Se llevará a cabo audiencia de apelación sobre acción de protección presentada por Defensoría del Pueblo a favor de personas afectadas por comercialización de cocinas de inducción que busca principalmente crear mecanismos ágiles de reclamo para personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria.

El viernes 16 de febrero del presente en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, se llevará a cabo la audiencia de apelación a la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo a favor de las personas afectadas por la comercialización de cocinas de inducción y que fue desechada por la jueza de la unidad judicial.

El pasado 13 de noviembre de 2017, el Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira Silva presentó una acción de protección por la comercialización de cocinas de inducción, debido a la gran cantidad de personas afectadas bajo la  modalidad de venta puerta a puerta.

El 1 de diciembre se realizó la audiencia sobre la acción de protección. Sin embargo la misma fue resuelta el martes 5 de diciembre, cuando la jueza a cargo del caso, desestimó la acción argumentando que este mecanismo pudo darse a conocer a través de una vía administrativa y/o judicial ordinaria, dejando de lado la vulneración a derechos humanos evidenciada, en muchos casos a personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria.

El 26 de diciembre de 2017 la Defensoría del Pueblo presentó el recurso de apelación a la sentencia emitida dentro de la acción de protección interpuesta en contra de la compañía ICESA y el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) respecto de las malas prácticas comerciales de cocinas de inducción. Estos actos de venta han vulnerado derechos, pues la modalidad de venta aplicada no permite a las personas afectadas defenderse o escoger de manera libre el bien, provocando una relación desigual comercial para grupos de atención prioritaria.

Desde enero de 2015 a septiembre de 2017, la Defensoría del Pueblo receptó 2407 casos de personas afectadas por la comercialización de cocinas de inducción, quienes bajo engaños, sin información veraz e incluso diciéndoles que serían favorecidos por políticas sociales estatales, recibieron el electrodoméstico.

Sin embargo, a pesar de las acciones emprendidas por la Defensoría del Pueblo, a diciembre de 2017 han aumentado 195 casos más, evidenciando una práctica que afecta de manera directa a la población.

El recurso de apelación enfatiza las malas prácticas comerciales aplicadas por ICESA en la modalidad de venta puerta a puerta, donde no se proporciona a las personas consumidoras  información veraz, clara, oportuna y completa sobre particularidades del proceso, afectando sus derechos.

Además, se señala la falta de control por parte del Ministerio de Electricidad en la ejecución de la política pública, lo que ha ocasionado prácticas comerciales inadecuadas que se realizaron dentro  del proyecto regulado y controlado por esta entidad.

Se espera que a través de este recurso se revoque la sentencia de primera instancia y se acepte las pretensiones formuladas en la acción de protección, las cuales se centran en la necesidad de evidenciar la vulneración de derechos, que por las falencias en la política pública no han sido debidamente controladas ni han previsto mecanismos de defensa.