La Defensoría del Pueblo del Ecuador, Institución Nacional de Derechos Humanos encargada de la protección y promoción de los derechos de las personas, ante los sucesivos ataques ocurridos en la provincia de Pastaza en contra de mujeres defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, expresa su preocupación por estos hechos y por la grave omisión estatal en asumir una política integral de protección para las personas y colectivos que ejercen el derecho a defender derechos.
En el último año en la provincia de Pastaza varias mujeres defensoras han enfrentado distintos ataques en el marco de las acciones que realizan para la promoción y protección de los derechos humanos individuales y colectivos y de los derechos de la naturaleza, frente a los cuales el Estado Ecuatoriano no ha tomado acciones efectivas para su protección y para la garantía de las acciones que realizan.
El hecho más reciente lo han enfrentado Esthela Raquel Morante Georgis, miembro del Consejo de Defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza de Pastaza y Yajaira Anabel Curipallo Alava, Delegada Provincial de la Defensoría del Pueblo del Ecuador.
Raquel Morante Georgis fue ilegal y arbitrariamente detenida por miembros del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) de la Policía Nacional el 9 de octubre de 2018 aproximadamente a las 16H30, mientras manejaba su vehículo. Una motocicleta policial, sin razón aparente, empezó a seguirla hasta que la obligó a frenar y descender de su carro. En ese momento fue detenida, agredida y esposada sin que se le explicaran las razones de su detención ni se identificaran los policías a cargo del procedimiento. Permaneció 20 minutos dentro de un patrullero confinada sin suficiente aire y fue traslada después a las oficinas del GOM en el Comando Centro de Policía de Pastaza con evidentes signos de tratos crueles inhumanos y degradantes.
Hasta ese lugar llegó la Delegada Provincial de Pastaza para verificar la situación de Raquel Morante. En ese momento un miembro de la Policía, quien no se identificó, trató de impedir la actuación defensorial, exigiendo a la Delegada que se retire del lugar y la hostigó tomando fotos sin autorización. Ningún funcionario del GOM conocía las razones de la detención de la señora Morante, sólo que se trataba de un supuesto delito flagrante.
Entre las 19 y las 22 horas de ese mismo día, Raquel Morante fue trasladada al Hospital General del Puyo, donde se le realizó el examen médico legal, previo a ser trasladada al centro de detención provisional “Putuimy”. Después de la valoración médica, el policía a cargo del traslado no retiró ni le proporcionó la medicina recetada en el Hospital.
Mientras tanto, la Delegada Provincial desde las 22 horas aproximadamente intentó presentar de manera verbal ante los juzgados de turno una acción constitucional de hábeas corpus por la ilegal y arbitraria detención, tal como lo faculta la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Sin embargo, después de insistir a jueces y secretarías a que reciban y sorteen la acción constitucional, ésta recayó en la misma Unidad Judicial Penal a cargo de la audiencia de flagrancia; y el juez a cargo de la causa, de manera arbitraria e inconstitucional, optó por convocar a la audiencia penal y no dio trámite expedito a la garantía jurisdiccional de protección de derechos.
La audiencia de flagrancia se desarrolló en las primeras horas de la madrugada del 10 de octubre. Durante el receso ordenado para resolver, la Delegada Provincial fue interpelada por el juez quien la acusó de entorpecer el proceso penal y de una supuesta falta de colaboración interinstitucional. Mientras tanto, la acción de hábeas corpus recién fue aceptada, reducida a escrito y tramitada por los funcionarios judiciales de turno en la ciudad del Puyo a las 02:30 de la mañana, es decir 4 horas y media después de haberlo solicitado. En dicha audiencia se verificó no existir motivo alguno para la detención de Raquel Morante así como vulneraciones durante la detención y se ordenó su libertad, evidenciando la ilegal y arbitraria actuación policial.
En cuanto al hábeas corpus, este fue tramitado recién el 10 de octubre de 2018 y con posterioridad a la audiencia de flagrancia. El juez a cargo en primer lugar se inhibió de conocer la garantía y frente a la rectificación realizada por la Corte Provincial de Pastaza, rechazó en audiencia la demanda de hábeas corpus por considerar que no había “afectaciones a la vida e integridad personal” pese a la existencia de tres certificados médicos emitidos por el Hospital del Puyo, la perito designada por el Consejo de la Judicatura y el médico legal de Fiscalía que confirmaron los malos tratos a que fue sometida por la Policía Nacional. Al contrario, dispuso que el expediente se ponga en conocimiento de Fiscalía para que se investigue el cometimiento de un presunto delito.
A estos graves hechos se suma la asistencia a la audiencia de hábeas corpus del Gobernador, Intendenta y Comisaría de Policía acompañados por altos oficiales y otros funcionarios policiales que sumaban alrededor de 30 en total. A la salida de la audiencia, los policías emitieron mofas y burlas contra Raquel Morante y Yajaira Curipallo e incluso hicieron sonar bocinas de vehículos policiales como celebrando el rechazo de la demanda de hábeas corpus presentada. Incluso, el 11 de octubre de 2018, en rueda de prensa la Policía Nacional ha insistido de manera pública que Raquel Morante ha cometido una contravención, hecho descartado en la audiencia de flagrancia.
