IMG-20151112-WA0063

Este 12 de noviembre de 2015, la Defensoría del Pueblo, a través de su Dirección Nacional de Análisis Normativo e Incidencia en Políticas Públicas, realizó en Quito un taller sobre exenciones tributarias de personas adultas mayores con el objetivo de abrir un espacio de diálogo entre el Servicio de Rentas Internas (SRI) la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y 60 representantes de asociaciones de personas adultas mayores a escala nacional.

Durante el taller, Johana Jaramillo y Xavier Rosero de la Unidad de Devoluciones de la Coordinación Zonal 9 del SRI hicieron una breve presentación sobre los mecanismos establecidos por dicha institución a nivel nacional para la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre adquisiciones realizadas en el período de un mes de bienes declarados como de primera necesidad  (vestimenta, vivienda, salud, comunicación, deporte, movilidad, transporte) hasta un monto de 5 remuneraciones básicas.

Para el año 2015 la devolución de IVA mensual es de US$ 212,40 y se las puede presentar en las agencias del SRI, de Correos del Ecuador o por Internet de acuerdo al noveno dígito de la cédula.

En este sentido, la Defensoría del Pueblo presentó los resultados de un estudio sobre ordenanzas a nivel cantonal que implementen las exenciones de impuestos a las personas adultas mayores.  A nivel normativo, son muy pocos los municipios que han legislado para establecer mecanismos y procesos de implementación del mandato legal establecido en el artículo 14 de la Ley del Anciano. Así también, de los municipios que cuentan con ordenanzas que regulan las exenciones tributarias de las personas adultas mayores, las mismas establecen una serie de requisitos que puede dificultar el acceso al derecho.

Por su parte, Jorge Bolaños de la Dirección Jurídica de la AME manifestó el interés de la institución para recoger observaciones e inquietudes a fin de generar un nuevo modelo de ordenanza sobre este tema que facilite el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo presentó los resultados preliminares de la investigación sobre la implementación en los GAD provinciales y municipales del presupuesto para los grupos de atención prioritaria en al menos el 10% de los ingresos no tributarios (ingreso proveniente de la venta de bienes y servicios, rentas, multas, rifas, sorteos, transferencias) y se recordó que la sociedad civil debe participar en el proceso de preparación del presupuesto de los GADS con el fin de exigir que se cumpla con esta obligación legal garantizada en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).