La Defensoría del Pueblo de Ecuador -mediante resolución- exhortó a varias instancias estatales promover acciones con el Comité Interinstitucional contra la Trata, a fin de que se emita un protocolo nacional unificado para la atención y protección a víctimas de trata y tráfico de personas, con el objetivo de brindar una asistencia especializada e integral.

La resolución se presentó tras conocer el caso de un ciudadano colombiano, quien fue víctima de una red de trata con fines de explotación laboral en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. La persona huyó de la red de tratantes y solicitó ayuda a la organización Asylum Access Ecuador. Pero por la particularidad del caso se requirió apoyo de la Fundación Esperanza, ubicada en Quito, organismo que a su vez, informó a la Unidad contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes del Ministerio del Interior y el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado; sin que reciba una atención adecuada.

Frente a este hecho, la Defensoría del Pueblo intervino para garantizar el derecho a acceder a un servicio de calidad y a recibir información de calidad. Como parte de la investigación, la Institución Nacional de Derechos Humanos solicitó información sobre el caso del ciudadano colombiano a diversas instituciones y convocó a varias audiencias a fin de entender la problemática y plasmar en esta resolución alternativas para situaciones similares.

Luego del análisis respectivo, la Defensoría del Pueblo -en la resolución-  instó a la Fiscalía y al Programa de Protección a Víctimas y Testigos a garantizar los derechos de las personas que han sido víctimas de trata de personas y a que activen de mejor manera los mecanismos de coordinación interinstitucional y protocolos de atención. Además, se puntualizó en la no revictimización de las personas en estos casos y en su derechos a un recurso de protección efectivo.

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