Un ciudadano informó a la Coordinación General Defensorial Zonal 1 en Carchi, que trabaja para el ejército ecuatoriano y que desde 2017 cumple servicios en la ciudad de Tulcán, sin embargo por su estado de salud ha sido víctima de discriminación de un oficial del ejército.
La peticionario manifestó que tiene complicaciones médicas por lo que no puede realizar cierto tipo de actividades, debido a esta situación ha recibido comentarios discriminatorios por parte de un oficial del ejército, tales como “no queremos enfermos en el ejército”.
La Defensoría del Pueblo al conocer el caso realizó una investigación defensorial, en la cual se logró que las autoridades del Batallón Mayor Galo Molina, autoricen al peticionario salir de la unidad militar a recibir atención especializada en el Hospital Luis G. Dávila de la ciudad de Tulcán.
Por otro lado, al peticionario se le asignaron otras actividades y le expresaron las debidas disculpas por los comentarios emitidos. De esta manera se tutelaron los derechos a la no discriminación y a la salud.
El peticionario agradeció la intervención de la Defensoría del Pueblo, pues a través de la misma se tutelaron sus derechos, y pudo además, terminar su tratamiento médico.
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Una mujer adulta mayor solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo, debido a que por una deuda que mantiene por un juicio de coactivas, no se le ha permitido acceder a los valores que recibe mensualmente por concepto de pensión de montepío.
La peticionaria manifestó que dentro de un proceso coactivo que el Banco Pacífico sigue en su contra, se ofició a la Superintendencia de Bancos la retención de valores por la suma de $9.798,81; por lo que a la ciudadana se le retuvo su pensión mensual de $178.07 que recibe por ser beneficiaria de Montepío por ser viuda.
La Coordinación General Defensorial Zonal 3, al conocer el caso tomó contacto con el área de Coactivas de Banco Pacífico para informar el caso de Ofelia A., mujer adulta mayor a quien le retuvieron sus valores por un proceso que mantiene con dicha entidad.
La Defensoría del Pueblo, recordó a la entidad, que estos valores no pueden ser bloqueados, pues es el dinero que la peticionaria tiene para subsistir y además afectaría el acceso a sus derechos.
La entidad bancaria, luego de la gestión de la Defensoría del Pueblo, solicitó al Banco Pacífico que realice el levantamiento de los valores retenidos en el Banco Pichincha, entidad en la cual mantiene la cuenta la ciudadana, a fin de que la señora pueda acceder a los mismos, pues son su único medio de ingreso.
De esta manera, se garantizaron los derechos de la peticionaria, a la seguridad social, vida digna, derecho al acceso al servicio de calidad y el derecho a una atención prioritaria y oportuna, al pertenecer a un grupo vulnerable.
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Una ciudadana solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo, debido a que recibía cobros excesivos en su facturación por servicio de agua potable.
La peticionaria informó que, desde meses anteriores, en su planilla de agua potable, el valor a cancelar aumentó entre $200 y $400, cuando normalmente cancela $6,63 mensuales.
La Delegación de Chimborazo al conocer el caso, solicitó información sobre el caso a la empresa prestadora del servicio, quienes se comprometieron a realizar una verificación e inspección, que permita detectar un posible error.
Luego de realizar la inspección correspondiente por parte de la empresa prestadora del servicio, se realizó un refacturación de la planilla; es así, que en lugar de cancelar un valor acumulado por los dos meses de $582,62, únicamente canceló $15,26, tutelando de esta manera los derechos de la peticionaria, a recibir productos de calidad.
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Sandra (nombre protegido), madre de una persona con discapacidad del 71%, solicitó intervención a la Defensoría del Pueblo en Pastaza, pues informa que fue notificada con la terminación de su nombramiento provisional de la Empresa Pública Ecuador Estratégico y que después de varios meses no se ha procedido con el pago de su liquidación.
