José B., padre de familia de dos niños con estatus de refugiados, solicitó intervención de la Coordinación General Defensorial Zonal 1 en Tulcán debido a que sus hijos no podían acceder al nivel educativo correspondiente.

El peticionario informó que presentó un reclamo ante el Distrito de Educación de San Pedro de Huaca, debido a que sus hijos no han podido asistir a la unidad educativa en la cual se matricularon, pues la prueba que rindieron refleja que no pueden ser ubicados en el nivel educativo al que fueron inscritos según sus edades.

Tras la intervención defensorial, se realizó un proceso interinstitucional entre la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Educación, a través del cual se logró integrar a los niños de nacionalidad colombiana al nivel que les corresponde, tutelando así su derecho a la educación.

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Una persona adulta mayor y con discapacidad solicitó colaboración a la Delegación Provincial de Esmeraldas debido a que representantes de una casa comercial le entregaron una cocina de inducción informándole que la misma tenía un valor de USD 600, pero al momento de revisar la documentación entregada, verificaron que el costo real del electrodoméstico era de USD 771, por lo que solicitó la devolución del mismo.

La Defensoría del Pueblo, luego de admitir el caso; a través de una gestión oficiosa obtuvo respuesta de la casa comercial, quienes informaron que emitieron la nota de crédito a favor de la ciudadana, así como la anulación del proceso en el ministerio de Electricidad y Energía Renovable

De esta manera, se protegieron los derechos de la ciudadana a recibir atención especial, como lo establece la Constitución sobre los grupos de atención prioritaria,  y también derecho a recibir información veraz, clara, oportuna, completa y no engañosa.

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La Delegación Provincial de Pichincha de la Defensoría del Pueblo tuteló los derechos de una persona adulta mayor de 80 años, a quien la empresa Icesa vendió una cocina de inducción sin proporcionar una información clara y oportuna, cayendo en malas prácticas comerciales.

La persona perteneciente a uno de los grupos de atención prioritaria -quien además tiene parkinson- acudió a la Institución Nacional de Derechos Humanos para solicitar intervenga en el caso.

El peticionario informó que representantes de la empresa Icesa acudieron a su domicilio, ubicado en Cayambe, para ofrecerle una cocina de inducción. Aprovechándose de su condición lo obligaron a recibir la cocina y a firmar el contrato, asegurándole que únicamente tendría que pagar USD 2,00 mensuales.

La persona aceptó el acuerdo comercial bajo esas condiciones pero al momento de pagar los valores fueron otros, por lo que acudió a la empresa comercializadora para devolver el electrodoméstico, sin obtener una respuesta favorable.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo activó protocolos inmediatos, tomando contacto directo con el abogado de la empresa Icesa, con quien se llegó a un acuerdo: la devolución de la cocina de inducción y del dinero abonado por el ciudadano.

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La Coordinación Zonal 3 de la Defensoría del Pueblo, a través de una gestión oficiosa, logró que Delgado Travel entregue USD 100,25 a una ciudadana colombiana -con estatus de refugio- a quien la empresa le negó el retiro del dinero que su padre envió desde Chile por no contar con cédula de identidad.

La peticionaria aseguró que en anteriores ocasiones había retirado el dinero presentando únicamente su carné de refugiada pero que en esta ocasión la cajera se negó a entregarle el valor aludiendo a que son políticas de la institución que no se retire ningún monto si no se presenta el documento de identidad.

Al conocer el contexto, la Defensoría del Pueblo tomó contacto inmediato con la cajera de la empresa para explicar la normativa jurídica y los derechos de las personas usuarias y consumidora en situación de movilidad humana. Tras la intervención defensorial se logró que Delgado Travel permita que la transacción se realice.

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Varias personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria solicitaron apoyo a la Coordinación General Defensorial Zonal 6 en Cuenca junto con el Gobierno Autónomo Descentralizado de Molleturo para solicitar colaboración en la devolución de algunas cocinas de inducción.

Las personas peticionarias informaron que recibieron estas cocinas bajo engaños, con información falsa, no veraz ni oportuna por parte de quienes realizan ventas bajo modalidad puerta a puerta.

La Defensoría del Pueblo al conocer sobre estos caso, tomó contacto inmediato con la empresa y gestionó la tutela de derechos de las personas afectadas, quienes tenían algún tipo de discapacidad o eran adultas mayores.

La empresa comercializadora, reconoció el error de sus funcionarios al entregar los electrodomésticos a estas personas, sin analizar previamente sus condiciones económicas y su situación de grupo vulnerable.

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La Coordinación Zonal 9 de la Defensoría del Pueblo tuteló el derecho de una ciudadana a recibir un servicio de óptima calidad, logrando que la empresa Compra Ya devuelva el valor de USD 299,00 por concepto de una cirugía estética que adquirió en esta plataforma online y que lamentablemente no se concretó por un cambio en la fecha de la intervención médica.

La peticionaria a través de Compra Ya adquirió una bichectomía (extracción de glándulas del tejido graso que se encuentran en las mejillas) en una clínica estética. Luego de los exámenes médicos pertinentes, se programó la cirugía.

Lamentablemente, la clínica llamó para cancelar la cita y agendar una nueva fecha, en la que no podía asistir la ciudadana. Motivo por el cual desistió de la intervención y solicitó se le devuelva el dinero.

Al no obtener una respuesta oportuna del centro estético la persona acude a la Defensoría del Pueblo, institución que llamó a una audiencia pública entre las partes y en la que lograron la devolución de los valores cobrados por un servicio que no se llevaría a acabo.