Pronunciamiento público por la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres
La Defensoría del Pueblo de Ecuador, en su calidad de Institución Nacional de Derechos Humanos, en ocasión del Día Internacional de las Mujeres expresa:
El 8 de marzo no solo constituye la fecha internacional para conmemorar y recordar las múltiples luchas de las mujeres por el ejercicio real de sus derechos humanos, también reivindica el derecho a la memoria sobre varios hechos violentos cometidos contra las mujeres que protestaron a finales de la primera década del Siglo XX en contra de jornadas de trabajo extendidas y salarios inferiores al de los hombres. Estas luchas se centraron en el reconocimiento de la dignidad y humanidad de las mujeres como personas sujetas de derechos con capacidad jurídica, política y social para la consecución de sus derechos por la igualdad, la no discriminación, la autonomía y la libertad, impulsando de esta manera la construcción de sociedades democráticas, pacíficas y equitativas.
Sin embargo, a nivel mundial y en el Ecuador, las mujeres -en toda su diversidad- aún siguen siendo discriminadas. Las violaciones a sus derechos por la condición de género afectan el derecho al trabajo, a la educación, el derecho a decidir, así como la negación de su derecho a vivir en paz y libres de violencia, llegando incluso hasta la vulneración a la integridad personal y a la vida.
En cuanto al ejercicio de los derechos laborales, las mujeres continúan enfrentando peores condiciones de trabajo que los hombres. En efecto, la última encuesta del INEC de diciembre de 2018 revela que el desempleo afecta más a las mujeres (4,5%) que a los hombres (3,1%). Igualmente, en relación al acceso a un empleo adecuado el porcentaje para las mujeres (32,5%) es 14 puntos más bajo que el de los hombres (44,5%). A esto se suma que las mujeres reciben ingresos promedio de USD 293,5, mientras que los hombres ganan USD 357,5, es decir 100 dólares menos que el salario básico unificado vigente para los trabajadores.
Por ello, la Defensoría del Pueblo reivindica la lucha de las mujeres trabajadoras por la igualdad salarial, mejores condiciones laborales, espacios de trabajo libre de violencia, estabilidad y acceso a todas las prestaciones de seguridad social, así como al reconocimiento social y la valoración económica por el trabajo de cuidado que se realiza en casa y a familiares.
Por otra parte, es importante mencionar que desde el 5 de febrero de 2018, el Ecuador cuenta con la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y desde el 25 de noviembre del mismo año con la nueva Agenda Nacional de las Mujeres y las Personas LGBTI (2018-2021). No obstante, la voluntad política para la aprobación de ambos instrumentos, todavía existe una deuda pendiente en cuanto su implementación. Así, el Sistema Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres no cuenta con una asignación presupuestaria específica que permita al Estado implementar acciones para promover y garantizar el ejercicio de sus derechos humanos.
En sentido, según datos de la Fundación Aldea, entre los años 2014 y 2018 la violencia contra las mujeres dejó un saldo negativo de 600 femicidios, observando que sólo en el 2018 se registraron 88 de estos casos. En resumen, cada 3 días muere una mujer por el solo hecho de serlo.
Cabe señalar que en el último año se presentaron hechos que conmocionaron la opinión pública del país, siendo los más graves las violaciones por más de un perpetrador en Quito, Guayaquil e Ibarra, a Martha, Narcisa y una adolescente en la Parroquia la Esperanza en el sector rural de Ibarra; los femicidios en Ibarra y Quito se dieron frente a cientos de personas e incluso ante personal policial.
Además, no existe una respuesta ágil, oportuna y con calidez por parte de la Función Judicial; es necesario tomar en cuenta que la violencia sexual en nuestro país es alarmante: de acuerdo a información del INEC, 1 de cada 4 mujeres ha sufrido violencia sexual.
La desaparición de mujeres es una problemática social que el Estado no ha podido resolver. Según datos de la Fiscalía y el Ministerio del Interior, hasta diciembre de 2018 continúan desaparecidas 1.359 personas, de las cuales el 67% corresponde a mujeres de acuerdo a organizaciones de familiares y de derechos humanos. La desaparición es otra forma concreta de violencia que se ejerce de forma directa en contra de las mujeres, pero al mismo tiempo es un acto de violencia indirecta en contra de sus familiares, madres, amigas, hermanas y otras personas cercanas.
