Un usuario de telefonía móvil solicitó la intervención de la Delegación Provincial de Esmeraldas por una facturación de USD 191,00 que la Empresa CLARO – CONECEL le emitió por suscripciones que no requirió. Frente al reclamo del usuario, la empresa argumentó que los mensajes que recibía no debían ser eliminados sino ingresar la opción de salir.

La Defensoría del Pueblo inició el trámite para garantizar los derechos del consumidor y recabó la información necesaria para que la telefónica restituya los USD 191,00 que fueron debitados de su cuenta en dos ocasiones por los montos de USD 73 y USD 118.

El 05 de febrero de 2018, el representante de la Empresa CLARO – CONECEL informó que devolverían al denunciante USD 215,00 por concepto de suscripciones no contratadas.

De esta manera, la intervención de Defensoría del Pueblo garantizó los derechos del consumidor a disponer de servicios privados de óptima calidad, información adecuada, veraz, clara y oportuna, completa y no engañosa sobre su contenido y características de los bienes y servicios privados; reparación e indemnización por daños y perjuicios por deficiencia y mala calidad de productos y servicios privados.

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La ciudadana Karla C. presentó un reclamo ante la Delegación Provincial de Bolívar por una venta fraudulenta de una cocina de inducción en los Almacenes Jaher por lo que se solicitó la devolución del electrodoméstico.

A través de la intervención de la DPE, los representantes del Almacén y la denunciante llegaron a un acuerdo favorable para la devolución de la cocina de inducción respetando los derechos del consumidor amparados en la Constitución.

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Pedro R. acudió a la DPE para solicitar su intervención ante lo que argumenta que se violentaron sus derechos como consumidor. El denunciante señaló que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) le emitió una factura por el monto de USD 5 000 que se acumularía desde el 2000, año en que el usuario era niño.

La Delegación Provincial de Los Ríos convocó a las partes a una audiencia para verificar el caso a detalle y se comprobó que la CNT habría cometido un error. Por la gestión defensorial, se canceló el cobro de los USD 5 000.

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A la Delegación Provincial de Pichincha acudió un grupo de personas por el caso de cuatro menores de edad: tres hombres y una mujer que por diferentes circunstancias no estarían inscritos en el Registro Civil careciendo de identidad.

La DPE inició una investigación defensorial para establecer que los menores no constan en los registros nacionales de identificación. Por la gestión de la Institución se procede al registro de los tres niños y una niña para que obtengan su cédula de identidad.

De esta manera se garantiza el derecho a la identidad establecido en la Constitución que reconoce y garantiza a las personas el derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos, y conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar y las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas lingüísticas, políticas y sociales.

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El denunciante, quien tiene el cargo de Secretario General del Sindicato de Choferes Profesionales, señaló que le suspendieron durante sus funciones sin aplicar el debido procedimiento establecido en el Estatuto institucional. La DPE presentó una Acción de Protección por la vulneración a los derechos a un debido proceso y a la seguridad jurídica. Mediante audiencia pública celebrada el día viernes 23 de febrero, el juez constitucional resolvió declarar la vulneración de los derechos antes indicados y dispuso la inmediata restitución del peticionario a sus funciones.

Además se dispuso disculpas públicas y capacitación sobre el debido proceso como medidas de reparación integral.

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Una persona adulta mayor de 77 años de edad y con discapacidad auditiva del 30% y que tiene una hija con discapacidad psicosocial (mental) presentó un reclamo porque le entregaron una cocina de inducción alegando que era del parte del Gobierno y por ende era gratuita. Además le hicieron firmar un documento como recepción del electrodoméstico.

A partir del mes de febrero del 2017 la denunciante ha tenido varios cortes de energía eléctrica, porque solo ha estado cancelando los valores correspondientes al consumo de energía eléctrica y no de la cocina ni de las ollas, ya que ella nunca los adquirió.

La DPE realizó gestiones para que se proceda al pago únicamente del servicio de energía eléctrica y se anule la venta de la cocina de inducción y un set de ollas. El personal de la Defensoría Provincial Zonal acudió al domicilio de la denunciante para verificar que se restituya el servicio de energía eléctrica.  Además se canceló la factura de USD 721 que fue emitida por la compra de la cocina de inducción que se realizó sin su consentimiento.

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Mediante gestión telefónica, una persona adulta mayor solicitó el acompañamiento a su cita médica en el IESS de Nueva Loja. Esto por temor de que en su condición de jubilado no se le brindaría la adecuada atención.

El 23 de febrero, delegados de la DPE Provincial asistieron a la cita acordada en la casa de salud. Se verificó que la atención se realizó de manera eficaz, segura y de calidad, a fin de que el ciudadano tenga todas las facilidades necesarias a la hora de su cita médica.

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La señora Janneth E. presenta una queja en contra de la compañía DIGI WORKS mostrando su inconformidad al no recibir productos de calidad.

Señala que en mayo de 2017 adquirió una nevera marca LG, por un valor de USD $ 1450.00 en efectivo y en noviembre el artefacto presentó molestias y de forma inmediata dejó de funcionar, en tal razón, se comunicó con el servicio técnico de LG, a lo cual acudieron los técnicos para realizar el respectivo chequeo. Luego de esto, le indicaron que es un daño interno por una fuga de aceite del motor y que la nevera debía ser repuesta por otra, haciendo uso de la garantía.

Con estos antecedentes acude a la Defensoría del Pueblo ya que considera que sus derechos de consumidora han sido vulnerados y exige la entrega de una nueva nevera o la devolución de su dinero.

Una vez que la Coordinación Zonal 9 conoce este caso, convoca a audiencia pública tanto a la peticionaria como a la compañía Digi Works, donde llegan a un acuerdo de conciliación. En febrero de 2018 le fue entregado a la peticionaria un nuevo refrigerador marca LG.