta de argumentos técnicos y jurídicos sobre los cuales sostuvo su fallo.

Asimismo, condenamos firmemente la actitud parcializada de la jueza en la audiencia pública, en donde llegó a revictimizar a las concejalas del Municipio, responsabilizándolas de la violación de sus propios derechos.

“Sorprende la baja calidad argumentativa de la señora jueza. Estamos seguros que a nivel de la Corte Provincial imperará la razón, la lógica y, sobre todo, la justicia respecto a los derechos, los cuales no están para negociarse, sino para cumplirse y garantizarse. El Municipio de Quito debería ser ejemplo, como capital de la República, del respeto a los derechos de las mujeres por su larga historia de lucha”, enfatizó el titular de la Defensoría del Pueblo.

El Defensor del Pueblo hizo un llamado a la Función Judicial para que se revise la actuación y el fallo irregular de la jueza Duarte, insistiendo en que no existió un motivo válido bajo criterios racionales en torno a los términos dispuestos en la acción de protección presentada por la Institución Nacional de Derechos Humanos. “Me temo que esta sentencia estaba definida con anterioridad y no se basó en derecho sino en posiciones políticas”, fue el pronunciamiento final del Dr. Freddy Carrión Intriago.