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Una ciudadana acudió hasta las oficinas de la Coordinación Zonal 1 en Tulcán, luego de haber adquirido una lavadora en un almacén de la ciudad, que al poco tiempo de uso presentó desperfectos en su funcionamiento. La peticionaria informó que a los pocos días de haber comprado el aparato eléctrico, se presentaron molestias en el mismo por lo que acudió hasta las oficinas del almacén. Luego de la queja presentada el servicio técnico realizó un cambio de piezas en el aparato de lavandería, pero lamentablemente los desperfectos siguieron presentándose y el almacén ya no quiso hacerse cargo del inconveniente, a pesar de haber realizado dos inspecciones.

La ciudadana decidió presentar la denuncia correspondiente ante la Defensoría del Pueblo. Una vez se conoció del caso, la Coordinación General, se comunicó con el personal del almacén para que se pueda dar solución a este problema. El almacén, luego de reconocer su error, entregó un equipo nuevo a la persona afectada, quien tuvo que cancelar un valor adicional por el cambio de marca y de modelo del artefacto.

De esta manera se tutelaron los derechos de la peticionaria y se realizó también una exhortación al personal del almacén para que brinden a su clientela servicios de calidad.

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La Delegación de Esmeraldas al conocer del caso de un ciudadano de nacionalidad colombiana, a quien se no se le había permitido renovar su licencia de conducción, decide realizar una acción oficiosa que permita tutelar los derechos del ciudadano.

Al parecer, en la Agencia Nacional de Tránsito de Esmeraldas, le manifestaron que sus datos no estaban registrados en el sistema y por tanto no podía renovar su licencia de conducción. Sin embargo para el proceso de matriculación no tuvo ningún inconveniente.

La Delegación, tomó contacto con la titular de la ANT Esmeraldas, a fin de conocer los motivos por los cuales no se cuenta con el registro del ciudadano. Una vez dicha entidad realiza una inspección corrobora un error en el sistema y solicita a la Defensoría del Pueblo informar sobre la solución del inconveniente al ciudadano para que pueda acercarse a renovar su documento.

El ciudadano afectado agradeció la intervención defensorial que permitió solventar su inconveniente de manera rápida y acceder a la licencia, único documento válido para conducir.

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Amanda A. y Francisco V., padres de familia de Emily A., presentaron una denuncia ante la Delegación Provincial de Imbabura, pues los derechos de su hija estaban siendo vulnerados.

La niña, se encontraba estudiando en una fundación en la ciudad de Ibarra, pero afirmaron que debido a los atropellos que la niña estaba recibiendo por parte de la autoridad del establecimiento decidieron cambiar de unidad educativa a su hija.

Para legalizar el cambio, les solicitaron a los padres de familia una serie de documentos, entre los que constaban el expediente de la niña, registro de calificaciones y un informe económico sobre los fondos de la estudiante. El Rector del Colegio informó que entregaría la documentación siempre y cuando se tuvieran los valores pendientes al día y que además lo haría directamente al nuevo establecimiento educativo, sin querer entregar la documentación a sus progenitores.

La Defensoría del Pueblo al conocer el caso tomó contacto inmediato con la Fundación Educativa Ibarra, lugar donde estudiaba la niña para conocer el motivo por el cual no quisieron entregar la documentación correspondiente al expediente de la niña. La máxima autoridad de la unidad educativa informó que directamente iba a presentar todos los documentos en el nuevo establecimiento y que notificaría de esta entrega a la Delegación Provincial. Efectivamente una vez otorgó los papeles, informó sobre esta novedad a la Delegación y a los familiares de la menor.

Así se logró tutelar el derecho a la educación de la niña, que se encontraba vulnerado.

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Una mujer adulta mayor no podía ser atendida en el hospital Marco Vinicio Iza a pesar de su grave situación de salud, pues no contaba con ningún documento de identidad. La condición médica de la paciente requería una transferencia inmediata a la ciudad de Quito para que pueda recibir el tratamiento necesario, pero lamentablemente no podía ser posible su traslado al no contar con ninguna identificación.

