Los violentos hechos ocurridos entre el 17 y 20 de febrero de 2018 en las comunidades fronterizas de la Zona Norte de Esmeraldas, producto de la confrontación entre las Fuerzas Armadas y grupos irregulares, han dejado hasta el momento un saldo lamentable de dos militares ecuatorianos heridos y una persona privada de libertad; según datos preliminares de organizaciones de derechos humanos presentadas al COE local estos hechos han provocado además, que alrededor de 49 familias se vean afectadas y obligadas a salir de la zona en búsqueda de refugio. Se conoce que 196 personas entre hombres, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y niños, niñas y adolescentes han sido desplazadas; situación por la cual, la Defensoría del Pueblo en cumplimiento de su mandato de tutela y protección de derechos humanos manifiesta:

  1. El compromiso institucional para fortalecer nuestra presencia con brigadas humanitarias que se enviarán al Cantón San Lorenzo durante el tiempo que dure la crisis; así como el exhorto para que las otras entidades competentes lo hagan.
  2. La urgencia de brindar protección y asistencia humanitaria, emergente y a mediano plazo, a las familias desplazadas que están llegando a San Lorenzo; para lo cual se sugiere valorar la activación del COE Nacional y mantener el funcionamiento del COE local, así como, unir los esfuerzos del Gobierno Nacional, las agencias del sistema de Naciones Unidas y las redes de protección de las organizaciones de sociedad civil y humanitarias que se encuentran en la zona, tomando en cuenta la complejidad de los factores y actores presentes.
  3. La importancia de mantener una coordinación inmediata con las autoridades e instituciones del Estado Colombiano y particularmente con nuestra contraparte, al estar afectadas comunidades trasfronterizas.
  4. Su solidaridad para con los miembros de las Fuerzas Armadas que han sido heridos en la confrontación con los grupos armados irregulares, así como con sus familias y recomienda su oportuna e integral atención.
  5. Que el tratamiento a las personas detenidas en aplicación del estado de excepción garantice sus derechos fundamentales y las garantías del debido proceso conforme lo establece la Constitución de la República y los estándares de derechos humanos vigentes.

En estos momentos de alta conflictividad en la zona norte es necesario promover seguridad, paz, desarrollo y la garantía de los derechos humanos para lo cual se requiere una permanente cooperación y adecuada coordinación de acciones entre las entidades locales y nacionales competentes, la sociedad ecuatoriana y el sistema de Naciones Unidas.

Patricio Benalcázar Alarcón

DEFENSOR DEL PUEBLO (S)

 

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