En relación a las jornadas de movilización de los últimos días y sus hechos posteriores, la Defensoría del Pueblo manifiesta lo siguiente:

La Democracia es una condición necesaria para la garantía de derechos e implica, en términos formales, la estabilidad de las instituciones políticas, la libre elección de los gobernantes y el respeto a la voluntad popular mayoritaria, garantizando la participación plural para el debate de ideas y la deliberación pública.

En este contexto, la manifestación pública pacífica es un mecanismo de expresión democrática, por lo que, los manifestantes, independientemente de su posición política, deben evitar el uso de cualquier tipo de violencia, armas, agresiones físicas, cierre de carreteras, destrucción del patrimonio público y otros actos que pongan en riesgo la integridad y los derechos de las personas. Estas prácticas nada tienen que ver con el legítimo ejercicio de la protesta.

La historia del Ecuador, Latinoamérica y el mundo nos ha enseñado que la solución de los conflictos por vías de hecho deja marcas de dolor, desgaste, así como lesiones en el orden económico, social y de derechos humanos, que afectan al desarrollo de los pueblos. Ahora mismo, la violencia ejercida en el marco de las movilizaciones ha dejado varias personas heridas, hechos ya lamentables, pero sería doloroso para el país que se produzcan muertes de ciudadanas y ciudadanos, lo cual debe llamarnos a una profunda reflexión que nos permita anticipar que tales episodios se produzcan.

En esa línea, consideramos que los actos violentos son incompatibles con la Democracia, razón por la cual, cuestionamos toda forma de agresión que vulnere derechos, provenga de donde provenga.

Distinguimos la existencia de demandas a ser discutidas con el Estado ecuatoriano, en las marchas promovidas por un sector del movimiento indígena, por cuanto apelamos a la garantía de los espacios democráticos de deliberación y confrontación de ideas que sean necesarios, sin perder de vista el fin común de solidaridad, justicia y equidad que colectivamente decidimos construir.

Por otra parte, rechazamos categóricamente aquellos intereses antidemocráticos que pretenden deslegitimar las instituciones de nuestro país y desnaturalizar las genuinas aspiraciones y disensos que aporten a la construcción del futuro.

Por lo tanto:

Llamamos al Gobierno Nacional a profundizar los mecanismos de diálogo con el fin de afianzar en la población la construcción de la vida digna.

Llamamos al pueblo indígena y actores sociales a hacer uso de los espacios de acercamiento y diálogo constructivo, no violento, con el fin de plantear sus demandas.

Llamamos a la Fuerza Pública a preservar la seguridad de la ciudadanía y el orden constituido, usando la fuerza de manera razonable y proporcional, en apego a las garantías constitucionales; y,

Apelamos a las personas que expresan sus ideas en espacios alternativos como redes sociales y a los medios de comunicación social, a difundir información veraz, plural, equilibrada, responsable y respetuosa, que aporte claridad en la opinión pública.

La Defensoría del Pueblo ratifica su compromiso permanente de promover y proteger el pleno ejercicio de los derechos humanos; propiciando espacios de encuentro entre todos los actores, para fortalecer el Estado de Derechos y la Democracia sustancial.

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