Ayer, 22 de mayo de 2018, la Defensoría del Pueblo mantuvo tres reuniones de trabajo con comunidades amazónicas cuyos territorios son o ya han sido afectados por actividades extractivas.

En la primera reunión, representantes de varias comunidades de la nacionalidad Waorani de la provincia de Pastaza, denunciaron la reactivación de la licitación de bloques petroleros en el suroriente amazónico y explicaron que, en las asambleas realizadas al interior de la comunidad, ha decidido oponerse al bloque 22 que afecta su territorio ancestral, en ejercicio de su derecho a la autodeterminación.

Solicitaron a la Defensoría del Pueblo que analice su caso y actúe oportunamente para la defensa de sus derechos colectivos: “Hemos caminado desde lejos a esta asamblea, con frío, caminando en la lluvia todo para que los niños que crecen en nuestra generación tenga un territorio limpio, sin contaminación”, señaló una de las participantes.

El pueblo Waorani indicó que confía en que la Defensoría del Pueblo, cumpliendo con sus obligaciones, realice las acciones pertinentes para que se respeten sus derechos colectivos frente a los intereses petroleros en la zona.

Francisco Hurtado Caicedo, Adjunto de Derechos Humanos y la Naturaleza, resaltó la necesidad de realizar acciones defensoriales que permitan establecer un precedente de respeto al derecho a la consulta previa, derecho que deben ejercer todas las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que habitan en el país. También indicó que es grato que las comunidades Waorani soliciten que sean representadas por la Defensoría Del Pueblo, sin embargo, recalcó que este es un trabajo en conjunto que debería permitir a los representantes de la comunidad expresar su mandato y autodeterminación frente a la extracción petrolera en su territorio.

En una segunda reunión, los representantes de la comunidad Sinangoe A’i Cofán, expusieron el conflicto provocado por las concesionarias mineras otorgadas en las orillas de los ríos Chingual, Cofanes y Aguarico, en el cantón Gonzalo Pizarro, Provincia de Sucumbíos y que estaría provocando graves impactos sociales y ambientales en la zona, pese a la suspensión, en una de las concesiones, ordenada por parte del Ministerio del Ambiente.

El principal problema expuesto por los miembros de esta comunidad es la contaminación de las tierras y el agua de los ríos, así como la deforestación existente. Aseguraron que el otorgamiento de las concesiones no ha garantizado ni la consulta previa, libre e informada, ni cumplen con la normativa y reglamentación para operar en este territorio. Finalmente solicitaron a la Defensoría del Pueblo actuar de manera inmediata para impedir que los impactos ya existentes sigan aumentando.

Después, la Defensora del Pueblo, Gina Benavides y el Adjunto de Derechos Humanos y de la Naturaleza, Francisco Hurtado Caicedo se reunieron con representantes de la comunidad Siona-Kichwa de San José de Wisuya que habitan en la provincia de Sucumbíos, en la frontera norte, quienes informaron que desde 2015, está abierta una investigación defensorial por las vulneraciones a sus derechos provocadas por parte de dos empresas petroleras, una que opera en Colombia y Petroamazonas que opera en Ecuador, quienes construyeron un oleoducto atravesando su territorio, sin consulta previa y provocando daños materiales e inmateriales a su comunidad.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo, se comprometió a mantener un diálogo fluido y a revisar la documentación presentada en estos tres casos, a revisar lo ya realizado y ratificó su decisión de cumplir con el mandato constitucional y legal que le rige y realizar las medidas más adecuadas y oportunas tendientes a exigir el respeto de los derechos colectivos de las comunidades Waorani, Cofán y Kichwa-Siona.

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