Ante los graves hechos registrados en el Hogar de Ancianos San Pedro de Alausí, ubicado en la provincia de Chimborazo, donde se registra el contagio masivo de 35 personas adultas mayores, 11 personas que laboran en el lugar, además del fallecimiento de 3 personas a consecuencia del virus, la Defensoría del Pueblo visitó el Hogar, y como Institución Nacional de Derechos Humanos, en el marco de sus atribuciones, realiza el siguiente pronunciamiento:
La Constitución de la República es clara al disponer que “las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial, en los campos de inclusión social y económica y protección contra la violencia.” De la misma forma, la referida normativa menciona que el Estado, en particular, aplicará medidas de atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos.
En concordancia con lo anterior, la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores en su artículo 42 determina que: “El Estado garantizará a las personas adultas mayores el derecho sin discriminación a la salud física, mental, sexual y reproductiva y asegurará el acceso universal, solidario, equitativo y oportuno a los servicios de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, cuidados paliativos, prioritarios, funcionales e integrales, en las entidades que integran el Sistema Nacional de Salud, con enfoque de género, generacional e intercultural”. (énfasis añadido)
En este punto, es preciso destacar la evidente vulnerabilidad de las personas adultas mayores en el contexto de la pandemia, tal como se recoge en el informe presentado por Naciones Unidas en mayo de 2020, en el que se menciona que: “Si bien todos los grupos de edad corren el riesgo de contraer la COVID-19, en el caso de las personas de edad el riesgo de morir o de enfermar gravemente tras la infección es significativamente mayor, y la mortalidad en mayores de 80 años quintuplica la media. Se estima que el 66 % de las personas de 70 años en adelante tiene al menos una enfermedad preexistente, lo que incrementa el riesgo de que sufra los efectos graves de la COVID-19”. (énfasis añadido)
Por lo expuesto, la Defensoría del Pueblo observa con gran preocupación la situación del centro gerontológico de Alausí y de varios centros a escala nacional que presentaron o presentan, actualmente, los mismos hechos que afectan a personas adultas mayores, por lo que, en este sentido, es de suma importancia que el Estado, a través de las instituciones competentes, garantice la atención prioritaria y especializada de este grupo vulnerable para el efectivo goce de sus derechos, recordando también, que es un deber de la sociedad y la familia precautelarlos y protegerlos.
En virtud de la situación del Hogar de Ancianos San Pedro de Alausí, la Defensoría del Pueblo EXHORTA al Ministerio de Inclusión Económica y Social, al Ministerio de Salud Pública y a las diferentes autoridades locales a la activación inmediata de todos los protocolos necesarios para la atención de las personas adultas mayores que se encuentran en este centro y la prevención de futuros contagios, a escala nacional.
Dr. Freddy Carrión Intriago
Defensor del Pueblo de Ecuador
Descargue el pronunciamiento a continuación