El hijo de la mujer, se acercó hasta la Defensoría del Pueblo en Sucumbíos para solicitar ayuda frente a este caso, por lo que funcionarios de la institución decidieron trasladarse hasta la casa de salud para realizar una gestión oficiosa en el caso.

Luego de mantener una reunión de trabajo con las autoridades del hospital, se le solicitó al hijo que realice una llamada al ECU911 para que allí únicamente le asignen un código a la paciente y la misma pueda ser trasladada a la ciudad de Quito.

Una vez se realizó la llamada, personal del ECU911 tomó la emergencia y transportó a la persona adulta mayor hasta la capital, quien pudo recibir su tratamiento médico a tiempo. El familiar agradeciendo el trabajo interinstitucional realizado, que permitió que su madre acceda a su derecho a la salud a tiempo y pueda recibir el tratamiento necesario.

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La Delegación Provincial de Pichincha junto al Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII) tutelaron los derechos de dos personas adultas mayores a quienes presuntamente su la familia estaban vulnerando.

En un trabajo interinstitucional se logró que la familia llegue a acuerdos concretos como fue la devolución de USD 16 000 a los dos adultos mayores con el fin de que empleen ese dinero en su proyecto de vida.

Para ello, se realizó un acercamiento con el Fiscal quien mantenía una causa penal con los mismos actores por abuso de confianza. Se remitió para el caso tanto los informes realizados como la resolución defensorial. En base a las recomendaciones expuestas se otorgaron medidas de protección a la persona adulta mayor, disponiendo atención médica y seguimiento.

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Una persona adulta mayor comparece a la Delegación Provincial de Napo de la Defensoría del Pueblo solicitando que se realice una gestión oficiosa para esclarecer el alto rubro en las planillas de consumo de energía eléctrica de su domicilio. Además la peticionaria menciona que la empresa proveedora del servicio no hace efectivo el descuento especial de conformidad a la Ley del Anciano.

En ese contexto, la Defensoría del Pueblo realiza una visita a la sección técnica a la empresa eléctrica de Napo para solicitar información sobre el consumo regular y la facturación del medidor de energía. Se constató que en febrero de 2017 se consumió un promedio de 85 kWh, consumo normal.

En cuanto al descuento por ser una persona adulta mayor, la empresa eléctrica procedió a validar el mismo luego de que la persona peticionaria actualizó sus datos en servicio al cliente. De esta manera se logró tutelar los derechos del ciudadano.

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Un ciudadano acude a la Coordinación Zonal 3 de la Defensoría del Pueblo para presentar una petición en contra de un local comercial debido a que adquirió una cocina industrial que presentó fallas, por lo que la devolvió para revisiones técnicas, donde recibió una mala atención y ninguna solución al inconveniente.

El peticionario indicó que cuando compró la cocina claramente especificó que la necesitaba para el uso de calderos de tamaño 50 y que el producto que le entregaron solo resistía ollas de tamaño 30, por lo que solicitó el cambio o la devolución de su dinero, sin tener una respuesta favorable.

La Defensoría del Pueblo inició una gestión oficiosa con el fin de proteger los Derechos de Consumidor emanados en la Constitución. Es así que se tomó contacto con el proveedor para exponer la situación e informarle sobre los derechos del consumidor.

En audiencia pública las partes llegaron a un acuerdo amistoso, en el que el local comercial se comprometió a entregar una cocina industrial de tres quemadores operativamente para calderos de 50 y 45 cm utilizando como base la cocina antes adquirida sin costo adicional.

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La Delegación Provincial de Cotopaxi de la Defensoría del Pueblo recibió el caso de un ciudadano, quien tenía una deuda pendiente con un almacén comercial por falta de recursos económicos, debido a que fue diagnosticado con una enfermedad catastrófica que le impidió continuar cancelando sus haberes.

