La Defensoría del Pueblo de Colombia y la Defensoría del Pueblo de Ecuador, ante el aumento de la
violencia en la zona fronteriza común, expresada en el atentado del pasado 27 de enero en San Lorenzo
– Esmeraldas; los enfrentamientos del 17 de febrero en la comunidad de El Pan; el ataque al cuartel naval
de Borbón el 16 de marzo; el estallido de un artefacto al paso de una unidad de vigilancia militar en la
zona de Mataje el 20 de marzo; el secuestro de un reportero, un fotógrafo y un conductor de diario El
Comercio el 26 de marzo; y, la explosión de una bomba casera en la parroquia Viche - Quinindé, el 4 de
abril, expresan su preocupación y manifiestan:
1.- Su solidaridad con las víctimas de estos actos de violencia y sus familiares, especialmente con aquellas
que han perdido la vida y quienes se encuentran secuestrados. Como Instituciones Nacionales de
Derechos Humanos ponen a disposición su contingente para apoyar toda acción que permita garantizar
la vida, integridad y retorno de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra al seno de sus familias.
2.- Evocando al significado de la integridad personal y la vida como valores intangibles del ser humano,
exhortan a los miembros del grupo armado, que tienen en su custodia a los trabajadores de El Comercio,
que los liberen en óptimas condiciones; así como a los Gobiernos de Colombia y Ecuador que agoten todos
los esfuerzos para garantizar el retorno a sus hogares e integración a sus actividades cotidianas.
3.- Exhortar a los gobiernos de Colombia y Ecuador, que en el marco de la Declaración de Pereira, firmada
el 15 de febrero de 2018, se refuerce la ejecución y cumplimiento de los compromisos asumidos en el
Gabinete Binacional con el fin de implementar los ejes de seguridad y defensa, infraestructura y
conectividad, asuntos ambientales, sociales, culturales, económicos, comerciales, integración, derechos
humanos y lucha contra la trata de personas.
4.- Animar a los gobiernos a promover un plan de desarrollo integral para las comunidades en la frontera
común, cuyos componentes incluyan alternativas económicas, seguridad, paz y derechos humanos, para
lo cual se requiere una permanente cooperación y coordinación con la población y entidades locales y
nacionales, como también con el sistema de Naciones Unidas.
El recuerdo de los militares que perdieron la vida en el cumplimiento de sus funciones y la esperanza por
el retorno con vida, salud e integridad de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra nos debe animar a
todos a aunar esfuerzos para promover, en lo inmediato, acciones de solidaridad con sus familias, y en lo
mediato, la estabilidad, la paz y el desarrollo duraderos en la zona fronteriza.

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