La violencia se expresa de diferentes maneras, e incluso se manifiesta como una costumbre ligada a normas morales que se desconectan de hechos concretos de abuso y vejación. De allí que es imprescindible comprender y respetar que las mujeres decidan sobre sus cuerpos. Por ello se debe derogar las disposiciones por las cuales las mujeres están obligadas a continuar con embarazos producto de un acto violento y traumático como lo es la violación. Aún vivimos en un país que responsabiliza a las mujeres, sobre todo niñas y adolescentes, de la violencia sexual a través del miedo, la represión de sus libertades, el castigo a su derecho a transitar y usar el espacio público, culpándolas inclusive de su vestimenta y criminalizándolas por decidir abortar.
En este contexto, frente al incremento preocupante de actos de violencia es urgente fortalecer las políticas de prevención y atención, e intervenir significativamente en la calidad del sistema judicial para erradicar la revictimización y la impunidad. Por ello, la Defensoría del Pueblo se suma a las voces de alerta frente al incremento de la violencia contra las mujeres y hace un llamado para que las entidades del Estado cumplan con lo establecido en la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y la ley, con el objeto de asegurar el derecho de las mujeres que habitan en el Ecuador a disfrutar de una vida libre de violencia.
Con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, la Defensoría del Pueblo de Ecuador:
- Insta nuevamente al Gobierno Nacional y en particular a la Secretaría de Derechos Humanos, a implementar de manera inmediata la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para lo cual debe concretar el funcionamiento del Sistema Integral de protección que garantice políticas públicas para la prevención y erradicación de la violencia;
- Exhorta al Gobierno Nacional a declarar el “Estado de Emergencia” para contar con recursos suficientes que permitan enfrentar la exacerbación de la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, tomando en cuenta la responsabilidad que tiene de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 66, literal b) de la Constitución;
- Exhorta al Ministerio del Trabajo a garantizar mejores condiciones laborales, el empleo pleno, un salario justo, la erradicación del acoso laboral y todas las formas modernas de esclavitud aún existentes;
- Exhorta al Consejo de la Judicatura a tomar medidas inmediatas y efectivas para atender a las mujeres evitando la revictimización, y a capacitar y sensibilizar a los operadores judiciales a fin de evitar la impunidad mediante la actuación oportuna que precautele la vida de las mujeres;
- Exhorta al Ministerio de Educación a emitir las medidas que sean necesarias para precautelar la integridad física y sexual de niñas y adolescentes, así como a fomentar ambientes educativos seguros, informados y libres de violencia;
- Exhorta al Servicio Nacional de Atención Integral a Adultos Privados de la Libertad y a Adolescentes Infractores a velar por las condiciones de las mujeres privadas de libertad y de sus familias respectivas;
- Exhorta al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana a velar por el respeto a los derechos humanos de las mujeres en situación de movilidad: emigrantes, inmigrantes, refugiadas, asiladas, desplazadas, apátridas, víctimas de trata y tráfico de migrantes;
- Exhorta al Ministerio de Salud a garantizar que su personal a cargo respete el secreto profesional y atienda a las mujeres sin restricciones y sin poner en peligro sus vidas cuando asistan por atención en situación de aborto;
- Exhorta al Ministerio del Interior a concretar una política de seguridad humana que garantice procesos de intervención efectiva frente a hechos violentos inminentes contra las mujeres, así como la investigación ágil, oportuna y eficiente, en particular frente a los casos de violencia intrafamiliar, sexual, secuestro y desapariciones;
- Exhortar a la Secretaría de Derechos Humanos y al Ministerio de Cultura para concretar los procesos de reparación integral a las víctimas y familiares de los casos de la Comisión de la Verdad; así como a la Fiscalía General del Estado y a la Función Judicial para garantizar el derecho efectivo de acceso a la justicia y combatir la impunidad en estos casos.
- Insta a los Consejos de Igualdad de Género, Intergeneracional, de Pueblos y Nacionalidades, y Movilidad Humana, a articular esfuerzos para impulsar procesos de vigilancia y asesoramiento técnico al Estado para el diseño, implementación y evaluación de políticas que garanticen los derechos de las mujeres diversas desde una perspectiva integral;
- Insta a los GAD Municipales a fortalecer los sistemas locales de protección de derechos y en particular a las Juntas Cantonales de Protección de Derechos a fin de que cumplan con su rol establecido en la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres,
- Hace un llamado al conjunto de la sociedad ecuatoriana para tomar conciencia de la existencia de un sistema de opresión que legitima la subvaloración, discriminación y violencia contra las mujeres en todos los espacios de relación. Frente a este escenario plantea la necesidad de fomentar nuevas prácticas de convivencia basadas en el respeto y el reconocimiento mutuos.
Los derechos de las mujeres son derechos humanos. La reivindicación de sus derechos es una obligación de toda la sociedad
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