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Una ciudadana, madre de una niña con discapacidad física del 76% según el carné otorgado por el Ministerio de Salud Pública, se acercó a la Coordinación Zonal 3 de la Defensoría del Pueblo para colocar una queja contra el Centro Ortopédico Vinicio, ubicado en Ambato, por incumplir en la entrega de unas prótesis que su hija necesitaba para continuar con su tratamiento físico.

El propietario del centro le indicó que las prótesis requeridas tienen un costo de USD 1 400 y que serían entregadas en un plazo de dos meses. La peticionaria realizó un préstamo para completar el monto total luego de que una persona donará USD 900 y entregó el dinero al dueño del centro ortopédico. Luego de nueve meses la ciudadana no recibía la prótesis pese a las insistencias, afectando la rehabilitación de la niña y sus derechos.

Al conocer el caso, de forma inmediata, se tomó contacto telefónico con el propietario del centro ortopédico, dando a conocer la petición y exponiendo el sustento constitucional, legal  y técnico que garantiza los derechos a la salud de las personas con discapacidad y los derechos de las personas consumidoras.

En respuesta a esta gestión, el propietario del centro señaló que hubieron circunstancias técnicas que no le permitieron entregar el trabajo a tiempo y aseguró que debía tomar nuevamente las medidas de las prótesis para ajustarlas al tamaño que la niña necesitaba. Una vez ajustadas las piezas se entregó las prótesis con una garantía de dos años.

De esta forma se tuteló el derecho a la salud de esta persona con discapacidad. Además, se recomendó a la madre que en el caso de requerir en el futuro una ayuda técnica, debe solicitarla al Ministerio de Salud Pública en virtud de lo que dispone el Art. 23 de la Ley Orgánica de Discapacidades.