La reivindicación de los derechos de las personas refugiadas es una obligación de toda la sociedad.
Hoy es una ocasión especial para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el Estado ecuatoriano en relación con la promoción, protección, tutela y garantía de los derechos de las personas refugiadas.
Para poner en contexto a esta realidad, hay que dimensionar los conflictos, persecuciones y desplazamientos que ocurren en diferentes partes el planeta. La mayoría de personas refugiadas huyen de estos entornos con el propósito de seguir adelante con sus familias en un ambiente más seguro y para construir un mejor futuro. De ahí que cualquier persona puede buscar protección, no importa quién sea ni en qué crea[1].
El Ecuador, el 17 de agosto de 1955 suscribió la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, y ratificó la Convención y su Protocolo de 1967. A través de este instrumento, nuestro país se compromete a cumplir con una serie de disposiciones en materia de Derecho Internacional de personas refugiadas.
En la Constitución de la República del Ecuador también se contempla el derecho de asilo y refugio. Es así que a partir de la máxima norma se reconoce y garantiza:
1. El pleno ejercicio de los derechos;
2. La no devolución cuando la vida, libertad, seguridad o integridad del refugiado o la de sus familiares peligran (Art. 66, 14);
3. La asistencia humanitaria y jurídica en emergencias (Art. 41 y 393);
4. Rechaza el racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación. (Art. 416.5) y;
5. Contempla el principio de ciudadanía universal y la libre movilidad de todos los habitantes del planeta (Art. 416.6).
Hay que destacar que, el derecho internacional vela porque el refugiado no sea considerado un ciudadano de segunda clase. Este es un derecho en plena evolución que busca la ejecución efectiva de los mecanismos de protección y desarrollo de los derechos humanos.
En 2022, Ecuador siguió siendo un país de múltiples desplazamientos de población, manteniéndose como lugar de tránsito y de destino; de hecho, el país cerró el año, con más de 74.000 personas refugiadas, siendo una de las cifras más altas de refugio en la región. Así mismo, Ecuador alberga el tercer número más alto de refugiados y migrantes de Venezuela en la región, con casi 502.200 personas residiendo en el país (GTRM)[2]. Estas cifran representan el 3% de la población total del país que ubican al Ecuador como anfitrión de un número significativo de personas refugiadas y desplazadas.
A pesar de aquello, existen movimientos migratorios del norte y sur de la región que cruzan, entre otros puntos, por el Tapón del Darién, en Panamá, con el objetivo de llegar a Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida. Pero esto ocurre en medio de una brecha de pobreza cada vez mayor, donde las personas refugiadas y migrantes enfrentan obstáculos para acceder a derechos básicos como alimentación, vivienda, educación, salud y buen vivir.
En este contexto, frente al incremento preocupante de xenofobia, discriminación y explotación laboral de las personas refugiadas, es urgente fortalecer las políticas de atención e intervenir significativamente en la calidad de los servicios en las instituciones del Estado, a fin de cumplir con sus competencias para evitar que actos de este tipo continúen perpetuándose.
Por ello, consideramos clave plantear como desafío para el Estado, el fortalecer las políticas de protección y seguridad de las personas refugiadas, a través de la generación de entornos seguros, con acceso a oportunidades laborales, con protección legal y acceso a servicios públicos como educación, atención médica y vivienda adecuada; así como el fortalecer los sistemas de asilo y promover su integración en una sociedad de acogida y combatiendo la discriminación y la xenofobia.
La cooperación internacional es otro de los desafíos que planteamos para abordar de manera más efectiva los desplazamientos forzados; para compartir la responsabilidad de garantizar una respuesta integral y sostenible a nivel global, que incorpore el trabajo con las organizaciones internacionales, agencias humanitarias y la sociedad civil.
Finalmente, y no menos importante, consideramos que la inclusión y la participación son desafíos de caracter vital para la toma de decisiones porque afectan sus vidas; porque son sus voces las que deben ser escuchadas para el diseño e implementación de políticas públicas beneficio de un desarrollo con dignidad.
La Defensoría del Pueblo se suma a las voces de alerta frente al incremento de situaciones discriminatorias y vulneraciones a derechos por lo que hace un llamado para que las entidades del Estado cumplan con lo establecido en la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y la Ley, con el objetivo de asegurar el derecho de las personas refugiadas que habitan en el Ecuador.
Dr. César Córdova Valverde
DEFENSOR DEL PUEBLO DE ECUADOR (E)
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[1] ACNUR Ecuador: Informe Operacional 2022 en Resumen, N.1 | Enero 2023
[2] ACNUR Ecuador: Día Mundial de los Refugiados 20 de junio| Junio 2022| Quien sea. Donde sea, Cuando sea