Nelly M., representante de una asociación de personas con discapacidad de la parroquia Tufiño en la provincia de Carchi, presentó la queja respectiva ante la Coordinación General Defensorial Zonal 1, puesto que presentó una petición al GAD municipal de Tulcán, solicitando la devolución del local del mercado municipal de Tufiño a la asociación no han obtenido respuesta.
Al tratarse de un grupo de atención prioritaria, la Coordinación activó los mecanismos correspondientes y solicitó al GAM de Tulcán, la contestación inmediata a la petición presentada. El alcalde de Tulcán, dispuso la devolución inmediata del espacio y además pidió una adecuación del lugar para que pueda ser utilizado inmediatamente por la asociación de personas con discapacidad. Es así, como se exigió una respuesta oportuna de la entidad competente, garantizando el acceso a los derechos de este grupo.
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Laura G., informó ante la Delegación Provincial que recibió en su domicilio la visita de un ciudadano, quien se identificó como funcionario de CNEL EP Sucumbíos, y le indicó que debe ingresar a un programa de eficiencia energética, caso contrario se le retirarían sus medidores y deberá cancelar USD 700.
Más tarde se acercaron personas de Almacenes Japón, para entregarle dos cocinas y dos juegos de ollas, por un valor de USD 805 cada una, aduciendo que debía adquirir una cocina por cada medidor.
Luego de conocer la queja presentada por la ciudadana ante la Delegación Provincial de Sucumbíos, se procedió a admitir el trámite y se realizó una audiencia en la cual se llegó a un acuerdo. Al realizar una providencia de seguimiento con la finalidad de verificar el cumplimiento del acuerdo, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable emitió un oficio en el cual informó que las ventas realizadas fueron anuladas.
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A la Delegación Provincial de Pichincha de la Defensoría del Pueblo se acercó una ciudadana para presentar una queja contra una operadora de telefonía celular debido a que que adquirió un teléfono móvil que presentó daños.
Luego de un arreglo técnico el teléfono celular sufrió nuevos desperfectos, por lo que la peticionaria solicitó la entrega de un nuevo equipo pero la operadora móvil no aceptó la petición alegando que ya se lo reparó.
Es así, que la Defensoría del Pueblo convocó a las partes a audiencia pública, en la que se discutió sobre la aplicación de la garantía, misma que la parte requerida pretendía hacer efectiva mediante el arreglo del bien, sin embargo, ante la petición de la ciudadana la empresa consideró la restitución del bien defectuoso por uno nuevo.
Al final se gestionó la entrega de un bien nuevo y de iguales características a la peticionaria, protegiendo su derecho como usuaria y consumidora.
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La Delegación Provincial de Napo de la Defensoría del Pueblo recibió el caso de una ciudadana quien manifestó que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) le realizó un cobro exagerado a través de su tarjeta de crédito por un valor de USD 2.695,55 sin una notificación previa.
Cuando la ciudadana se acercó a la empresa proveedora del servicio no le dieron mayor información, por lo que acudió a la Defensoría del Pueblo. La Institución Nacional de Derechos Humanos efectuó una gestión oficiosa para que CNT devuelva los valores debitados. Luego de comprobar que no existía rubro alguno pendiente de pago, se devolvió el valor total; precautelando los derechos de la ciudadana.
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Un ciudadano adulto mayor con discapacidad visual se acerca a la Coordinación Zonal 3 de la Defensoría del Pueblo para denunciar una presunta vulneración de derechos por parte de una institución bancaria.
El peticionario indicó que al momento de dirigirse al banco a realizar un retiro le aseguraron que no podrá hacer ninguna transacción bancaria mientras no cambie su documento de identidad, pues no consta su firma o que a su vez debe realizar un poder para que otra persona le ayude.
El ciudadano perteneciente al grupo de atención prioritaria advirtió a la entidad financiera de su discapacidad y reiteró su pedido de realizar retiros y transacciones personalmente por cuanto recibe en su cuenta la pensión de jubilación que le permite solventar sus necesidades diarias, pero al no tener respuesta acudió a la Defensoría del Pueblo.
Funcionarios de la Institución Nacional de Derechos Humanos tomaron contacto con el jefe de agencia con sucursal en la ciudad de Ambato solicitando una reunión en la que se dio a conocer el sustento constitucional, legal y técnico que garantiza los derechos de las personas con discapacidad y grupos de atención prioritaria como es el caso del peticionario.
