Ante los hechos suscitados en la ciudad de Guayaquil, en la Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad, por los presuntos delitos cometidos en contra de niños y niñas de esta entidad educativa, así como por los casos análogos registrados en el sistema educativo los últimos meses en varias ciudades del país; y, por los actos públicos y mensajes emitidos en redes sociales que muestran un incremento de discriminación contra personas por diversas razones, la Defensoría del Pueblo en su calidad de Institución Nacional de Derechos Humanos insta a la Asamblea Nacional y al Presidente de la República a fortalecer el sistema integral de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes y de otros grupos de atención prioritaria.

Las autoridades de las distintas instituciones del Estado, ante el aumento de hechos de violencia y abuso contra niños, niñas y adolescentes, así como por el incremento de discursos sociales que reproducen mensajes de discriminación contra algunos colectivos, estamos obligadas a orientar la política pública, la normativa y la institucionalidad para sancionar a los responsables y reparar los derechos a las víctimas, así como garantizar la no discriminación por razones de género, edad, origen étnico, condición migratoria o discapacidad.

La Constitución de la República establece la obligación de contar con el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social para asegurar la protección integral de los derechos de las personas, nacionalidades, pueblos, comunidades y colectivos. Esto implica generar los mecanismos que permitan su cumplimiento a través de la normativa, la política pública, los servicios y los órganos de justicia, tutela y protección; por ello, señala que esta protección integral funcionará a través de sistemas especializados de protección de derechos, los mismos que en la actualidad tienen un débil o inexistente marco normativo.

Desde el 20 de abril de 2015, la Defensoría del Pueblo presentó a la Asamblea Nacional la Ley del Sistema de Protección y Promoción de Derechos, en cumplimiento de la Disposición Transitoria Novena de la Ley Orgánica para los Consejos de Igualdad, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 283 de 7 de julio de 2014. Esta ley aún no ha sido discutida ni tramitada, siendo que es un deber inexcusable del poder legislativo y del ejecutivo como co legislador, colocar el tema en la agenda pública, debatirlo participativamente y plantear un marco normativo, procedimental e institucional, que nos permita enfrentar la violencia y la discriminación de manera estructural bajo el principio de corresponsabilidad.