Una ciudadana se acercó hasta la Coordinación General de la Defensoría del Pueblo para solicitar apoyo debido a que no cuenta con el carnet que el Ministerio de Relaciones Exteriores entrega a las personas en situación de movilidad y por este motivo no puede visitar a su hijo que se encuentra en el centro de privación de libertad de Tulcán.

La peticionaria informó que en el centro le solicitan el carnet para poder ingresar, pero ella cuenta únicamente con un certificado expedido por Cancillería, sin embargo no le hacen válido el mismo y por eso no ha podido visitar a su hijo en el centro de privación.

La DPE tomó contacto con la Directora del centro y le explicó el caso, además se señaló que el certificado tiene el mismo valor que el carnet de refugio, pues es un documento emitido por una entidad estatal.

La Directora al conocer el caso, dispuso el ingreso de la ciudadana y de toda persona que se encuentre en la misma situación. De esta manera la ciudadana pudo visitar a su hijo y principalmente acceder a sus derechos.

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Un ciudadano presentó una denuncia ante la Delegación Provincial de la Defensoría del Pueblo de Imbabura debido a que adquirió una cocina de inducción con información falsa y bajo presión, violentando los principios fundamentales de una persona a escoger libremente y con información veraz, clara y oportuna.

El peticionario informó que recibió visitas en su domicilio de personas que le indicaron que era obligatoria la adquisición de la cocina de inducción, ya que el costo del cilindro de gas iba a elevarse además le indicaron que si compraba la cocina ese momento recibiría una promoción y que ellos se encargaría de realizar la conexión correspondiente para la utilización del electrodoméstico.

Luego de algunos días el ciudadano se dio cuenta que la información entregada por parte de quienes le ofertaron la cocina fue falsa, por lo que solicitaba la devolución del producto.

La Delegación de Imbabura al conocer el caso realizó los trámites correspondientes para entregar a cocina de inducción, incluso porque en el sector donde habita el peticionario no se cuenta con con red pública de 220w.

El supervisor de la empresa inducción ec, al conocer la denuncia del peticionario se comprometió a comunicarse directamente con el mismo para solucionar el caso. Días después la persona afectada indicó a la DPE, que efectivamente su compra fue anulada y que solicitaba el archivo del caso correspondiente.

De esta manera se dio paso a desistimiento de la denuncia, pues la misma fue resuelta de manera positiva entre las partes. El peticionario agradeció la intervención defensorial que le permitió acceder a bienes y servicios de calidad.

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José P., presentó una queja ante la Delegación Provincial de Sucumbíos debido a que solicitó el proceso de calificación de discapacidad en el Centro de Salud Abdón Calderón de Lago Agrio y debido a que su número de visa no ingresa en el sistema y por tanto no han podido dar continuidad al trámite, por lo que solicita la intervención de la Defensoría del Pueblo.

La DPE al conocer el caso, dio trámite al mismo para tutelar los derechos de una persona en doble condición de vulnerabilidad, pues se encontraba en situación de refugio y tenía discapacidad.

En la provincia de Esmeraldas, la Defensoría del Pueblo presentó un caso similar, motivo del cual la Jueza de Garantías Penales aceptó una acción de protección para que todas las personas extranjeras puedan acceder al programa de calificación de discapacidad, habilitando un espacio idóneo para ingresar los números de identificación de las visas de las personas de nacionalidad extranjera.

Teniendo en cuenta, este antecedente se notificó al Ministerio de Salud sobre el particular a fin de brindar la asistencia al ciudadano y pueda acceder a sus derechos. Es así que luego de realizar el trámite correspondiente se obtuvo como resultado la entrega del carnet de discapacidad al peticionario quien se encuentra en nuestro país en calidad de refugiado.

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La Delegación de Pichincha de la Defensoría del Pueblo de Ecuador tuteló los derechos de consumidor de Carlos Y., quien presentó una queja contra la empresa Jardines del Valle por no entregar información precisa y una respuesta oportuna por un servicio de columbarios adquirido.

El peticionario mencionó que en 2003 contrató el servicio de columbario y cremación individual, por un valor aproximado de USD 340,00 dólares. Al inicio las cuotas se cancelaron a través de débito bancario y posterior a ello, una persona de la empresa acudía a su domicilio a cobrar el dinero, hasta que un día ya no asistió más, por lo que el ciudadano entendió que finalizaron las cuotas.

