Viernes 23 de Marzo 2018. Los Estados deben promover inversión social a favor de los niños, niñas y adolescentes, con el propósito de enfrentar el desafío de contribuir a poner fin a la pobreza, las desigualdades y las diversas manifestaciones de violencia que están siendo víctimas esta población.

Esta es una de diez acciones que propone la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), a través de su Red de la Niñez y la Adolescencia, al aprobar en forma unánime la “Declaración de Panamá” sobre los derechos de las personas menores de edad. La FIO es un órgano internacional que integra a 104 instituciones de defensa y promoción de derechos humanos en 21 países.

En esa dirección se planteó una revisión exhaustiva del marco jurídico específico en consonancia con los estándares internacionales, priorizando el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes. Asimismo indagar en la construcción social de la niñez en cada país y en cada ámbito, enfatizando en la voz de las niñas, niños y adolescentes y reconociendo su lugar social.

Otro punto a destacar está el visibilizar la agenda de niñez y adolescencia y su inclusión en planes estratégicos, la asignación presupuestaria suficiente, así como la transparencia y rendición de cuentas, en el marco general de la agenda 2030; así como plantear una estrategia institucional de abordaje “del caso al tema”, desde una perspectiva integral.

Para la FIO es importante que se realicen protocolos y herramientas específicas de atención integral de situaciones de niñas, niños y adolescentes y, generar espacios inclusivos, amigables y accesibles que faciliten el acceso a las consultas y presentación de denuncias.

Sin duda es necesario posicionar a las niñas, niños y adolescentes en el centro de las intervenciones, entre otras, entrevistas, recomendaciones e informes temáticos, y además profesionalizar al personal que aborda la temática de niñas, niños y adolescentes, con enfoque de derechos, género e inclusión de la diversidad.

De igual manera se requiere identificar, promover, acompañar y monitorear las políticas públicas para la niñez y adolescencia.

Desde hace casi tres décadas, la Convención de los Derechos del Niño convoca a los organismos de Derechos Humanos a trabajar con mayor especificidad y especialidad en la población de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de dicho instrumento internacional que cuenta con una adhesión y ratificación casi universal.

Sin embargo, se advierten serias dificultades en avanzar para que este enfoque sea transversal al quehacer institucional y se plasme en todas las prácticas; que el Interés Superior del Niño sea un procedimiento de actuación; y que se trabaje en la construcción de una cultura que ponga en el centro a las infancias y juventudes.

En este sentido, las instituciones nacionales, regionales y locales de derechos humanos tienen como deber promover acciones de vinculación con organizaciones de la sociedad civil; incidir en la legislación y en la observancia de políticas públicas; visibilizar las problemáticas que atañen a niñas, niños y adolescentes; defender, proteger y restituir integralmente sus derechos; favorecer los mecanismos especializados de recepción de denuncias por presuntas violaciones a los mismos; colaborar en el diseño de procedimientos de consulta y participación; propiciar la profesionalización de quienes atienden directamente a este sector poblacional, así como todas aquellas acciones a las que se refiere la Observación General N° 2 del Comité de los Derechos del Niño.