Ante el asesinato de niñas y niños ocurridos en el país y que han generado conmoción nacional, la Defensoría del Pueblo de Ecuador recuerda el deber que tiene el Estado, en su conjunto, de proteger, respetar y garantizar los derechos de todos y todas; expresamos nuestra indignación por el asesinato de Dana, y solidaridad con sus familiares.
La violación de un derecho se da, cuando alguna de las condiciones o de los servicios que son necesarios para su ejercicio deja de tener vigencia para una persona o grupo de personas; restituir ese derecho no puede reducirse a atender las consecuencias y los efectos provocados por su violación, sino que exige restablecer las condiciones y los servicios que deben ser permanentes, especialmente en todos los entornos de convivencia y desarrollo, y que respondan realmente a sus necesidades; cuya ausencia provocó la violación del derecho.
Toda la violencia estructural que vivimos en el Ecuador tiene como resultado, muchas veces, la muerte de niños, niñas y adolescentes. La Constitución en el numeral 1 del artículo 3 determina que, uno de los deber primordiales del Estado es “Garantizar sin discriminación el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales (…)” considerando que, el numeral 3 del artículo 11 de la máxima norma nacional señala que “Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.”
Los hechos ocurridos en Riobamba, en cuanto al asesinato de Dana, demuestra que nuestros niñas, niños y adolescentes, son víctimas de venganza, chantaje, intimidación, captación en grupos de delincuencia organizada, entre otros delitos. La vida de una niña, niño y adolescente no es un daño colateral, mientras sigamos viéndolos como objetos y no como sujetos de derechos asumiremos que ellas y ellos son un efecto secundario de la violencia. La muerte de una niña, niño o adolescente es un daño trascendental en la vida del Ecuador. Así también, se evidencia conforme la tasa de homicidios de niños, niñas y adolescentes, la que aumentó en un seiscientos cuarenta por ciento en cuatro años, según datos de UNICEF.
En este sentido, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, erradicar, investigar, sancionar, evitar la impunidad y reparar todos los actos que vulneren los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Especialmente en el caso de la niña Dana, esta Institución Nacional de Derechos Humanos a través de su Delegación Provincial Chimborazo, ha realizado las actuaciones competentes desde que se conoció el caso por la desaparición, ante lo que activó el protocolo de actuación y ha estado vigilante de manera permanente de las acciones ejecutadas por la Fiscalía Provincial, tales como la revisión del proceso y en la toma de versión de las personas presuntamente implicadas; una vez localizada sin vida, se ha procedido a aperturar la vigilancia del debido proceso en las etapas correspondientes.
La Defensoría del Pueblo REPUDIA todo hecho que arremeta contra la vida e integridad personal, especialmente de niños, niñas y adolescentes; por lo que EXHORTA a las entidades competentes a aunar esfuerzos que conlleven a garantizar la vida y la integridad personal.:
1. Al Gobierno Nacional a través de todas sus carteras de estado, a cumplir su rol de manera urgente y permanente con acciones, que garanticen la vida y la integridad personal de niños, niñas y adolescentes habitantes en el territorio nacional en el marco de los derechos humanos.
2. A la Función Judicial, y a la Fiscalía General del Estado, a investigar y juzgar, en un plazo razonable y con la debida diligencia, todos los casos de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes, garantizando la reserva, protección y asistencia a las víctimas, testigos/as y otros/as participantes del proceso.
3. Al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos a brindar la atención especializada a familiares y comunidad.
4. A la sociedad en general a convertirnos en defensores de los derechos de niñas, niños y adolescentes y exigir la garantía y protección de sus derechos.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador permanecerá alerta en el marco de los principios previstos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de los derechos humanos, tales como, interdependencia, autonomía, pluralismo, igualdad y no discriminación, plurinacionalidad, progresividad y no regresividad, interdependencia, informalidad, gratuidad, celeridad y desconcentración. Verificaremos que se cumpla con el debido proceso; reiterando la validez e importancia que tiene un exhorto sobre acciones u omisiones de todas las instituciones del Estado en cuestiones relativas a la protección y promoción de los derechos humanos y la naturaleza.
Hablemos por los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor
Hablemos por los que no cantaran porque han apagado su voz