Imbabura: Se tutelaron derechos de persona en situación de refugio
Karine ingreso al País, en el año 2009, en compañía de su tía Cándida G., a la edad de 13 años. Al iniciar el proceso de refugio, su tía la registró con su apellido y un nombre cambiado quedando en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana como Karine M., cuando su nombre real es Karine S.
Producto de esto, en 2016 tuvo un inconveniente para renovar su visa de refugio, por lo que ella presentó dos solicitudes, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, pidiendo en la primera la rectificación del nombre y en la segunda se le conceda la visa hasta que se realice la corrección. El ministerio entregó un certificado en papel válido por tres meses el cual ha sido renovado varias veces; sin embargo, en enero 2018 le volvieron a negar el documento debido a que sus nombres no corresponden con los de su cédula colombiana.
En virtud de esto, la Delegación Provincial de Imbabura de la Defensoría del Pueblo, realizó un acercamiento con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Una vez que se le explicó la problemática presentada, se solicita a la entidad que se remita las peticiones de la ciudadana en las que conste el recibido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
Además, se solicitó que se adjunte una documento de constancia en el que se verifique los nombres de la peticionaria. Una vez que se emite dicha información, después de tres semanas, se informa que la solicitud ha sido aprobada y que la peticionaria puede acercarse a renovar su carnet con la información actualizada.
De esta manera se tutelaron los derechos de la peticionaria, quien al contar con su visa de refugio, puede acceder a todos los beneficios que le corresponden.
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Darwin Ch. solicitó la intervención de la Coordinación Zonal de Carchi, debido a que presentó una petición ante el Gobernador de la provincia del Carchi, para solicitar una respuesta sobre la prestación del servicio de transporte realizado a la institución en el mes de enero de 2017, sin que hasta la presente fecha se haya dado contestación a la petición.
La Coordinación Zonal convocó a una audiencia para llegar a una solución entre las partes y que se respeten los derechos del ciudadano. Es ahí que se reconoce que efectivamente se contrató el servicio de transporte para un viaje a Guayaquil de los servidores públicos, sin embargo hasta la fecha no se ha cancelado lo adeudado.
De esta manera, la Defensoría del Pueblo recomendó al Gobernador de la Provincia del Carchi, impartir disposiciones claras a los servidores públicos cuando se realice contrataciones con personas naturales, de servicios de transporte de personas a eventos políticos, ya que la ciudadanía confía en las instituciones del Estado, y por ende de sus autoridades, y evitar así que la ciudadanía se sienta perjudicada por inadecuados procesos. recordando que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.
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Un ciudadano presentó una queja en la Delegación de Esmeraldas, debido a que compró una moto en almacenes Comandato a través de la página web, por un valor de USD 1000, que incluía un TV de 42 pulgadas, dentro de una promoción, peor hasta la fecha no se le entrega ninguna de las adquisiciones.
Según le informaron en el almacén, en un plazo máximo de 25 días le harían la entrega de la moto y el televisor, pero pasaron más de dos meses y a pesar de sus constantes reclamos no ha recibido ninguna respuesta. Además le han generado cuotas de pago y está recibiendo mensajes donde le indican que se acerque a cancelar porque se encuentra en mora por un producto que aún no ha recibido, lo que le está causando daño en su historial crediticio, por lo que solicita a la Defensoría la ayuda necesaria para que le proteja sus derechos como consumidor, a fin de que se le entregue la moto y la promoción o caso contrario se le devuelva su dinero.
Presentada la petición, la Delegación de Esmeraldas realizó una serie de visitas al almacén Comandato en Esmeraldas, con la perspectiva que se cumpla con la entrega de la motocicleta con la promoción del TV de 42 pulgadas.
El Administrador de la tienda Suzuki de Comandato realizó las gestiones para que la matriz de Comandato Guayaquil efectúe la entrega de los productos ofrecidos al cliente, diligencia que fue cumplida por la tienda en presencia de la Delegación de la Defensoría del Pueblo.
Cabe recalcar que debido a la demora de más de dos meses en la entrega de los productos, la Delegación de Esmeraldas solicitó a Comandato se haga una reestructuración de fecha de pago de las letras, petición que fue aceptada.
Es así que se protegió el derecho del consumidor a disponer de servicios privados de óptima calidad y a elegirlos con libertad, Además, a la protección de la publicidad engañosa o abusiva y a la reparación e indemnización por daños y perjuicios.
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Segundo M., acudió hasta la Delegación Provincial de Pichincha para solicitar la intervención ante la compañía Hoteles Decameron Colombia S.A.S por publicidad engañosa en un contrato de programa vacacional.
El ciudadano manifestó que en los términos que se pactó no se incluía rubros que se estarían cobrando ante un programa vacacional que les costó 10.000, por lo que solicita la intervención de la Defensoría del Pueblo, pues cuando firmaron un contrato por un programa vacacional por un valor de diez mil dólares (10.000USD), cancelando un valor inicial de 2500 dólares y la diferencia se pagaría en 60 meses en cuotas de 116,67 dólares.