Este nuevo ataque a dos mujeres defensoras de derechos humanos, consistente en uso indebido del derecho penal, hostigamientos y amenazas, se suma al incendio provocado el 2 de octubre de 2018 en la vivienda de Margoth Escobar, mujer activista por los derechos humanos y de la naturaleza y que ha sido víctimas de varios ataques previos incluido un proceso de criminalización durante el gobierno anterior por su participación durante las movilizaciones de agosto de 2015. Ella y otras 6 personas fueron detenidas y acusadas penalmente, caso conocido como los 7 de Pastaza.
Estos últimos hechos acontecidos en Pastaza se dan en un contexto de denuncias que han presentado varias mujeres amazónicas de esa provincia sobre amenazas y hostigamientos a sus actividades para la protección de sus territorios indígenas frente a actividades extractivas de petróleo y minería, entre ellas Patricia Gualinga del pueblo Kickwa de Sarayaku quien fue amenazada de muerte y Nema Grefa, presidenta de la Nacionalidad Sápara, beneficiaria de medidas cautelares emitidas por un juez constitucional en septiembre de 2018, ante el riesgo que enfrenta en su territorio a raíz del inicio de actividades de exploración petrolera.
Frente a estos hechos recordamos que el Estado está obligado internacionalmente a, por una parte, promover y garantizar entornos propicios y seguros para el ejercicio de defensa de los derechos humanos y de la naturaleza y, por otra parte, a investigar de manera adecuada y oportuna los ataques que se cometen en su contra, determinar responsables, sancionarlos y reparar integralmente a sus víctimas. Sin embargo, en el presente caso, el abusivo proceso de criminalización y posterior hostigamiento lo ha cometido de manera directa la Policía Nacional con el apoyo de jueces y otros funcionarios judiciales.
En consecuencia la Defensoría del Pueblo del Ecuador:
1. Insta al Ministerio del Interior, a la Secretaría de Gestión de la Política y al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos a que adopten una política integral de promoción y protección de los derechos de las y los defensores de derechos humanos y de la naturaleza de manera independiente al actual sistema de protección a víctimas y testigos.
Dicha construcción de la política integral deberá garantizar el derecho a la participación de las organizaciones de sociedad civil, en especial aquellas que realizan actividades de defensa de derechos humanos y de la naturaleza.
Así mismo deberá tomará en cuenta lo estándares internacionales sobre promoción y protección de defensores de derechos humanos emitidos por el Relator Especial sobre la Situación de Defensores de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en especial lo relativo al reconocimiento de su trabajo, la garantía de entornos propicios y seguros, la existencia de medidas efectivas y adecuadas para su protección así como la investigación y sanción a los responsables de ataques y la reparación a sus víctimas.
2. Insta al Pleno del Consejo de la Judicatura y al Fiscal General del Estado a implementar una política integral en la función judicial que garantice la adecuada y oportuna investigación, determinación de responsabilidades y sanción en caso de ataques cometidos en contra de defensoras y defensores de derechos humanos y de la naturaleza a fin de garantizar la tutela judicial efectiva y la reparación a sus víctimas.
3. Exhorta al Ministerio del Interior que se disponga de manera inmediata una investigación oportuna y eficiente por la actuación de los miembros del GOM que detuvieron ilegal y arbitrariamente a Raquel Morante, así como de los oficiales y otros funcionarios policiales, de la Comisaría, Intendente y Gobernador de Pastaza que asistieron a la audiencia de hábeas corpus de 10 octubre de 2018, por el hostigamiento realizado al finalizar la misma en contra de ella y de la Delegada Provincial de Pastaza.
4. Insta al Consejo de la Judicatura a que investiguen de manera oportuna y adecuada la actuación de jueces y otros funcionarios judiciales que denegaron el tratamiento preferencial de una garantía jurisdiccional de protección de derechos humanos frente al proceso penal y se les sancione por retardo injustificado y falta de tutela judicial efectiva.
5. Recordar al Estado Ecuatoriano que está obligado a proteger y garantizar la vida, integridad y seguridad de todos los habitantes del Ecuador, entre ellos el de las y los defensores de derechos humanos y de la naturaleza, por lo que advertimos que cualquier hecho que suceda en contra de Raquel Morante y de Yajaira Curipallo es responsabilidad estatal debido a los ataques de los que fueron objeto.
Finalmente señalar que la Defensoría del Pueblo está dispuesta a aportar y orientar desde el enfoque de derechos humanos para la construcción de esta política integral de promoción y protección de derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza.
Gina Benavides Llerena
Defensora del Pueblo (e)
Para descargar el pronunciamiento de click Aquí