El domingo 4 de febrero la ciudadanía ecuatoriana, en ejercicio de su derecho constitucional a ser consultada, participará de un proceso en el que se abordarán asuntos de interés público. Ante este acontecimiento, más allá de las valoraciones constitucionales y democráticas manifestadas oportunamente, el Defensor del Pueblo expresa:

Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, cuya esencia democrática implica garantizar a sus habitantes, entre otros, el derecho a una cultura de paz y a la seguridad integral, que permita una vida libre de violencia en el ámbito público como en el privado; y en contrapartida, determina la responsabilidad ciudadana de colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad, así como, participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera honesta y transparente.

En éstas últimas semanas, en el marco del proceso de consulta popular, diversos actores políticos, sociales y mediáticos, han sido participes de pronunciamientos en los que se ha utilizado un lenguaje agresivo y se han protagonizado acciones violentas, llegando incluso a la confrontación verbal y física.

El ejercicio democrático implica respetar el pensamiento diverso, así como, garantizar la libertad de expresión y de opinión, en igualdad de condiciones, entre quienes tienen distintas opciones políticas e ideológicas; lo que supone que todos los actores de este proceso democrático accedan sin limitación y restricción alguna a los medios de comunicación públicos y privados, a expresar su perspectiva sobre las preguntas de la consulta y el contenido que se desarrolla en los documentos anexos a la misma.

En consecuencia, la Defensoría del Pueblo del Ecuador, condena categóricamente cualquier tipo de violencia, sean estos insultos, amenazas, agresiones o restricciones en el acceso a cualquier medio de comunicación por parte de los actores políticos y sociales participes del proceso.

Es fundamental que la ciudadanía, de manera activa, evite y rechace cualquier expresión o acción que aliente la violencia. El derecho a la manifestación pública y la libertad de expresión deben desarrollarse sin violencia, ni uso de armas, respetando siempre la legítima honra y dignidad de las personas.

Los medios de comunicación y los usuarios de redes sociales, deben difundir mensajes desarrollados de manera responsable sobre la base de tesis e ideas. La comunicación es un derecho y una oportunidad para debatir, replicar, cuestionar y proponer, sin embargo, su mal uso la deforma y convierte en arma de difamación, lapidación e irrespeto.

La Defensoría del Pueblo, en virtud de las competencias de promoción y protección de los derechos humanos, como en otras ocasiones, insta a los sujetos políticos, medios de comunicación, actores sociales y habitantes, a respetar y proteger la integridad física y moral de las personas.

Invitamos a que en el marco de la convivencia democrática, comprometamos nuestros esfuerzos por la vigencia de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado Constitucional de Derechos; ese es el escenario al cual estamos abocados ciudadanos y autoridades.

 

Ramiro Rivadeneira Silva

Defensor del Pueblo de Ecuador