La disponibilidad de servicios públicos en la vivienda o domicilio de las personas como agua para uso humano, energía y saneamiento, es parte de los estándares del Derecho a la vivienda adecuada, el mismo que es un derecho humano integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, establecido y reconocido en diferentes instrumentos internacionales de protección de derechos humanos[1] y en la Constitución de la República de Ecuador[2].

Los instrumentos internacionales programáticos, establecidos por Naciones Unidas para el ejercicio de los derechos humanos, tales como la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y la Nueva Agenda Urbana, orientan la gestión de los Estados a conseguir hábitats de convivencia futura aptos para un desarrollo próspero de las personas en armonía con la naturaleza, justos, equitativos, tolerantes, abiertos y socialmente inclusivos en los que se atiendan las necesidades de las personas más vulnerables, y en el marco de respeto, protección y promoción  de los derechos de todos los seres humanos. En coherencia con estos instrumentos internacionales, la Carta Magna establece el derecho de todas las personas a un hábitat seguro y saludable; así como también a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica (CRE, 2008, art. 30).

Entendiendo el hábitat como el entorno en el que la población desarrolla la totalidad de sus actividades[3], la vivienda adecuada y la disponibilidad de sus servicios públicos en la vivienda constituyen componentes fundamentales para el ejercicio del Derecho a un hábitat seguro y saludable.

Los derechos de las personas usuarias de servicios públicos recibidos en sus domicilios, al ser parte del conglomerado de derechos constitucionales, se consideran como parte fundamental de la razón de ser de la Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE) como Institución Nacional de Derechos Humanos, la cual ha previsto una serie de acciones para velar por los mismos.

 

[1] Instrumentos internacionales de Derechos Humanos tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), establecen que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure vivienda adecuada, entre otras condiciones.
La Observación General sobre el Derecho a vivienda adecuada, aprobada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, deja explícito que entre otros criterios o estándares de este derecho, está la disponibilidad de servicios públicos en la vivienda  como agua potable, energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, eliminación de desechos.

[2] La Constitución de la República ratifica el derecho de las personas a una vida digna, que asegure entre otros, el derecho a la vivienda (CRE, 2008, art. 66).
[3] La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo define a  hábitat como el entorno en el que la población desarrolla la totalidad de sus actividades y en el que se concretan todas las políticas y estrategias territoriales y de desarrollo de los gobiernos orientadas a la consecución del Buen Vivir.