NOTICIAS

79 acciones estratégicas se han efectuado en estos meses de gestión institucional de Zaida Rovira Jurado, Defensora del Pueblo subrogante

viernes, 13 agosto 2021, 5:20 pm

Nuestro país sigue enfrentando las consecuencias de la pandemia por COVID-19, las cuales han profundizado las desigualdades económicas, sociales y políticas, y afectado el ejercicio de los derechos humanos, principalmente, a la salud, trabajo, educación y acceso a la información pública, sobre todo, para personas de los grupos en situación de vulnerabilidad.

En este contexto, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, a través de su máxima autoridad subrogante, Zaida Rovira Jurado, gestionó y lideró 54 acciones estratégicas, desde el 17 de mayo al 10 de agosto de 2021, que han permitido fortalecer el rol institucional de defensa y promoción de los derechos de todas las personas en el territorio nacional, así como de las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior y de los derechos de la naturaleza.

Entre los hitos más destacados constan la entrega a la Asamblea Nacional del proyecto de ley -elaborado por la Defensoría del Pueblo junto a colectivos sociales y ciudadanía en general- para garantizar el derecho a la interrupción del embarazo por violación en Ecuador, a través de un proceso de acercamiento y socialización, a escala nacional.

También se presentó la acción de protección por cobros excesivos de energía eléctrica, en defensa de los derechos de las personas usuarias y consumidoras de este servicio público domiciliario. Se obtuvo una resolución favorable en contra de la política pública del Ministerio de Salud durante la pandemia; se recorrió el río Piatúa y se dialogó con el pueblo kichwa de Santa Clara, con el fin de insistir a la Corte Constitucional que genere un precedente de jurisprudencia que proteja al río y garantice los derechos de los recursos hídricos del país; y, se efectuaron talleres piloto en la frontera norte, junto con ACNUR y otras agencias internacionales, para implementar el Sistema de Alerta y Respuesta Temprana SART.

Se contribuyó al desarrollo de una hoja de ruta nacional para un abordaje interinstitucional de la violencia política contra las mujeres, que culminará con la presentación de la denuncia sobre violencia política de las afectadas. Otra acción relevante fue el primer encuentro con pescadores artesanales de Ecuador, en la provincia de Santa Elena, para mantener un diálogo con representantes del sector pesquero y las autoridades del país, para generar una política pública que garantice sus derechos.

Después de dos años, finalmente, se presentó en el Complejo Judicial de Santo Domingo de los Tsáchilas, la acción de protección en favor de, aproximadamente, 1 200 personas trabajadoras y extrabajadoras y sus familias, de la empresa Furukawa. Por ello, la Defensora del Pueblo subrogante, el equipo técnico de la institución y asambleístas, recorrieron las haciendas de la empresa para nutrir de elementos adicionales que sustenten la demanda.

Se escucharon la demandas de maestros y maestras en huelga de hambre y se presentó en la Corte Constitucional un amicus curiae, para resolver la demanda de inconstitucionalidad a las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). De igual manera, se participó en la mesa técnica de concertación para buscar soluciones a la medida de hecho, a escala nacional, por invitación de Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional.

No se puede dejar de mencionar el accionar institucional en torno al sistema de rehabilitación social, condenando el ataque a una mujer policía en el centro de Cotopaxi y los actos violentos ocurridos en la Penitenciaría del Litoral y el CAI de Loja.

Desde el 17 de mayo al 10 de agosto de 2021, se ha gestionado un total de 2 474 casos, realizado 4 912 asesorías, 1 415 personas capacitadas en procesos educativos y el monitoreo de 750 acciones administrativas de protección sobre violencia de género, y se han desarrollado múltiples acciones estratégicas que responden a una visión institucional de priorizar las demandas de las personas que han sido vulneradas en sus derechos y confían en una Defensoría del Pueblo que concentra su labor con prácticas y hechos para consolidar la protección, promoción y educación en derechos humanos, porque “tus derechos, son nuestra responsabilidad”.

Descargue el pronunciamiento a continuación