El Juez de la Unidad Judicial Multicompetente de San Lorenzo (Esmeraldas) manifestó que la resolución de medidas cautelares fue incompleta y que las instituciones llamadas a cumplir dichas medidas (Ministerio de Minería, Salud Pública, Ambiente, Senagua, Secretaría de Riesgos, y los GADs Municipales de San Lorenzo y Eloy Alfaro) no lo hicieron; por lo que amparado en el Art. 36 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, modificó las medidas cautelares en el sentido de que se suspenda toda actividad minera, incluyendo la que se encontraba autorizada en la sentencia de 2011, y la total y absoluta paralización de la actividad minera ilegal en la zona, otorgando un nuevo plazo de 30 días para que se cumplan las medidas en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, de la provincia de Esmeraldas.

Cabe señalar que la Institución Nacional de Derechos Humanos del Ecuador interpuso en marzo del 2011 -en primera instancia-, un pedido de medidas cautelares ante las autoridades judiciales de San Lorenzo, debido a la afectación a la salud por la contaminación de los ríos de la localidad, por la explotación minera de oro, y que -conforme a los resultados de laboratorio- sus aguas no son aptas para consumo humano por su alto contenido de metales pesados (aluminio, arsénico, hierro, entre otros); observándose la falta de control por parte del Estado, así como en las acciones de tratamiento de descontaminación y remediación de las fuentes hídricas, ocasionando la vulneración de derechos fundamentales.

La resolución del juez en la audiencia de supervisión del cumplimiento de las medidas, efectuada el lunes 4 de junio de 2018, en la población de San Lorenzo, se dio en presencia de la Directora Nacional de Derechos Colectivos, Naturaleza y Ambiente de la Defensoría del Pueblo, un abogado de organizaciones de derechos humanos que trabajan con las comunidades afectadas; y los abogados representantes de las entidades estatales llamadas a cumplir las medidas cautelares dictadas en primera instancia.

La Defensoría del Pueblo actúo en representación de los miles de ciudadanos y ciudadanas de San Lorenzo y Eloy Alfaro, que están sufriendo las consecuencias de la explotación minera, menoscabando sus vidas por la falta de acción real y concreta por parte del Estado ecuatoriano, y que no tienen ni siquiera agua pura y apta para su consumo y la de sus hijos.  La Defensoría del Pueblo, además, enfatizó que “es necesario mantener las medidas cautelares y exigir del Estado su inmediata acción, inclusive que se sancione a los responsables por su evidente omisión”.

Además, exhortó y llamó a las autoridades estatales para que se garantice el derecho al acceso al agua de calidad y en la cantidad suficiente, tal como lo prevé la Constitución de la República, así como el derecho a la salud, a vivir en un ambiente sano; y, los derechos de la naturaleza en las poblaciones de San Lorenzo y Eloy Alfaro. Por ello, continuará con la supervisión de las medidas cautelares conforme la delegación ordenada, en procura de la protección y tutela de los derechos  de los hombres, mujeres y niños, niñas y adolescentes, así como de la naturaleza, en dichos cantones de la provincia de Esmeraldas.

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