La Defensoría del Pueblo ante la alarmante afectación a personas de protección especial y numerosos casos registrados por la comercialización en la modalidad puerta a puerta de cocinas de inducción, presentó el lunes 13 de noviembre del 2017 una acción de protección a fin de precautelar los derechos de la ciudadanía.

Es así que el Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira Silva, acudió hasta el Complejo Judicial del Norte del Consejo de la Judicatura, en la ciudad de Quito para presentar una acción de protección en contra del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable y la empresa comercializadora ICESA.

Ramiro Rivadeneira exigió respeto a la ciudadanía por parte de las empresas comercializadoras e instó a las mismas a realizar sus prácticas de venta con total apego tanto a la Constitución como a la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor.

Según los casos reportados ante la entidad, 2407 personas afectadas han presentado su denuncia, por haber recibido una cocina de inducción bajo engaños, sin información veraz e incluso argumentando que serían favorecidos por políticas sociales si aceptaban el electrodoméstico.

De los 2407 casos presentados, 485 son personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria, es así que, 328 son personas adultas mayores (68%), 62 son personas con algún tipo de discapacidad (13%),  93 de estos casos son personas con doble condición de vulnerabilidad (adulto mayor y con algún tipo de discapacidad), lo cual representa el 19%.

Además, se registran casos en los cuales la vulneración de derechos es hacia  personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades indígenas (241 casos), a personas afroecuatorianas (145 casos) y 61 casos de personas que no cuentan con ninguna instrucción formal.

La Defensoría del Pueblo solicita en la acción de protección que en un plazo de tiempo razonable el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable habilite los mecanismos pertinentes de protección y reclamación para las personas consumidoras. Además, que se garantice la no suspensión del servicio público de energía eléctrica, a los reclamantes afectados por la comercialización de cocinas de inducción.

Por otro lado, respecto a la empresa comercializadora ICESA, cuyas demandas le corresponden en un 51% de todos los casos presentados, se ha pedido la declaración de omisión de su deber al no haber actuado con diligencia para proteger los derechos de las personas consumidoras, con énfasis en la protección de las personas con discapacidad y adultas mayores.

Finalmente, Ramiro Rivadeneira, también señaló que los derechos de las personas consumidoras en el Ecuador no dependen de la voluntad de sus actores, pues su respeto y observancia es una obligación de todos los sujetos que participen en una relación comercial, más cuando se trata de un grupo de atención prioritaria determinado por mandato constitucional.

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