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Trabajo interinstitucional permitió proteger derechos de una familia aislada en su propia casa

miércoles, 31 mayo 2017, 11:34 am

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La Defensoría del Pueblo de Ecuador presentó un Amicus Curiae (amigo de la corte o tribunal) para sustentar la acción de protección interpuesta por la Defensoría Pública, que tenía como finalidad proteger el derecho a la vivienda, a la libertad y a la vida digna a de una familia de Quito, que estaba imposibilitada de salir de su casa.

La Institución Nacional de Derechos Humanos conoció el caso a través de las redes sociales donde se denunció los inconvenientes por lo que ha tenido que pasar esta familia conformada por una pareja de personas adultas mayores, una mujer en estado de gestación y tres niños, para ingresar y salir de su domicilio.

La casa, ubicada al norte de la capital, fue adquirida en un sector donde presuntamente la mayor parte de viviendas y terrenos eran asentamientos irregulares, por tanto nunca se determinó un ingreso adecuado. Años más tarde, con el crecimiento poblacional los dueños de terrenos alrededor del domicilio iniciaron con la construcción de edificaciones, cerrando completamente el paso a esta familia, dejándolos aislados. Al no tener opción, uno de los vecinos permitía la salida por su propiedad a través de una escalera, poniendo en riesgo la seguridad de los miembros de la familia.

En ese contexto, la Defensoría del Pueblo realizó una visita in situ para constatar la situación de estas personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria. Al verificar los inconvenientes, se articuló el trabajo con el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, la Defensoría Pública, la Agencia Metropolitana de Control, el Ministerio de Inclusión Económica y Social para iniciar un trabajo interinstitucional a favor de esta familia.

En la reunión mantenida con estas instituciones se acordó que la Defensoría Pública realice una mediación entre las personas moradoras en busca de un consenso.

Lamentablemente  a dicha mediación no acudió una de las familias, por lo que la Defensoría Pública decide presentar una acción de protección, mientras que la Defensoría del Pueblo decide apoyar con la presentación de un Amicus Curiae y el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional con un informe socioeconómico. Con esta intervención se logró que la jueza determine medidas cautelares cumpliendo con su mandato constitucional y efectivizando el acceso y libre circulación de la familia.

La Defensoría del Pueblo se comprometió a realizar un seguimiento al caso e instó a los moradores para que vivan en armonía y respeto, respetando los derechos de estas personas en situación de vulnerabilidad.

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