Tras la gestión de la Defensoría, el banco adoptó una política de acción afirmativa, habilitando en todas sus agencias las transacciones por huella digital y permitiendo que las personas con algún tipo de discapacidad puedan realizar personalmente retiros bancarios.
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La Delegación Provincial de Cotopaxi de la Defensoría del Pueblo recibió el caso de una ciudadana a quien se aplicaron cobros de predios que no eran de su propiedad. Por tal motivo, se realizó una investigación defensorial en la que se determinó que los valores atribuídos correspondían a predios de personas homónimas a la peticionaria.
Por tanto, se solicitó al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga que se dieran de baja los valores adicionales. Adicionalmente, se exhortó a la entidad municipal que cuente con un sistema que permita generar alertas cuando existan homónimos en el sistema a fin de que se evite la repetición de este tipo de inconvenientes.
Con esta acción se evitó el cobro de valores (aproximadamente USD 100,00) que no le correspondían a la usuaria.
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Se presenta una petición ante la Defensoría del Pueblo en Chimborazo indicando que un usuario ha solicitado servicio de agua potable para su domicilio para lo cual presentó toda la documentación necesaria, pero al momento de la instalación de la acometida los moradores del barrio han obstruido los trabajos.
El ciudadano al ver vulnerados sus derechos como usuario acude a la Defensoría del Pueblo, institución que realizó una gestión oficiosa con la Empresa de Agua Potable de Riobamba para que continúe con los trabajos de instalación y así proveer del líquido vital al ciudadano.
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Una persona en condición de refugiada presentó ante la Delegación Provincial Pastaza de la Defensoría del Pueblo una petición en la que explica que su arrendatario le solicitó desalojar el departamento donde ha vivido durante dos años por problemas irreconciliables con otro inquilino, pero que al momento su situación económica así como de salud es complicada, por lo que solicita se le amplíe el plazo para desocupar el bien inmueble.
La Defensoría se reunió con el arrendatario para explicarle la difícil situación por la que atraviesa su inquilino, en la audiencia ambas partes llegaron a un acuerdo. El propietario del departamento no cobrará el arriendo de tres meses y la persona en condición de refugio se comprometió a desalojar la vivienda en enero de 2017.
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Un ciudadano con discapacidad presentó una petición en esta Coordinación por un caso de discriminación laboral. El afectado manifestó que desde hace 5 años aproximadamente, sus derechos constitucionales han sido vulnerados debido a que algunos compañeros del trabajo le ofenden y discriminan por su discapacidad intelectual (71%). Por este motivo, solicitó a la Defensoría del Pueblo su intervención para que se lo trate con respeto e igualdad. Una vez admitido el caso, se solicita información a la empresa privada donde labora; se realiza una visita in situ para conversar con el peticionario y con los involucrados, para posteriormente realizar una audiencia pública en la cual se llegó a un acuerdo donde se estableció que el peticionario debe ser tratado con igualdad y respeto. El peticionario ha manifestado que las relaciones han mejorado y que espera tener un ambiente laboral sin discriminación y buen trato.
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Una ciudadana de la ciudad de Guaranda solicitó ante esta Delegación una acción de protección debido a que se le pretende cobrar multas de tránsito desde el año 2011 que no cometió. Receptada la queja se interpone ante los Órganos de justicia la respectiva demanda de Acción de Protección, la cual es aceptada por los señores jueces miembros del Tribunal de Garantías Penales de la ciudad de Guaranda y en resolución ordena se suspenda el cobro de las multas y se coordinen acciones entre CTE y ANT las acciones necesarias para subsanar el inconveniente.
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Una usuaria adulta mayor de 87 años de edad, presentó una queja en esta Delegación Provincial debido a que la empresa CNEL EP le estaba cobrando en su planilla de energía valores por una cocina de inducción que jamás recibió. Una vez admitida la denuncia se realizaron las gestiones necesarias y actualmente se le dio solución a su problema. Se notificó en primera instancia a la CNEL EP y se mantuvo una conversación con la encargada del sistema de cocinas de inducción de la empresa eléctrica logrando proteger los derechos de la peticionaria que pertenece al grupo de atención prioritaria a quien se le vulneraron sus derechos. En la actualidad ya no se le está facturando valores por concepto de la mencionada cocina de inducción.
