La Defensoría del Pueblo en Galápagos recibió una denuncia de los colectivos feministas Tejido Violeta, Magma, Movimiento Mi Diario Grita, donde informaron que, en la mañana del martes 20 de julio de 2021, mientras realizaban en el cantón Santa Cruz, un plantón pacífico en apoyo a las víctimas de violencias basadas en género, un funcionario público que señaló ser comisario de policía, intentó impedir sus derechos a la libertad de expresión así como a reunirse y manifestarse en forma libre, reconocidos y garantizados en la Constitución de la República de Ecuador.
Como personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza denuncian que, reiteradamente, son objeto de hostigamiento, persecución y amenazas, tratando de intimidarlas y desprestigiarlas ante la sociedad, para minimizar su labor de acompañamiento a las víctimas de violencias basadas en género que se tramitan en las unidades judiciales multicompetentes de la provincia de Galápagos.
La Constitución de la República reconoce y garantiza a las personas una vida libre de violencias en el ámbito público y privado y establece el deber de adoptar medidas para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial, en este caso, la ejercida contra las mujeres.
Es importante recordar que la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres determina que la violencia política es aquella cometida por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente, en contra de mujeres defensoras de derechos humanos orientada a acortar, suspender, impedir o restringir su accionar, o para inducirlas u obligarlas a que efectúen, en contra de su voluntad, una acción o incurran en una omisión. Esta ley también promueve la participación de las mujeres, organizaciones sociales y comunitarias.
En 1998, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la declaración sobre el derecho y el deber de las personas, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas. La “Declaración sobre las y los defensores de los derechos humanos» establece que uno de estos derechos constituye procurar la protección y realización
de los derechos humanos y establece como deber del Estado “adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de toda persona frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación negativa, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la declaración”.
En el contexto de lo manifestado, la Defensoría del Pueblo exhorta a las instituciones del Estado competentes a proporcionar, de manera urgente, una efectiva protección y asistencia a los defensores y defensoras integrantes de los grupos Magma, Tejido Violeta y mi Diario Grita, y a toda persona defensora de derechos humanos y de la naturaleza, con la finalidad de que no sean objeto de intimidación ni de restricción de sus derechos, y, por el contrario, se les garantice la protección y el libre ejercicio de los mismos, puesto que cumplen un rol fundamental en la consolidación de un Estado democrático desde su labor de defender los derechos humanos de las mujeres, especialmente, de niñas y adolescentes víctimas de violencias basada en género.
La Institución Nacional de Derechos Humanos estará vigilante y utilizará los mecanismos que la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley establecen, para garantizar los derechos de todas las personas defensoras de derechos.
Abg. Zaida Rovira Jurado
Defensora del Pueblo de Ecuador (s)
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