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Una ciudadana acudió hasta la Coordinación General Defensorial  Zonal 1 en Carchi a denunciar la presunta vulneración  a su derecho al trabajo. La peticionaria labra en el Mercado Mayorista de la ciudad de San Gabriel, en el puesto de un familiar, previa autorización. Sin embargo la Comisaría Municipal no ha permitido el uso del espacio público a la ciudadana provocando inconvenientes para ejercer sus acciones laborales. La peticionaria indicó que con otras comerciantes no se estaría procediendo de la misma manera por tanto decidió presentar su queja.

La Coordinación receptó el caso de la ciudadana y fijó una audiencia pública para solucionar el caso. En la misma, el GADM de Montúfar y la peticionaria llegaron a un acuerdo bajo el cual se pudo garantizar el acceso de derecho al trabajo autónomo.

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Un ciudadano con discapacidad se acercó hasta las oficinas de la Delegación Provincial de Esmeraldas para solicitar la intervención de la institución en la aplicación del descuento de 50% en el pago de servicios públicos domiciliarios, el mismo que consta en la ley. El peticionario señaló que mantiene una deuda de $ 461.37 con la Empresa EAPA San Mateo y que necesitaba el cumplimiento de la Ley por parte de esta empresa.

La Delegación Provincial a través de una gestión oficiosa, mantuvo comunicación con la Jefa de Atención a Usuarios para exponer el caso del ciudadano, la misma que accedió a la aplicación inmediata de la ley y por tanto la rebaja del 50% de los valores adeudados.

De esta manera se pudo tutelar los derechos de una persona con discapacidad  a recibir productos públicos de calidad y sobretodo respetando los derechos que le amparan.

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David M., se acercó hasta la Delegación Provincial de Sucumbíos la Defensoría del Pueblo para presentar una denuncia por posible vulneración a los derechos de su madre. Una ciudadana adulta mayor a quien no le permitían recibir atención médica en el hospital por no contar con ningún documento de identidad. Por tal motivo se realizó una gestión oficiosa ante la Defensoría Pública en donde un funcionario inició los trámites correspondientes para presentar la demanda de registro tardío.

A través de la gestión oficiosa, se logró iniciar los trámites para que la paciente, de 76 años de edad,  pueda acceder a su derecho a la salud y reciba el tratamiento médico.

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La Delegación Provincial de Pichincha de la Defensoría del Pueblo atiende el caso de la presidenta del Comité de Desarrollo Comunitario Los Pinos del cantón Mejía quien manifiesta que un ejecutivo de venta de un almacén comercial se hizo pasar por funcionario de la empresa eléctrica para vender a los moradores cocinas de inducción con la promesa de que si adquieren el electrodoméstico el lograría que instalen energía eléctrica y medidores individuales, aprovechándose de que el sector no tenía el servicio.

Al conocer el caso, la Defensoría del Pueblo inició una investigación en la que se evidenció la afectación de más de 20 ciudadanos/as a quienes no se les garantizaron sus derechos como consumidores y se abusó de su condición mediante una práctica desleal.

Se convocó a una audiencia pública a ambas partes y al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable para llegar a un acuerdo y resolver la falta de energía eléctrica. Gracias a la intervención defensorial se consiguió anular los contratos de compra  de dichos artefactos, para lo cual se otorgó el plazo de dos semanas para efectuar los trámites respectivos y llegar a firmar las actas transaccionales con cada uno/a de los ciudadanos/as que pertenecen al Comité y quienes se vieron afectados en el presente caso.

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La Delegación Provincial de Cotopaxi de la Defensoría del Pueblo consiguió la anulación de un valor generado por concepto de una cocina de inducción que fue entregada a un ciudadano a través de engaños.

El peticionario, una persona adulta mayor y con discapacidad auditiva de 34%, se acerca a la Defensoría del Pueblo alegando que el electrodoméstico fue entregado aduciendo que era gratuito. En ningún momento le dijeron que tenía un costo y cuando se acercó a pagar el consumo de luz le indican que debía cancelar la primera cuota.

Tras la gestión defensorial se logró anular el pago y devolver la cocina de inducción a la empresa proveedora, la misma que reconoció la responsabilidad sobre la venta engañosa.

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María D. acudió a la Delegación Provincial de Pastaza de la Defensoría del Pueblo de Ecuador para presentar una petición contra un almacén comercial ubicado en el Puyo, donde compró un celular a plazos, que presuntamente culminó de pagar en diciembre de 2016 pero que pese a ello no se ha reconocido la cancelación total.

El almacén aseguró que faltaban dos cuotas más para completar el pago, mientras que la peticionaria afirmaba que finalizó con el pago. Por tal razón, la Defensoría del Pueblo inició una investigación defensorial en la que efectivamente se constató en el sistema que había una deuda de USD 72,02. Al notificar dicha información a las partes, llegaron a un acuerdo beneficioso para ambas.

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Dos ciudadanos presentan una queja en la Coordinación Zonal 4 en contra de una Constructora debido a que la casa adquirida a dicha constructora presentó fallas de construcción y además hubo un desacuerdo en cuanto al pago de consumo de energía eléctrica. Una vez ingresada la petición se lleva a cabo la audiencia Pública con representantes legales del Gobierno Autónomo descentralizado de Portoviejo (Departamento legal y departamento de construcción); cuerpo de bomberos de Portoviejo; Ministerio del Ambiente Regional Manabí, mas la parte requerida en la cual se logró que las partes lleguen a un arreglo satisfactorio para ambos. El constructor se comprometió a solucionar la fallas presentadas en la construcción y así mismo los peticionarios a cancelar los valores que estaban pendientes a la fecha incluidos los consumos de energía eléctrica.

