1. ¿Qué es la Discriminación?

La discriminación constituye un acto que por su naturaleza es repudiable pues comprende toda exclusión, restricción o preferencia que se fundamenta en diferentes motivos, ya sean culturales, étnicos, generacionales, de género, clase, ideología política, entre otros, y que tiene por objeto o resultado afectar o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos.

De acuerdo con la jurisprudencia de varios organismos internacionales, el principio de igualdad y no discriminación se encuentra en el ámbito del jus cogens, es decir, es parte de las normas de máxima jerarquía dentro del Derecho Internacional y, en consecuencia, es una norma con obligaciones vinculantes para todos los Estados sin excepción alguna.

2. ¿Porqué la lucha contra la violencia y la discriminación es una prioridad??

El art. 66 de la Constitución Ecuatoriana reconoce y garantiza el derecho a la integridad personal y a una vida libre de violencia en los ámbitos público y privado a través de la adopción de medidas que prevengan, eliminen y sancionen toda forma de violencia “[...] en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad [...]”

La práctica de la discriminación reproduce estructuras desiguales de poder, de exclusión y de rechazo social a determinados grupos en razón de su condición o sus características. Por ello, incide negativamente en el goce del derecho a la integridad personal y del derecho a una vida libre de violencia.

3. ¿Cuáles son los motivos y características que pueden suscitar actos discriminatorios y qué efectos generan?

Existen motivos que construyen y refuerzan la discriminación. La etnia, la edad, el sexo, la identidad de género, la identidad cultural, entre otros, son elementos subjetivos, propios e innatos de las personas que repercuten de manera ilegítima para que estas reciban un trato desigual, excluyente, restrictivo o preferencial en el acceso o ejercicio de sus derechos. Por otro lado, también hay factores como estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición migratoria, estado de salud, etc., que se producen en el entorno social y que muchas veces dan lugar, igualmente de forma ilegítima, a que una persona sea discriminada.

La aplicación del principio de igualdad y no discriminación permite establecer relaciones de respeto en las cuales se garantiza a toda persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo el goce de las mismas oportunidades. La distinción, exclusión, restricción o preferencia por cualquier condición permanente o temporal de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades o colectivos, configura un acto discriminatorio y genera diversos resultados. Así, por ejemplo, las prácticas o actos discriminatorios impiden   que los derechos establecidos en   la Constitución   se materialicen y puedan ser realmente ejercidos por las y los titulares de los mismos quienes, además, ven afectado su proyecto de vida y menoscabada su dignidad.   Por otra parte se refuerzan las relaciones de desequilibrio y las estructuras injustas y desiguales en la sociedad.

4. ¿Por qué es importante este tema para la Defensoría del Pueblo?

En el Ecuador la discriminación se ha convertido en un hecho permanente desde la cotidianidad. Diferentes individuos y grupos han sido, y son, excluidos de espacios públicos y privados   por sus características intrínsecas (etnia, sexo, edad, origen nacional, orientación sexual, estado de salud). Esta exclusión ilegítima configura, por una parte, la conculcación del derecho a la igualdad formal y material en su dimensión autónoma, y por otra, un obstáculo para el ejercicio pleno de otros derechos, especialmente respecto de aquellas personas y grupos que se encuentran en situaciones de desventaja y en consecuencia presentan mayor vulnerabilidad. Por tal razón, la Defensoría del Pueblo, DPE, ha establecido como eje de trabajo fundamental dentro de la Institución la lucha contra la discriminación y la violencia. Asimismo, la DPE, al ser la Institución Nacional de Derechos Humanos, tiene un mandato imperativo en dicha tarea conforme lo establecen los Principios de París al señalar como parte de sus atribuciones: “dar a conocer los derechos humanos y la lucha contra todas las formas de discriminación […]”.

El trabajo de la Defensoría del Pueblo en este eje se encuentra organizado a través de la Adjuntía de Derechos Humanos y de la Naturaleza, que lo articula mediante sus Direcciones Generales de Tutela, Política Pública y Educación e Investigación, todas con sus respectivas direcciones nacionales.

5. ¿Cuáles derechos se relacionan con este Eje?

