El 11 de mayo de 2018, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento público sobre el respeto a los derechos de las personas en movilidad humana, el cual, en ningún momento, pretendió atentar con la honra de la Asambleísta Ana Galarza. Lamentamos que nuestra postura institucional haya sido interpretada en ese sentido y generado incomodidad a la Asambleísta.

Queremos ratificar que nuestro pronunciamiento se enmarca en el total respeto a las leyes nacionales, la Constitución y los Estándares Internacionales de Derechos Humanos. El espíritu del pronunciamiento está encaminado a la defensa de los derechos humanos de todas las personas ecuatorianas o no, que estén en el territorio y aquellos compatriotas que se encuentran fuera de él.

Hay que recordad que las políticas de movilidad humana debe ser abordada desde una perspectiva integral y no solamente como un tema de seguridad y control, sino también como uno de protección, ya que esta población es considerada en nuestra Constitución como un grupo de atención prioritaria. Además, es importante recordar que el Art. 11, numeral 2 de la Constitución del Ecuador establece que:

Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades.

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria (…)

En ese sentido, reafirmamos nuestro compromiso institucional de trabajar por los derechos humanos y exhortamos a todas las autoridades del Estado, especialmente a las encargadas de los temas de seguridad, a que su labor se la realice en apego a las normas y estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.