La peticionaria informó a la Delegación Provincial que fue notificada con la terminación del nombramiento provisional en la Empresa Pública Ecuador Estratégico, quien para su desvinculación presentó todos los procesos y bienes a su cargo, sin embargo, no se le realizó la liquidación correspondiente, de conformidad a los tiempos legales.
Mediante trámite de investigación defensorial se resolvió el caso exhortando a la Empresa Pública Ecuador Estratégico, que se considere a la familia de la accionante, de conformidad como lo dispone la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD) y se proceda con la cancelación de la liquidación correspondiente, además se recomendó realizar una base de datos de personas servidoras públicas que estén amparadas por la LOD, para que se les de el trato prioritario y se establezca la igualdad real que dispone la Constitución de la República.
De esta manera, se procedió al pago pendiente a la peticionaria por concepto de liquidación, tutelando sus derechos y los de su familia.
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Un ciudadano manifestó que CNT le informó vía telefónica que mantiene un proceso de coactiva por servicios con la entidad desde 2011. Sin embargo, desde agosto del 2018 que solicitó información de los casos, no ha tenido respuesta de la entidad referente a los verdaderos valores que adeudaba.
El peticionario solicitó la intervención de la Delegación de Cotopaxi pues quería acogerse a un beneficio que estaba realizando CNT sobre el descuento de intereses de las deudas mantenidas, pero para eso necesitaba conocer con exactitud cuáles eran los montos pendientes por concepto de deuda.
Es así, que la Delegación Provincial de Cotopaxi, a través de una gestión oficiosa, pudo tramitar el caso ante CNT para conocer el valor real de la deuda y solicitar la inclusión del ciudadano en dicho beneficio.
De esta manera se logró que una deuda de casi $ 10.000 se reduzca a un valor final de $ 3.373, realizándose en el sistema el ajuste correspondiente, así como el levantamiento de medidas cautelares.
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En el mes de septiembre, la Coordinación General Defensorial Zonal 4 de Manabí, realizó en la ciudad de Manta un taller de capacitación sobre los derechos de las personas en situación de movilidad humana.
Después del citado taller, los estudiantes que recibieron la capacitación se comprometieron a realizar una carrera que la denominaron “Solidaria”, para recaudar los valores de inscripción y entregar canastas de víveres a las familias en situación de movilidad humana.
El pasado 2 de diciembre de 2018, en la Plaza Civica de Manta, se realizó la carrera y el festival “Puertas Abiertas”, con la participación de más de 1.500 estudiantes, quienes buscaron sensibilizar a la población de Manta en el respeto de los derechos de las personas en situación de movilidad.
Además se entregaron, un total de 114 canastas de víveres que beneficiaron a 114 familias en situación de movilidad, compartiendo de esta manera con uno de los sectores de la población más vulnerable.
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Irvin G., estudiante de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Estatal de Bolívar, presentó un petición por escrito ante la Delegación Provincial de Bolívar para requerir la intervención de la Defensoría del Pueblo, pues manifestó que ha solicitado desde septiembre del presente el cambio de tutor en una materia, sin embargo no ha tenido respuesta.
El joven señaló que ha tenido una serie de graves inconvenientes con la persona que actualmente dictaba dicha materia y que estos problemas son de conocimiento público. Sin embargo la Universidad ha hecho caso omiso a su petición y no le han brindado respuesta alguna.
La Delegación de Bolívar al conocer el caso, solicitó al Rector de la Universidad que explique a la institución las razones por las cuales se le ha negado al estudiante la asignación de un tutor académico basado en los serios inconvenientes entre el estudiante y el profesor titular. Además que se debe precautelar el derecho del estudiante a la integridad libre de violencia y también a la educación.
Es así, que a finales de noviembre se mantuvo una reunión con la Universidad, quienes informaron que se dará una solución interna al conflicto. Días después la Universidad informó a la Delegación Provincial, la renuncia del docente como tutor de dicha asignatura.
Al joven finalmente se le asignó un nuevo tutor, tutelando así sus derechos.
