La Defensoría Zonal de Pichincha recibió una denuncia que detalla que: el pasado 13 de diciembre de 2017, la ciudadana Grace P. adquirió una moto eléctrica en USD 2 500. El asesor de venta le señaló que este vehículo funcionaba en todo tipo de terreno, con una autonomía de 70kms. Sin embargo, después de retirar la moto en el local ERIDE S.A. en la Plaza Pampayá (Cumbayá) se dirigió al Valle de los Chillos, quedándose en la mitad del camino sin que funcione la moto eléctrica y recurrió a una camioneta para trasladarse hasta su domicilio.
Informó del inconveniente al asesor comercial, quien manifestó que la batería no debió cargarse totalmente. Una vez cargada por completo, la moto volvió a presentar el mismo percance y no volvió a encenderse.
La denunciante devolvió la moto eléctrica para que sea revisada. El mismo día recibió una llamada del Jefe de Comercialización de ERIDE S.A., indicando que no era posible devolver la moto eléctrica porque hay que realizar una comprobación por los lugares que había transitado. La DPE solicita la reposición de su dinero. Ante la intervención defensorial, la Empresa procede a devolver la totalidad del valor cancelado por la moto garantizando los derechos del consumidor de la ciudadana.
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Lucila P. solicitó la intervención de la Delegación Provincial de Tungurahua para reclamar sus derechos como consumidora. Después de comprar algunos muebles en el Almacén Colineal de la ciudad de Ambato, estos presentaron daños de fábrica. Solicitó el cambio de los muebles o una nota de crédito por los mismos. Sin embargo, los muebles defectuosos no fueron retirados por el Almacén para su reposición.
Con el accionar defensorial se logró la devolución de USD 1.800, conforme el acuerdo llegado entre las partes y depositado en la cuenta de la ciudadana garantizando así el derecho de las personas consumidoras establecido la Constitución de la República.
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La Delegación Provincial de Cotopaxi recibió una de un ciudadano que indicó que adquirió los servicios de capacitación ofrecidos por la Empresa ERCONCIENTE Cía. Ltda., misma que no otorgó inicialmente la información clara, completa y oportuna, y además hizo un depósito del valor de USD 176.40 por dichas capacitaciones.
Sin embargo, no fue informado desde el inicio que la capacitación sería en Quito. Por este motivo pidió la devolución de su dinero y la cancelación del contrato pero le fueron negados. A través de la DPE se logró conseguir la devolución del valor cancelado de USD 176.40 y la cancelación del contrato.
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Una ciudadana presentó un reclamo ante la DPE por inconsistencias en el cobro del servicio de agua potable. La EP-EMAPAR le habría emitido una factura por USD 1.191.75 sin tener medidor de agua. Al no tener respuesta alguna a sus reclamos por parte de la Empresa, la Defensoría inicia la gestión para dar de baja la deuda.
Después de la intervención defensorial, la EP-EMAPAR canceló la deuda de la usuaria de USD 1.191,75.
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Una usuaria del servicio eléctrico acudió a la DPE para denunciar que la Empresa Eléctrica de Ambato S.A. (EEASA) emitió un cobro por la adquisición de una cocina de inducción que no fue adquirida por la denunciante. Ella señala que la compra la habría realizado una tercera persona desconocida y que al momento de dar los datos de la cuenta bancaría se habría registrado el error. Sin embargo, la deuda fue generada a su nombre.
Por este motivo pidió la intervención Institución a efecto de que se active una garantía jurisdiccional de habeas data, con el fin de que se acceda al archivo de las Empresas que registraron y utilizan los datos erróneos para proceder con el cobro y pago del bien que no ha sido adquirido, a efecto de que se actualicen, rectifiquen, eliminen o anulen dichos datos porque le causan daño.
Por gestión defensorial se logra la rectificación de los datos reales de la persona adquiriente, y se anuló la deuda que se registró en la cuenta de la denunciante.
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Gloria C. Solicitó la intervención de la Defensorial Zonal 9 denunciando que después de haber adquirido una cocina en Almacenes Comandato el 31 de diciembre esta no fue entregada en su domicilio. Por este inconveniente solicitó la cancelación de la compra.
Con la gestión defensorial se llegó a un acuerdo entre las partes en el que el representante de la Empresa se comprometió a dar de baja la compra realizada por la usuaria mientras ella acuda a un establecimiento cercano a su domicilio con la finalidad de que se emita una certificación indicando que la peticionaria no mantiene obligaciones pendientes con Almacenes Comandato.
De esta manera se garantiza el derecho de la usuaria a una información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones de contratación.
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Trabajadores autónomos de una asociación en cantón Salinas manifestaron sentirse perturbados de forma permanente por agentes municipales, por lo que la Defensoría del pueblo inició un trámite defensorial y convocó a una audiencia de las partes.
La resolución fue favorable para las trabajadores, ha sido notificada y se iniciará un proceso de seguimiento.
Se logró que el derecho al trabajo autónomo sea debidamente reconocido por parte de todas las autoridades que tengan relación con estos casos, para lo cual se exhortó a las autoridades del GAD de Salinas a fin de que, dentro del marco del respeto y cumplimiento de la Ley, se permita laborar a los peticionarios.
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Ciudadana acudió a la Defensoría del Pueblo (DPE) indicando que la operadora telefónica Claro – Conecel pretende cobrarle valores sumamente excesivos por servicios que nunca solicitó, acudió a la operadora y le dijeron que lo único que debe hacer es realizar el pago, ocasionando malestar y afectación de la salud de la cliente.
La DPE convocó a una audiencia de ambas partes y se logró dejar sin efecto todos los valores excesivos que la empresa solicitaba cancelar a la usuaria por servicios que ella no solicitó.