El 25 de noviembre de 1997 el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad del primer inciso del artículo 516 del anterior Código Penal, en el cual se establecía que en los casos de homosexualismo, que no constituyan violación, los dos correos serán reprimidos con reclusión mayor de 4 a 8 años de prisión; sentencia que constituyó un acontecimiento histórico que marcó un antes y un después en el ejercicio de las libertades y el derecho a la igualdad y no discriminación del colectivo LGBTI. 

La tipificación del homosexualismo, más allá de su aplicación efectiva o no, justificó en su momento todo un contexto de agresiones físicas, psicológicas y morales, e incluso la muerte de quienes según determinados sectores intolerantes de la sociedad consideraban pervertidos, responsables del contagio de enfermedades sexuales, así como una amenaza para la familia, la niñez y la adolescencia. 

En la década de los 90 la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su lista de patologías, estableciendo en consecuencia a la orientación sexual y a la identidad de género como formas legítimas para vivir la sexualidad humana, el ejercicio de derechos, las libertades y la convivencia desde la diversidad. 

Sin embargo, el camino para dignificar la vida de las personas de la diversidad sexo genérica, así como el proceso histórico de reivindicación de sus derechos llevados adelante por el colectivo LGBTI durante estos 20 años, ha enfrentado enormes dificultades estructurales, políticas, jurídicas, organizativas y sobre todo socio – culturales. 

Pese a ello, la despenalización del homosexualismo abrió nuevas perspectivas para las personas y el colectivo LGBTI, así: su visibilización social, su constitución y consolidación como sujeto de derechos y actor político; el desarrollo de alianzas socio – organizativas; su presencia en el debate y construcción de legislación y políticas públicas; la exigibilidad de sus derechos y el establecimientos de estándares jurisprudenciales; todo lo cual muestra un camino que profundiza la democracia sustancial, la democracia de los derechos humanos.  

La Defensoría del Pueblo del Ecuador, ha acompañado y acompañará el proceso de los colectivos LGBTI en su lucha por la igualdad formal y material; en su empeño por construir una sociedad inclusiva que enfrente la discriminación como discurso social  y práctica cotidiana y estructural; en su esfuerzo por ejercer las libertades con responsabilidad; en la tarea pendiente de reconstruir y repensar el Estado Constitucional de Derechos con la participación activa y diversa de los actores sociales, políticos e institucionales.

 

Ramiro Rivadeneira Silva 

Defensor del Pueblo 

 

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