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Una ciudadana adulta mayor se acercó a una Agencia de Viajes con la finalidad de conseguir o adquirir un pasaje con tarifa preferencial como es su derecho. En la ventanilla le manifestaron que ese tipo de rebajas no las realizan y al intentar comprar un pasaje regular, le manifestaron que debía pagar $45 dólares cuando la tarifa normal es de $12 dólares. Una vez ingresada la queja de la usuaria en esta Delegación, se convocó a las partes a una audiencia a fin de procurar un acuerdo, la misma no se efectuó debido a que la accionante no compareció dejando constancia de la comparecencia de la parte accionada. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo se pronunció con una Resolución Defensorial por tratarse de un caso de persona perteneciente al grupo de atención prioritaria y se logró así, respetar los derechos estipulados en la Ley ofreciéndole a la ciudadana un precio preferencial.
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María E. presentó una denuncia en la Coordinación General Defensorial Zonal 7, debido a que compró una cocina de inducción en una almacén de la ciudad y después de un tiempo que se realizó la instalación, se pudo constatar que el electrodoméstico tenía desperfectos.
En vista de no tener ninguna respuesta por parte del almacén, presentó la queja respectiva. Luego de realizar una visita al almacén, la representante del mismo se comprometió en reparar los daños que presentaba la cocina y cumplir con la garantía del bien.
Así se llegó a un acuerdo amistoso, entre el almacén y la ciudadana perjudicada, garantizando la accesibilidad a sus derechos con consumidora.
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Lucila L., persona adulta mayor presentó una queja ante la Delegación Provincial de la Defensoría del Pueblo en El Oro contra Almacenes Japón, pues adquirió una cocina de inducción bajo engaños.
Al parecer, personal del almacén le habría indicado a la ciudadana, quien no sabe leer ni escribir, que debía adquirir la cocina y como condición para obtener un aumento en el bono que recibe por parte del gobierno. Luego de la audiencia pública que se realizó entre las partes, se procedió a anular el contrato con la ciudadana y se procedió así, a respetar sus derechos.
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Un ciudadano acudió hasta las oficinas de la Delegación Provincial de Zamora Chinchipe para presentar una queja en contra de la unidad educativa donde estudia su hija, pues la niña fue agredida por sus compañeros /as y según el padre, las autoridades educativas no han hecho nada para atender el caso.
Juan G. informó que acudió hasta el distrito de educación correspondiente y no obtuvo respuesta, por tal motivo se admite el trámite del ciudadano y se convocó a la audiencia respectiva. En dicha audiencia no se llegó a ningún acuerdo entre las partes, por tal motivo la delegación quedó en investigar el caso.
Se realizó una visita in situ a la entidad educativa y se evidenció que se trataba de un tema que no ameritaba sanción. Por tanto se exhortó a madres, padres de familia y docentes a llevar una relación armónica entre todos y todas, en beneficio de los y las estudiantes.
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El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos informó a la Coordinación Zonal 8 de la Defensoría del Pueblo que un ciudadano de la República Islámica de Gambia se encontraba retenido en la Sala de Tránsito del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, con temor a ser deportado luego de haber manifestado -con limitada habla inglesa- que su vida corre peligro en su país.
En ese contexto, la Institución Nacional de Derechos Humanos planteó una Medida Cautelar a fin de evitar que el mencionado ciudadano africano sea devuelto a su país de origen. Además, se articuló con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Dirección de Refugio el ingreso de la solicitud de refugio y la respectiva entrevista.
El objetivo de esta acción fue garantizar el derecho de refugio de las personas en situación de movilidad humana y el principio de no devolución.
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Un ciudadano solicitó a la Coordinación Zonal 9 de la Defensoría del Pueblo su intervención dado a que por información errónea su hijo nació en un hospital privado, algo que no tenía previsto y que le generó gastos médicos que no podía cubrir.
El Hospital Un Canto a la Vida le informó al peticionario que su hijo no sería dado de alta hasta que no cancele la deuda generada por el nacimiento y tratamiento del niño. En ese sentido, se realizó una gestión oficiosa solicitando al Ministerio de Salud Pública para que reconsidere la cobertura de los gastos dentro de la red de salud pública.
Como resultado de la gestión el Ministerio de Salud Pública envió el código de aprobación del pago por servicios de salud prestados al recién nacido, así se logró tutelar el derecho a la gratuidad de la salud y el acceso al sistema de salud pública.