Mediante una gestión oficiosa y comunicaciones telefónicas con el asesor jurídico, se consiguió que se diera de baja la deuda pendiente del consumidor y se le retire el bien, protegiendo sus derechos.

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Un ciudadano presenta una petición verbal en la Delegación Provincial de Pastaza de la Defensoría del Pueblo, debido a que su vivienda es perjudicada a causa de un desbanque realizado por su colindante, mismo que ha sido informado a la Comisaría de Construcciones del Municipio de Pastaza, sin que se de solución.

El peticionario solicitó se realice un seguimiento a la Dirección Provincial de Ambiente de Pastaza, pero tampoco recibió una respuesta favorable. Por tal motivo, la Defensoría del Pueblo inició una investigación defensorial por presumirse la vulneración del derecho constitucional de vivienda contemplado en el Art. 66 de la Constitución.

Se efectúan visitas in situ, entrevistas y reuniones de trabajo para constatar el eminente peligro de la vivienda. Trás la investigación defensorial se determinó que la entidad competente para conocer y sancionar de ser el caso es el Ministerio del Ambiente, institución a la que se derivó el poder de ejecutar el acto administrativo de resolver la situación, llegando a sancionar a la persona que causaba el perjuicio a la vivienda del ciudadano.

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Un ciudadano presentó una petición en la oficina de la Coordinación Zonal 5 de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, a través de la cual manifestó que es electromecánico y calificado como artesano por el MIPRO y que desde el 2008 que tiene su taller ha sido exonerado del pago de impuestos y tasas, incluido el permiso de bomberos. Sin embargo, este año le están cobrando el permiso bajo el argumento de que su certificado no procede y que debe cancelar los valores para que le otorguen el permiso.

Una vez ingresado el caso, se realizó la correspondiente gestión oficiosa y, mediante comunicación telefónica, se toma contacto con el abogado del GAD de Milagro a quien se le solicita una respuesta inmediata a la petición.

Adicionalmente, mediante correo electrónico se solicita a la Asesora Jurídica de la EP-Cuerpo de Bomberos de Milagro, que realice las gestiones que sean necesaria para brindar atención oportuna al ciudadano, ante lo cual se recibe una respuesta positiva y el día 28 de marzo de 2017 el peticionario obtiene los permisos de funcionamiento de su local, es decir las patentes otorgadas por el GAD Milagro y el Cuerpo de Bomberos, con lo cual puede ejercer su derecho al trabajo.

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La Delegación provincial de Bolívar recibió una petición escrita por parte de los estudiantes del noveno ciclo de la carrera de Veterinaria de la facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Estatal de Bolívar, donde manifestaron que al ser sujetos de constantes malos tratos y acoso por parte de un docente de esta carrera, solicitaron a las autoridades de la Universidad que se realice el cambio inmediato del docente sin embargo, las autoridades no han atendido este requerimiento oportunamente. Una vez admitido el caso, la Delegación provincial, mediante resolución defensorial, solicitó la intervención inmediata y oportuna de las autoridades de la Universidad para atender el pedido de los estudiantes y de no existir respuesta se procederá a informar del caso a instancias públicas de educación superior.

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Una ciudadana presentó su reclamo en esta Delegación provincial. La peticionaria indica que lleva trabajando 5 años en su puesto de venta de flores respetando la línea de fábrica donde comienza la vereda y pagando los impuestos y permisos que le corresponden pero, de forma abrupta y sin notificación alguna, el señor Comisario Municipal de Quevedo le indicó que no podía seguir trabajando en dicho puesto, negándole el derecho constitucional al trabajo.

De forma inmediata se ingresó la petición y se solicitó toda la documentación e información necesaria para tratar de solucionar el problema y se convocó a audiencia pública a las partes. Se logró llegar a un acuerdo en el acta de audiencia en la cual se solicita que la peticionaria siga laborando en dicho puesto de trabajo, en virtud de que se trató de un mal entendido entre las partes.

