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Una joven migrante que había realizado sus estudios de secundaria en España retornó al país para continuar con sus estudios de nivel superior.

Al momento en el que la joven intentó acceder a su derecho de educación le informaron que debía presentar todos sus documentos para poder matricularse. Lamentablemente todos los documentos que avalan su formación académica iban a ser entregados en un lapso de tres años, tiempo en el cual ella no podría continuar estudiando.

Gracias a la gestión oficiosa que realizó la Defensoría del Pueblo, la estudiante graduada logró matricularse en una universidad del país, mientras le entregan su título de bachiller.

El Ministerio de Educación determinó que la joven podía matricularse provisionalmente en la universidad, mientras se designaba a un centro de educación para que tome a la estudiante pruebas de conocimiento y su título pueda ser validado en el país, luego de que aprobara dichas evaluaciones.