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Una adolescente acudió a las oficinas de la Coordinación Zonal 5 a solicitar intervención defensorial debido a que su tío que sufre desde hace varios años atrás de diabetes y una enfermedad renal requiere de manera urgente de un médico especialista debido a que su estado de salud ha empeorado y cuando se acercaron al Hospital León Becerra solo le ofrecen atención de un médico general. Por lo que la peticionaria solicita que en el Hospital le atienda al señor con un especialista y le den la atención necesaria.

Ante la presunta vulneración al derecho a la salud del señor la Coordinación Zonal 5 emprende las respectivas acciones defensoriales a través de un servidor Defensorial que acude personalmente al Hospital León Becerra a entrevistarse con los directivos del Hospital con quienes, luego de exponerles el motivo de la visita, acuerdan que el paciente sea ingresado por emergencia al día siguiente; es así que el paciente es ingresado a través del servicio de Emergencia en donde de inmediato el personal de salud del centro hospitalario asume el caso, disponen las medidas de internamiento y  ordenan la realización de análisis y exámenes necesarios que determinen el tratamiento a seguir garantizando el derecho a la salud.

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Un ciudadano comparece a la Delegación provincial de Bolívar y manifiesta que mantiene una deuda con el Fondo de Cesantía del Magisterio Nacional que no puede ser cubierta ya que se encuentra desempleado, sin embargo tiene un saldo a su favor en la cuenta en dicha entidad por lo que ha solicitado que el valor de la deuda se le sea debitado pero la institución le indica que no es procedente realizar tal débito, dejando al peticionario sin opción para poder cancelar los valores pendientes. Admitida la petición, la Delegación realiza la investigación defensorial correspondiente y a través de gestión oficiosa se busca que se cobren los valores pendientes del saldo a favor del peticionario y se respeten sus derechos.

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Una ciudadana domiciliada en el cantón Buena Fe presenta una queja en la Delegación Provincial de Los Ríos contra CNEL por cobrarle valores excesivos e indebidos desde hace algunos años a su padre que es un adulto mayor de 90 años. Una vez admitida a trámite la queja, se solicitó la información adecuada a cnel ep y adicionalmente se solicitó una inspección. Posteriormente se convocó a las partes a un audiencia pública, en la cual las partes llegaron a un acuerdo mutuo.

La deuda que en un inicio era de $ 1.782 dólares se redujo a $ 764.52 dólares, valor del cual adicional se hizo un ajuste y quedó finalmente en $ 567.84 dólares de los cuales la peticionario realizó un convenio de pago razonable. De esta manera se garantizó el derecho a recibir un servicio público de calidad y a precio justo por ser parte del grupo de atención prioritaria.

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Giovanny P., se acercó hasta la Coordinación General Defensorial Zonal 1 para presentar una denuncia, pues al parecer había adquirido una computadora portátil que presentó fallas al poco tiempo de comprada.

El ciudadano manifestó que a los seis meses de adquirida la computadora, esta presentó varias fallas por lo que ingresó al servicio técnico por tres ocasiones, sin embargo los problemas seguían presentándose. Por tal motivo la Coordinación de la Defensoría del Pueblo citó a la Gerente Propietaria de SISCONET, lugar donde se adquirió el equipo para que se pueda dar cumplimiento a lo establecido por la Ley de Defensa al Consumidor y se protejan los derechos del ciudadano.

En la audiencia SISCONET se comprometió en cambiar el equipo y hacer la entrega de un nuevo computador sin costo alguno y con las mismas características que el anterior. Además señaló que el tiempo de garantía se fijaría a partir de la nueva entrega.

El peticionario agradeció la intervención defensorial que permitió proteger sus derechos.

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Sara B. acude a la Coordinación Zonal 9 de la Defensoría del Pueblo para presentar una queja contra la Cooperativa de Transporte Ecuador, dado a que al momento de comprar un pasaje para su sobrina, quien tiene una discapacidad del 50%, no le hicieron el descuento que debieron aplicarle según la Ley Orgánica de Discapacidades.

Una vez que la Coordinación Zonal 9 tiene conocimiento de esta petición, solicita al representante legal de la cooperativa que emita un informe sobre la petición de la ciudadana y además se convoca a una audiencia, en la cual le devuelven a la peticionaria UDS 12,00 correspondientes al 50% del valor del pasaje, firmando una razón donde se deja constancia de dicha devolución.

Con esta acción se tuteló el derecho de una persona con discapacidad a recibir el descuento que le corresponde de acuerdo a la ley.

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Mariana B., acudió hasta la Delegación Provincial de la Defensoría del Pueblo, debido a que sus nietos, un niño y dos adolescentes fueron agredidos por un ciudadano y no podía presentar la denuncia correspondiente por no contar con partidas de nacimiento de los afectados.

Al parecer un vecino de la peticionaria habría agredido físicamente a sus nietos por lo que la ciudadana acudió hasta la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la niñez y adolescencia para denunciar el hecho. Al intentar poner la denuncia le informaron que era indispensable las partidas de nacimiento del niño y los adolescentes violentados, documentos que la denunciante no tenía.

Mariana B., se acercó entonces hasta la Defensoría del Pueblo para informar que no podía cumplir con este requisito debido a la falta de recursos, pues realiza actividades de lavandería pero sus ingresos no son suficientes para poder costear las partidas, que tiene un costo de aproximadamente seis dólares. Sin embargo considera que este no es motivo para no denunciar actos como ese.

Por tal motivo la Delegación, realizó una gestión oficiosa ante la Junta Cantonal de Protección de Derechos para solicitar se comprenda la situación de la peticionaria y se recepte la denuncia que vulnera drásticamente los derechos de sus nietos.

Efectivamente la Junta Cantonal aceptó el requerimiento defensorial y de esta manera se pudo receptar la denuncia, protegiendo así los derechos de los afectados.