Si alguna empresa privada o entidad pública no pertenece a los sectores de excepción y obliga a sus trabajadores/as a asistir de forma presencial a trabajar, debe denunciar este hecho ante las autoridades competentes mediante los canales oficiales dispuestos para el efecto, así como comunicarse con la Institución Nacional de Derechos Humanos que está vigilante ante las vulneraciones a los derechos laborales.
En este sentido, el Defensor del Pueblo, Dr. Freddy Carrión Intriago, subrayó el fundamento de asumir con responsabilidad el decreto presidencial de estado de excepción para aplicar inmediatamente las disposiciones en referencia a la prohibición del trabajo presencial, sin que se tomen medidas lesivas a los derechos de la clase trabajadora, como descuento de días de vacaciones, reducción de sueldos y/o despidos.
Hasta este miércoles 18 de marzo, se han reportado 155 casos de personas contagiadas por el ‘coronavirus’ en todo el país, muchos de los cuales podrían deberse a la negativa de varias y varios empleadores de los sectores público y privado, de aplicar el “teletrabajo emergente” durante la vigencia del estado de excepción, sobre todo, de las y los trabajadores que tienen a su cargo personas de atención prioritaria, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad o personas adultas mayores.
“Los derechos humanos y de la naturaleza serán garantizados, puesto que la Defensoría del Pueblo ha implementado un plan de contingencia para atender a ciudadanos y ciudadanas a través de sus canales de comunicación, en los que pueden informar sobre atropellos a sus derechos”, enfatizó el Defensor del Pueblo.
Los canales electrónicos oficiales de la Defensoría del Pueblo, habilitados para efectivizar la queja y/o reclamo, son la dirección web: http://portal.dpe.gob.ec/; el correo electrónico institucional: contacto@dpe.gob.ec; y, los números telefónicos de contacto institucional a escala nacional: Directorio representantes provinciales. La información recibida se canalizará a las autoridades competentes.
Se recuerda a las personas empleadoras y autoridades nacionales y seccionales que su obligación cívica es cumplir las directrices emitidas por el Gobierno Nacional, mediante la implementación de las medidas dispuestas en el estado de excepción, las cuales son acciones necesarias que permitirán atravesar de forma positiva la emergencia sanitaria en Ecuador ante la pandemia COVID-19.