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Un ciudadano presentó una petición ante la Delegación Provincial de Galápagos, aduciendo que realiza tareas de reciclaje a Ecuador continental para sustento de su familia, pero que debido a que se eliminó la gratuidad en el envío de material, su actividad laboral se ha visto afectada.
El peticionario, indicó que desde hace 15 años viene realizando estas tareas para mantener a su familia y a su vez aportar a la conservación del ambiente, pero lamentablemente una empresa empezó a cobrar por dicho envío, a pesar que la Ley Especial de Galápagos determina la gratuidad en el envío de desechos sólidos, ya que esta actividad aporta a un ambiente sano a mantener protegida la naturaleza.
La Delegación de Galápagos tomó contacto con la empresa que presta el servicio y el Parque Nacional Galápagos indicando que efectivamente el cobro era ilegal. La empresa reconoció la normativa y accedió a realizar los envíos del ciudadano; protegiendo así sus derechos, sobretodo el derecho al trabajo.
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Una mujer adulta mayor, acudió hasta la Delegación de Los Ríos, pues fue víctima de la venta de una cocina de inducción, bajo la modalidad de publicidad engañosa, afectando sus derechos.
La ciudadana, quien no sabe leer ni escribir, denunció que fue engañada por parte de quienes le entregaron la cocina, aprovechándose de su condición. Es así que la Defensoría del Pueblo, llevó a cabo una audiencia entre las partes, a fin de proteger los derechos de la ciudadana afectada.
A través de la audiencia se logró anular la venta de la cocina de inducción, protegiendo así los derechos de la peticionaria. Cabe mencionar que en la provincia, de diez casos que ingresan por el tema de comercialización de cocinas de inducción, nueve son solucionados de manera efectiva.
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Un ciudadano en situación de movilidad presentó una petición ante la Coordinación General Defensorial Zonal 6, pues señaló que acudió hasta la empresa prestadora de servicios ETAPA EP. y al momento de tomar contacto con el Supervisor de Atención al Cliente para informar sobre inconvenientes con el servicio recibido, el funcionario le preguntó su nacionalidad y emitió seguido, un comentario discriminatorio.
El peticionario manifestó que lleva cerca de 12 años en el país y que al querer informar sobre desperfectos en el servicio que la empresa ETAPA EP. le brinda, recibió agresiones verbales por parte de uno de los funcionarios de la empresa, debido a su nacionalidad, incluso el funcionario pidió que llamen a la Policía y les ordenó a los guardias de seguridad que retiren al ciudadano.
La Defensoría del Pueblo tras analizar el caso, recomendó al Gerente y a la Subgerencia de Gestión de Talento Humano de ETAPA EP garantizar la plena vigencia y ejercicio de los derechos constitucionales de las personas usuarias y consumidoras.
Además solicitó que las y los servidores públicos asistan a un proceso de capacitación y sensibilización en Derechos Humanos y al principio de igualdad y no discriminación, a fin de evitar que actos como estos ocurran nuevamente.
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El presidente del Comité Promejoras del Barrio “Santa Elena”, manifestó que los moradores de dicho sector se encuentran preocupados por la explotación de materiales pétreos en el río Bombuscaro, materiales que son explotados por la Compañía CONSORCIO CHINCHIPE, por un contrato de construcción de la Vía Bombuscaro- Timbara, por lo que solicitan la intervención de la Defensoría del Pueblo.
Con la finalidad de proteger el derecho a un ambiente sano de los moradores del barrio «Santa Elena» de la ciudad de Zamora, la Delegación Provincial inició una Investigación Defensorial, en la que se resolvió: Exhortar al Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Zamora y Ministerio del Ambiente a que realicen los controles técnico ambientales necesarios, sobre las actividades mineras de extracción y traslado de materiales pétreos, que realizan en el Río Bombuscaro, para que no se vulneren los derechos constitucionales, como el de vivir en un ambiente sano y a la naturaleza.
De esta manera, se espera que ya no hayan afectaciones a futuro que perjudiquen la vida de los moradores y de la Naturaleza.
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