La Defensoría del Pueblo de Ecuador dentro del amicus curiae presentado ante el Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, hace un llamado a la sociedad ecuatoriana a convivir pacíficamente y con respeto a la diversidad, en particular por la histórica y estructural discriminación de la población LGBTI. Asimismo, analiza los límites de la libertad de expresión, haciendo un llamado a erradicar los discursos y prácticas discriminatorias.

Luego de la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, tras la acción de protección y medidas cautelares presentadas por el colectivo LGBTI, el pasado 14 de octubre de 2017, la Institución Nacional de Derechos Humanos a través del amicus curiae fundamenta su reflexión en el principio de no discriminación en el ámbito público y privado.

El prejuicio y la discriminación constituyen discursos y prácticas que impiden el ejercicio y garantía de derechos y generan contextos socioculturales adversos a la convivencia armónica.

Es obligación del Estado desarrollar acciones de prevención, protección y garantía dirigidas a erradicar la discriminación y mitigar cualquier percepción que difunda estereotipos negativos frente a la orientación sexual e identidad de género de las personas.

La libertad de expresión y el derecho a manifestarse constituyen derechos tutelados constitucionalmente; su única limitación de orden jurídico, pero fundamentalmente ética, es el respeto a la dignidad e integridad de las personas, cualquiera sea su condición; esto contribuirá a la convivencia democrática y a la evolución positiva de los derechos humanos.