La representante del alcalde del GAD municipal de Quevedo en la audiencia convocada para este caso, manifestó que no es tema de persecución contra nadie pero los vendedores de esta área en un futuro serán reubicados en otro lugar donde podrán ejercer su actividad laboral de mejor manera y en un ambiente más cómodo puesto que la Municipalidad de Quevedo está realizando una mejoría en las calles y planeamiento urbano dentro de sus competencias. Es así que mediante la intervención defensorial se logró proteger el derecho al trabajo de la afectada.

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Soraida P., representante del Sistema Comunitario de Agua Tres de Mayo – Río Amarillo, intentó presentar una denuncia verbal en la Fiscalía en contra de ETAPA EP, pero en la Fiscalía le informaron que la denuncia debía presentarse de manera escrita. La ciudadana luego de aplicar la recomendación brindada intentó ingresar nuevamente su pedido, pero el mismo no constaba tipificado el delito, según la Fiscalía, por tanto tampoco pudo ser admitido.

La ciudadana se acercó hasta las oficinas de la Coordinación Zonal 6 en Cuenca para dar a conocer las novedades presentadas al momento de querer presentar una denuncia. La Defensoría del Pueblo a través de su Coordinador inicia una gestión oficiosa a fin de conocer los motivos del accionar de la Fiscalía y solicita una reunión de trabajo con Adrián Rojas Fiscal Provincial del Azuay, a quien se le dio a conocer sobre la existencia de varios casos que no han sido admitidos por no contar con la tipificación del delito.

Se le solicita al Fiscal Provincial el ingreso de todas las quejas presentadas, pues se han vulnerado varios derechos de la ciudadanía entre ellos, tutela efectiva, seguridad jurídica y el derecho de petición.

El representante de la Fiscalía admitió de manera inmediata los casos, garantizando así el derecho de las personas a acceder a la justicia y a la tutela.

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Dentro de los procesos misionales de la Defensoría del Pueblo, consta la actividad de educación. Bajo este antecedente, la Delegación Provincial de Zamora Chinchipe desarrolló jornadas de sensibilización con adolescentes de la provincia con el objetivo de compartir aspectos básicos sobre los derechos humanos.

Con esta actividad se busca promover en la ciudadanía un empoderamiento de derechos que permita fortalecer las relaciones entre la ciudadanía y la institución nacional de derechos humanos, y de esta manera realizar un trabajo conjunto y coordinado a favor de los derechos de todos y todas.

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La Coordinación Zonal 8 de la Defensoría del Pueblo, de acuerdo a la queja presentada por Carlos V., admitió la petición con el objeto de tutelar sus derechos a recibir un servicio privado de calidad, con eficiencia eficacia y buen trato, y el derecho a la vivienda, presuntamente vulnerados por la Compañía Inmobiliaria Ambiensa S.A.

Pese a que el ciudadano adquirió la vivienda por medio de un préstamo hipotecario con el  Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) la compañía no le entregó el bien inmueble, por lo que se inició una gestión oficiosa en la que instó a la empresa resuelva el retraso lo antes posible.

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Un ciudadano azerí, de la República Democrática de Azerbaiyán, solicitante de refugio y con orden de deportación es trasladado al Hotel Carrión y luego de varias gestiones se determinó que no hay una fecha exacta para su deportación, lo que implica una privación de libertad indefinida por ende inconstitucional.

Tras conocer esta situación, la Coordinación Zonal 9 de la Defensoría del Pueblo inició una investigación defensorial para analizar el caso e instrumentar una garantía jurisdiccional de Hábeas Corpus, que fue sorteada ante un Tribunal Penal de Pichincha.

La participación de la Zonal 9 fue esencial pues activó el sistema de justicia constitucional a fin de garantizar el derecho del ciudadano azerí y se logró proporcionar elementos de convicción que permitieron al Tribunal fallar a favor del ciudadano, logrando su inmediata libertad.

Con esta garantía jurisdiccional se tuteló el derecho a la libertad del ciudadano azerí, quien se encontraba además de encontrarse en una situación de movilidad humana tiene una discapacidad.