Sin embargo, revisando bien el contrato, se incorporan cláusulas que manifiestan que se tendrían que pagar otros rubros y que el asesor de ventas aseguró que no existían más que cancelar.
La Delegación Provincial tomó contacto con la empresa para manifestar el inconveniente presentado con el ciudadano, logrando así la devolución total del valor anticipado, esto es de 2500 USD, así como la anulación del pagaré y la resciliación del contrato.
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Persona adulta mayor, con discapacidad física y con enfermedad catastrófica, perteneciente a la comunidad San Antonio de Tumbo sufrió vulneración a sus derechos, al no haber recibido una información clara, veraz y oportuna, de oferta de cocinas de inducción por la compañía ICESA S.A., por lo que solicitó la intervención de la Delegación Provincial de Chimborazo.
Agentes de esta compañía entregaron dos cocinas de inducción, aduciendo que era beneficio de gobierno, lo que no era cierto. La Delegación de Chimborazo, realizó el trámite sumario de consumidores, con la culminación de informe motivado. Debido a la condición de salud del peticionario solicita, la Defensoría del Pueblo, logró que personal de ICESA S.A. acepte la devolución de las cocinas de inducción y demás accesorios.
En presencia de funcionarios de la Delegación, mediante acta de desistimiento, se procedió a entregar los productos en las oficinas de ICESA – Riobamba, y con el compromiso del trámite correspondiente ante el Ministerio de Energía Eléctrica, a fin de que se excluya rubros de los productos y pueda cancelar facturas pendientes únicamente del consumo del servicio y de esta manera no se corte la electricidad en su vivienda, como en ocasiones anteriores.
El ciudadano agradeció la intervención de la Defensoría del Pueblo, pues permitió tutelar sus derechos y entregar bienes que no solicitó, sino le fueron entregados sin información clara y veraz.
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Ciudadana acudió a la Delegación Provincial de Pastaza, indicando que fue docente de una Universidad privada a la que entró por concurso de méritos y oposición, pero que fue despedida intempestivamente sin una justificación o incumplimiento en sus obligaciones, vulnerando su derecho al trabajo y también al debido proceso, pues nunca se le permitió defensa y únicamente fue notificada con el despido intempestivo.
La Delegación Pastaza tuteló los derechos de una mujer a quien le despidieron de su lugar de trabajo, sin una notificación previa y ninguna explicación, aun cuando ella ingresó luego de un proceso de concurso de méritos y oposición.
La Defensoría del Pueblo Delegación Provincial Pastaza resolvió la investigación, señalando que se vulneraron los derechos al debido proceso y a la defensa al no abrirse un trámite disciplinario o sancionatorio como establece la normativa correspondiente.
Lo que a su vez tuvo como consecuencia una vulneración al derecho al trabajo y al principio de estabilidad laboral de la ciudadana, a través del despido intempestivo, lo que contradice lo establecido en la LOES y otras normas sobre las obligaciones y garantías del debido proceso para docentes de Universidades particulares.
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Martín V., persona adulta mayor, acudió hasta la Delegación Provincial de Galápagos para informar que una ciudadana, que se dedica a la elaboración y venta de comida en la vía pública está causado malestares a su salud, por lo que requiere la intervención de la Delegación.
La Defensoría del Pueblo al conocer el caso, explicó al ciudadano que es necesario llegar a un acuerdo entre las partes, pues si bien es importante garantizar su salud, también es fundamental proteger el derecho al trabajo de la ciudadana.
Es así que la Comisaría del cantón San Cristobal mediante resolución dispuso al GAD Municipal que disponga a la señora que ejerza su actividad comercial dentro del local, así no altera la vía pública, ni la salud de los moradores.
De esta manera se llegó a un acuerdo pacífico entre las partes, sin que se vulneren los derechos de ninguna de las personas involucradas.
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Una persona con discapacidad acudió hasta la Delegación Provincial de Los Ríos, pues informó que fue engañado por una empresa comercializadora de cocinas de inducción, pues le informaron que realizarían los trámites para que cuente con la conexión de la cocina, a pesar de no existir los recursos para la instalación, peor dicho ofrecimiento nunca se concretó.
Los vendedores se comprometieron en hacer todas las gestiones para que el peticionario cuente con el suministro adecuado para el uso de la cocina. Sin embargo ha pasado el tiempo y no han cumplido. El ciudadano se acercó hasta la empresa prestadora del servicio eléctrico, en donde le manifestaron que no hay presupuesto para extender la red hasta su recinto.
La Defensoría del Pueblo admitió la petición y convocó a las partes a una audiencia, la cual tuvo como resultado la anulación de la venta por parte de la empresa comercializadora, pues le ofrecieron información engañosa con el objetivo de que el peticionario adquiera el producto.
El afectado, se mostró muy agradecido por el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, pues se tutelaron sus derechos.