El martes 12 de diciembre del presente, la Defensoría del Pueblo desarrolló una jornada denominada “Discusión y debate sobre derechos sexuales y reproductivos”, dentro de la edición 2017 de “Tiempo de Derechos”, actividades enmarcadas en la conmemoración del aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Desde 2012, la Defensoría del Pueblo ha desarrollado una serie de temáticas relacionadas con los derechos humanos, como parte de la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Para este año, el tema se centró en derechos sexuales y reproductivos, los cuales fueron abordados en dos paneles de discusión y debate con la participación de varias autoridades nacionales y organizaciones de la sociedad civil.

El primer panel estuvo a cargo del Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira Silva, y contó con la participación de la ministra de Salud, María Verónica Espinosa; el ministro de Educación, Fander Falconí; y la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, quienes abordaron la temática desde su competencia, aportando al desarrollo de la discusión.

La Ministra de Salud durante su intervención señaló la importancia de tratar los derechos sexuales y reproductivos desde el ámbito de acceso al derecho a la salud. Además informó que el embarazo en mujeres adolescentes tiene cifras alarmantes a pesar de las políticas públicas implementadas para su disminución.

Según María Verónica Espinosa, el 15% de muertes maternas corresponde a abortos provocados, producto de embarazos no deseados.

Por su parte el ministro de Educación, Fander Falconí expresó la importancia de transparentar todos los casos de delitos sexuales en el ámbito educativo, con el fin de sancionar a los responsables y que estos hechos no queden en la impunidad.

Por otro lado reconoció la necesidad de contar con un sistema integral de protección que permita tutelar los derechos de todas las personas afectadas.

Rosana Alvarado, ministra de Justicia, indicó que las mujeres deben tener derecho a vivir su sexualidad libremente y con seguridad. Añadió también que los derechos de las mujeres son violentados de manera sistemática todo el tiempo y en todos los espacios.

Manifestó que en el Ecuador cada 50 horas una mujer es asesinada por violencia de género, principalmente por contar con una sociedad machista y patriarcal que vulnera a las mujeres y sus derechos.

En tanto, el Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira Silva exhortó a las entidades del Estado presentes a trabajar de manera conjunta por promover y garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo tanto al Estado como a la sociedad civil.

El segundo panel, fue desarrollado por Patricio Benalcázar, Adjunto de Derechos Humanos y de la Naturaleza, y contó con la participación de representantes de la sociedad civil, como el Observatorio Social del Ecuador, el Fondo de Población para las Naciones Unidas, Fundación Desafío y el Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surkuna.

Margarita Velasco, representante del Observatorio Social del Ecuador, manifestó que gran parte de la sociedad desconoce lo que significa acceder a derechos sexuales y reproductivos, pues se asume que los mismos se reducen al hecho de reproducción en el caso de las mujeres.

Lola Valladares, representante del Fondo de Población para las Naciones Unidas, indicó que seis de cada diez mujeres viven violencia de género, mientras que cuatro de cada diez mujeres viven violencia sexual.

Recalcó además que en el tema de acceso a derechos sexuales y reproductivos, las organizaciones de sociedad civil han acompañado procesos de exigibilidad al Estado.

Virginia Gómez de la Torre, representante de Fundación Desafío, expresó que las mujeres mueren a causa de abortos clandestinos, pues temen ser criminalizadas por este acto, lo que podría ser considerado incluso como feminicidio por parte del Estado.

Ana Cristina Vera, representante del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surkuna, dio a conocer cifras sobre mujeres penalizadas por cometer un aborto. Señaló que dentro de los procesos de criminalización, el mayor porcentaje corresponde a mujeres afrodescendientes. Además indicó que este es un tema de análisis pues se evidencia la desigualdad que existe tanto entre hombres y mujeres por el tema de género, como entre las mismas mujeres, ya sea por condiciones económicas, educación, etc., que hace que las mujeres sin recursos realicen procesos sin seguridad, arriesgando su salud y causandoles incluso la muerte.

Patricio Benalcázar Alarcón, Adjunto de Derechos Humanos y de la Naturaleza, invitó a las personas asistentes a trabajar de manera conjunta; tanto Estado como sociedad civil por generar espacios que permitan avanzar en el tema de derechos sexuales y reproductivos, garantizando igualdad de género.

Finalmente Patricio Benalcázar agradeció la participación de las y los expositores que aportaron a la construcción de un discurso que promueva los derechos sexuales y reproductivos, bajo la igualdad y sin discriminación.

Primer Panel

Segundo panel