En la lucha contra la discriminación y la violencia se involucran varios derechos que deben ser garantizados y protegidos por parte del Estado, por ejemplo:

-     Derecho a la vida digna

-     Derecho al libre desarrollo de la personalidad

-     Derecho a la identidad personal y cultural

-     Derecho a la igualdad formal y material

-     Derecho a una vida libre de violencia

-     Derecho al honor y al buen nombre

-     Derecho a la integridad personal

-     Derecho a la libertad el cual incluye la prohibición de la esclavitud, explotación, servidumbre y el tráfico y trata de seres humanos en todas sus formas

Adicionalmente, cabe señalar que la igualdad constituye un principio transversal, indispensable para la protección de todos los demás derechos. Así, estos no pueden ser menoscabados con el pretexto de motivos o características propias de sus titulares, sean éstas étnicas, económicas, culturales, sociales, entre otras. El principio de igualdad y no discriminación tiene un doble carácter por ser considerado además como un derecho autónomo, por ello, los Estados tienen la obligación inmediata y directa de abolir toda medida que implique discriminación. Este derecho no está sujeto a una aplicación o vigencia progresiva, por el contrario, el Estado siempre debe garantizar una igualdad de trato a todas las personas.

6. ¿Cuáles son las principales instituciones estatales que tienen obligaciones directas en relación a este Eje?

Función Judicial:

-     Fiscalía General del Estado

-     Defensoría Pública del Ecuador

-     Unidades Judiciales de la Mujer y la Familia

Función Ejecutiva:

-     Ministerio de Educación

-     Ministerio de Salud

-     Secretaría de Comunicación

-     Ministerio del Interior

-     Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

-     Secretaria Técnica de Discapacidades

-     Ministerio de Inclusión Económica y Social

  Función de Transparencia y Control Social:

-     Consejo de Participación Ciudadana

-     SUPERCOM

Consejos Nacionales para la Igualdad:

-     De género

-     Intergeneracional

-     De pueblos y nacionalidades

-     De discapacidades

-     De movilidad humana

Otras instancias:

-     CORDICOM

7. ¿Cuál es la labor de la DPE alrededor de este Eje y por qué su trabajo se diferencia de la labor de otras instituciones?

La DPE es una instancia de protección complementaria, de educación y de incidencia para que las políticas públicas en la materia se implementen con un enfoque de derechos humanos. Además, se constituye en un ente de control de las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que prestan servicios o desarrollan actividades de interés público, en materia de tutela y protección de los derechos humanos.

8. ¿Cuál es el alcance en el trabajo de cada área: incidencia, educación y tutela frente a este Eje?

A nivel de Incidencia: En la Dirección General de Incidencia en Políticas Públicas se elaboran informes temáticos y documentos de ayuda para el pronunciamiento de las autoridades de la DPE en materia de igualdad y no discriminación; se determinan indicadores de discriminación en los medios de comunicación; se realiza el análisis de la normativa vigente, de proyectos de ley y de políticas públicas en materia de no discriminación para sugerir la creación o reforma de las mismas; y, se generan espacios de discusión y coordinación de acciones con colectivos y con organizaciones de sociedad civil para ubicar los nudos críticos de exclusión que sufren dichos grupos, todo lo cual incide positivamente en la tarea de erradicar la discriminación.

 A nivel de Tutela: Desde la Dirección General Tutelar se protege el derecho a la igualdad y no discriminación en el trámite de casos específicos en los que se presume la vulneración de los derechos humanos. A través de investigaciones defensoriales, vigilancias del debido proceso, gestiones oficiosas, visitas en situ y mediante el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se observa y emiten recomendaciones referidas a la discriminación.

Adicionalmente, se realiza el patrocinio de oficio o a petición de parte de las garantías jurisdiccionales en casos de discriminación. Cabe recalcar que algunos de los casos patrocinados han sido determinados como paradigmáticos y han sentado jurisprudencia, constituyendo precedentes respecto de otros similares que pudieran presentarse.

 A nivel de Educación: A través de la Dirección General de Educación e Investigación se promueven procesos educativos y de reflexión sobre la discriminación con la sociedad civil y con funcionarias y funcionarios públicos. Además, se produce material educativo, cajas de herramientas y documentación especializada, insumos que son destinados a la promoción de los derechos humanos de los diferentes grupos sociales, en especial respecto de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad frente a la discriminación.

 

9. ¿Cómo aporta el eje de lucha contra la discriminación y la violencia a posicionar la misión y el trabajo de la DPE?

Los casos y situaciones que se han abordado desde la DPE en temas de discriminación, sobre todo con relación a los medios de comunicación, han logrado generar espacios de debate social y posicionar a la DPE como instancia referente en   temas de discriminación. En virtud de ello, la DPE, además, mantiene contacto con colectivos de grupos tradicionalmente marginados y participa permanentemente en la lucha de estos colectivos contra la discriminación.

En síntesis, la DPE mientras orienta su trabajo a   garantizar a las ciudadanas y ciudadanos el derecho a una vida libre de discriminación y violencia en el ámbito público y privado, también contribuye a la construcción de una cultura de paz en la sociedad.