El 17 de agosto de 2017, la Defensoría del Pueblo de Ecuador lideró una brigada interinstitucional para facilitar el proceso de cedulación de una ciudadana adulta mayor con discapacidad intelectual, quien reside en la parroquia rural de Tandapi, perteneciente al cantón Mejía de la provincia de Pichincha. La ciudadana de 86 años de edad nunca ha tenido cédula de identidad, razón por la que se le negó el derecho a la salud, así como otros derechos asociados.

Por tal razón, en un trabajo coordinado con el Registro Civil, el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos del Cantón Mejía, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII), el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS), el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies); se visitó el domicilio de la ciudadana para verificar su condición, proceder con su cedulación y levantar un informe que permitirá entregarle el carné de discapacidad y el bono de desarrollo humano Joaquín Gallegos Lara.

Durante la la jornada de cedulación el Delegado Provincial de Pichincha de la Defensoría del Pueblo, Roberto Veloz, aseguró que casos como este son los que deben motivar a las y las servidores públicos a actuar e intervenir, en pro de defender los derechos humanos de todas las personas, especialmente de las que pertenecen a los grupos de atención prioritaria. ”Ya con la cédula, que es un documento habilitante, recibirá ayudas técnicas que sin duda aportarán a mejorar su calidad de vida”, mencionó.

Esta acción es resultado de una sentencia favorable tras la demanda que inició la Defensoría del Pueblo contra el Registro Civil por la inscripción tardía de nacimiento de la ciudadana.

La Institución Nacional de Derechos Humanos conoció el caso dentro de otro proceso y al verificar que la adulta mayor vivía con una familia acogiente de escasos recursos, inició una investigación defensorial para buscar los mecanismos más efectivos de ayuda.

Primero, se dispuso atención médica urgente por parte del Distrito de Salud correspondiente, lo que se cumplió. Después se solicitó al Registro Civil toda la documentación respectiva, en la que se reveló que la ciudadana no tenía ningún registro de identidad; con esta información se preparó la demanda a fin de garantizar sus derechos.

Luego de dos audiencias, el 25 de julio de 2017 se obtuvo una sentencia favorable. La jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Mejía dentro del juicio especial dispuso la inmediata inscripción y cedulación de la ciudadana.

Esta es la primera ocasión en que la Defensoría del Pueblo plantea una demanda bajo el nuevo Código Orgánico General de Procesos (Cogep), lo que representa un hito histórico en la institución.

Con esta labor, además de tutelar los derechos a la identidad, salud, dignidad, igualdad y no discriminación, entre otros, se veló porque la adulta mayor continúe con su proyecto de vida pero con calidad, pues se le entregará en coordinación con el MSP y con el Mies, el carné de discapacidad y el bono de desarrollo humano.

Brigadas de cedulación

Este no es un caso aislado, pues se coordina con diferentes instituciones públicas la visita a distintos barrios para cedular a personas adultas mayores, con discapacidad y grupos de atención prioritaria para garantizar sus derechos.

En los cantones del noroccidente de Pichincha se ha cedulado a 15 niños, niñas y adolescentes.

La última semana de agosto se tiene programada una visita a San Miguel de los Bancos y Puerto Quito para cedular a alrededor de 13 personas.