La Defensoría del Pueblo de Ecuador, profundamente conmovida por la violencia en el Guasmo Sur de Guayaquil, donde cuatro niños, de entre 5 meses y 7 años, junto a sus padres, fueron víctimas de un ataque armado, demanda una intervención inmediata y efectiva del Estado. Este incidente, reflejo de un aumento alarmante en los actos de sicariato y violencia, subraya una emergencia de seguridad nacional.
Según el reporte policial y conforme las descripciones en medios de comunicación, se trataría de sicarios que -por error- ubicaron blancos equívocos de la violencia en una masacre en el Guasmo Sur pues, luego de la intervención policial, se pudo conocer que el ataque estaba dirigido a una vivienda adyacente donde se encontró mecha lenta para explosivos.
Una masacre que se convierte en el espejo más crudo del sicariato en Ecuador, cuya expresión se refleja en la tasa de homicidios más alta en esta zona del país con esta modalidad.
El incremento del 171 % en homicidios intencionales de niños, niñas y adolescentes en Ecuador es inaceptable. Con 455 menores asesinados solo entre enero y septiembre de 2023, la situación en la provincia de Guayas es particularmente grave. Estas cifras no son solo estadísticas; representan vidas jóvenes perdidas, como las de Jordana, Briana, Adiel y Aitana, y sus padres Rosa Elvira y Jhordan, víctimas recientes de esta ola de violencia.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador, como Institución Nacional de Derechos Humanos, se solidariza con las familias afectadas y se compromete a vigilar de cerca las acciones del Estado desde su rol y competencias constitucionales.
Desde ahí, la Institución Nacional de Derechos Humanos insta al Estado a cumplir lo establecido en la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, resaltando la importancia del concepto inequívoco de la aplicación del interés superior de nuestra infancia y adolescencia siguiendo los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entidad que plantea la importancia de proteger este principio y su correcta aplicación, ante una emergencia de seguridad como la que actualmente enfrenta nuestro país.
La CIDH ha señalado que cuando la violencia proviene de un tercero no agente estatal, la obligación del Estado es determinante para impulsar procesos de prevención, establecer la debida diligencia de la investigación para establecer responsabilidades de los actores del delito, evitar la impunidad y la debida reparación a las víctimas de violencia.
Por eso, la Defensoría del Pueblo de Ecuador ratifica su compromiso institucional de continuar con la promoción y protección de los derechos de todas las personas que habitan el Ecuador, con especial énfasis en los grupos de atención prioritaria, como los niños niñas y adolescentes, para propiciar una vida libre de violencia. En este sentido, exhorta:
Al Gobierno Nacional, a gestionar de manera urgente los recursos necesarios para una efectiva estrategia nacional de combate a la delincuencia organizada incluyendo, de ser necesarias, reformas normativas y de política pública que garanticen el enfoque de seguridad humana y el derecho de todas las personas a una vida libre de violencia. Además, insistimos en recuperar y fortalecer los equipos de inteligencia del Estado a efectos de prevenir futuros actos de violencia.
A la Policía Nacional, al tiempo de reforzar los procesos de investigación tendientes a la identificación, detección y captura de los autores de estos asesinatos, impulsar protocolos de prevención de la violencia en los barrios y comunidades del país.
A los Ministerios de Inclusión Económica y Social y de la Mujer y Derechos Humanos, a articular la intervención inmediata de equipos técnicos necesarios y especializados para garantizar el acompañamiento psicosocial a la familia de las víctimas.
A la Gobernación del Guayas que, bajo los lineamientos de política pública en materia de seguridad del Gobierno Nacional, desarrolle planes de intervención territorial que permitan reducir los índices de muertes violentas especialmente de niños, niñas y adolescentes.
A la Fiscalía, disponga de manera urgente las medidas necesarias para la consecución de la investigación penal y se garantice la no revictimización de los padres y familiares; además, incluir la disposición de evaluación del riesgo que pudiese presentar el entorno familiar de las víctimas.
Una vez más, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, en su calidad de Institución Nacional de Derechos Humanos, en uso de sus atribuciones de protección y tutela de derechos, se encuentra articulando las acciones que corresponden para demandar del Estado las correcciones que fueren necesarias a las prácticas de prevención y protección de los derechos para niños, niñas y adolescentes.
Dr. César Córdova Valverde
DEFENSOR DEL PUEBLO DE ECUADOR (E)