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FIO analizó la importancia del ejercicio de derechos sobre los servicios públicos domiciliarios

miércoles, 19 octubre 2016, 6:00 pm

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Desde las 15:30 de este 19 de octubre se efectuó en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional de Ecuador, en Quito, el evento de Networking de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), dedicado a analizar la competencia de los Ombudsman en la supervisión de prestación de servicios públicos.

En el evento, parte de las conferencias Hábitat III, se profundizó en la “Metodología para el seguimiento y evaluación al ejercicio de los derechos: caso vivienda adecuada y servicios públicos en Ecuador y la región”, tema que se considera de importancia para una vida y la consecución de otros derechos humanos fundamentales.

En su intervención, el Defensor del Pueblo de Ecuador, Ramiro Rivadeneira Silva, presentó el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del evento Hábitat III. En ese sentido, aseguró que “la nueva agenda urbana tiene que enfocar el derecho a la ciudad como un ámbito más incluyente y solidario. La vivienda debe considerarse un derecho no una mercancía”.

Por su parte, Pamela Olmedo de FLACSO CITE presentó la métrica para el ejercicio de los derechos en lo urbano, resaltando que los datos todavía no reflejan las realidades de los grupos de atención prioritaria y que es necesario conocer los problemas para plantear soluciones.

Luego de esta primera parte, la Defensoría del Pueblo de Ecuador aprovechó el encuentro para presentar la publicación “Ejercicio de los derechos sobre servicios públicos domiciliarios en Ecuador”, un diagnóstico a escala nacional para proveer pautas metodológicas de seguimiento y evaluación, que permitan identificar avances y falencias en este tema en los últimos años.

La investigación se realizó en el marco de dos enfoques; el de Naciones Unidas que se basa en los derechos económicos, sociales y culturales; y en los derechos del Buen vivir y libertad consagrados en la Constitución de la República. Los servicios públicos domiciliarios analizados en este diagnóstico fueron agua potable, alcantarillado, recolección de basura, electricidad, gas licuado, telefonía fija, telefonía móvil e internet.

El análisis contempla indicadores referentes a los criterios de derechos en cada uno de los servicios, como: acceso equitativo, también conocido como accesibilidad; precios y tarifas equitativas, que técnicamente se traduce en asequibilidad; cantidad mínima o suficiencia que se identifica como intensidad de uso; y finalmente la calidad del servicio y la calidad de la prestación. Este diagnóstico aportará a la presentación de oportunidades de mejora por parte del Estado, tanto del gobierno central como de los gobiernos autónomos descentralizados, para asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos. Y asimismo, es una herramienta efectiva para la observancia y exigibilidad de los derechos de personas usuarias de servicios públicos domiciliarios.

En la segunda parte del evento se realizaron algunas reflexiones y aportes sobre el sistema de seguimiento y evaluación en el derecho a la vivienda adecuada y servicios públicos a cargo de Melba Olvera, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California; Raúl Lamberto, Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe; Marlon Weichert, Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano de Brasil; y Ariela Peralta, Presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay.

Olvera en su ponencia habló sobre la inclusión de personas con discapacidad en los servicios públicos y la nueva agenda urbana. “Tenemos que incluir la educación sobre los derechos de las personas con discapacidad y observatorios ciudadanos”, reiteró.

Asimismo, Weichert expuso la perspectiva del acceso a servicios públicos en Brasil y cual es el rol de las Instituciones de Derechos Humanos en lo referente a la exigibilidad de los mismos.

Mientras que Lamberto mencionó dos aspectos fundamentales: la asequibilidad en los servicios públicos y lo esencial que son las Defensorías del Pueblo para la acción colectiva y la construcción de nuevos espacios de respeto por los derechos humanos.

Para concluir, Ariela Peralta, Presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay, planteó el tema de la sostenibilidad y el uso responsable de los servicios públicos.

Los Defensores/as de Iberomérica al final reflexionaron sobre los alcances, retos y compromisos en esta materia, con el fin de establecer estrategias de trabajo conjunto en el ámbito de lo derechos humanos.

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