En el 2016 la suegra del peticionario fallece, motivo por el cual el ciudadano buscó este tipo de servicio en Jardines del Valle. Pero al momento de acercarse se le indica que tiene una deuda de USD 28,00 y que por esta razón había perdido los derechos correspondientes al contrato firmado.

Con el fin de garantizar los derechos de consumidores, la Defensoría del Pueblo realizó una gestión oficiosa en la que ambas partes se reunieron y llegaron a un acuerdo amistoso, evitando la invalidez del contrato.

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La ciudadana Fabiola C. acudió a la Delegación Provincial de Napo la Defensoría del Pueblo para presentar una queja contra el Registro Civil por negarle a su nieto -menor de edad- la obtención de su cédula por ausencia de la madre; afectando sus derechos a la identidad y a la educación al no contar con este documento habilitante para matricularse en cualquier institución educativa.

Al momento de acercarse al Registro Civil le indicaron que la madre del niño tiene que estar presente para la filiación, negándole la posibilidad de sacar el documento de identidad. La peticionaria aseguró que la madre del niño lo dejó a su cargo desde pequeño y desconocían su paradero.

Una vez recibida la queja, la Defensoría del Pueblo inició una gestión oficiosa, mediante la cual se tomó contacto con los funcionarios/as del Registro Civil en Pastaza para exponer la situación del menor de edad.

Luego de conocer los antecedentes el Registro Civil accedió a realizar la inscripción con la presencia de dos testigos y el padre de niño. De esta manera se protegieron los derechos a la educación y la identidad de esta personas perteneciente a un grupo de atención prioritaria.

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Fanny T. se acercó a la Coordinación Zonal 3 de la Defensoría del Pueblo para solicitar el traslado de su hijo de una institución educativa privada a una pública, pues por motivos económicos no podía continuar en el establecimiento particular.

La peticionaria solicitó al Distrito de Educación de Ambato el cambio de su hijo de la Unidad Educativa "Ambato De Los Angeles" a la Unidad Educativa "Teresa Flor", donde laboraba. Lamentablemente no recibió ninguna respuesta.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo inició una gestión oficiosa, dentro de la cual se tomó contacto con el Distrito de Educación exponiendo los hechos y la situación por la que atraviesa la familia.

Al ser el niño una persona perteneciente a un grupo de atención prioritaria, a quien se le vulnera su derecho a la educación, el Distrito de Educación gestionó el traslado, tutelando así los derechos del niño.

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La Delegación Provincial de Cotopaxi de la Defensoría del Pueblo recibió el caso de una ciudadana, a quien los ministerios de Trabajo y Educación vulneraron el derecho de petición, al no otorgar una respuesta oportuna sobre un supuesto impedimento para ejercer un cargo público.

La ciudadana tramitaba el acceso a la jubilación universal para lo cual debía contar con un certificado que avale el no tener impedimento de ejercer un cargo público, por lo que acudió al Ministerio de Trabajo en busca de este requisito. Ahí, la entidad le manifestó que tenía un bloqueo por un proceso de destitución que mantenía con el Ministerio de Educación.

La peticionaria efectivamente siguió un proceso en 1987 contra el Ministerio de Educación, en cual demandó ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Quito y obtuvo una sentencia favorable donde se ordenaba la restitución inmediata a su puesto de trabajo.

En función de lo descrito, la ciudadana solicitó en varias ocasiones tanto a Ministerio de Trabajo como de Educación la solución a su inconveniente sin tener respuesta alguna, vulnerando su derecho de petición.

Por esta razón, la Defensoría del Pueblo intervino y mediante gestión oficiosa logró levantar el impedimento que constaba en el expediente de la servidora, tutelando sus derechos al trabajo y de petición.

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Una persona de la tercera edad presentó una queja en la Delegación Provincial de Pastaza de la Defensoría del Pueblo contra la Empresa Eléctrica Ambato S.A. por cancelar el servicio sin razón alguna, privándolo de este servicio básico.

El peticionario aseguró que está al día con los pagos del servicio hasta el mes de agosto y quien está impago es el arrendatario, pues tiene valores pendientes de otros medidores por lo que la empresa eléctrica se niega a reinstalar el servicio.

La Defensoría del Pueblo intervino y explicó el caso a la empresa proveedora. Luego de revisar la situación, se dispuso la reinstalación de manera inmediata.

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Luz M., una ciudadana adulta mayor solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo para realizar la devolución de una cocina de inducción debido a su avanzada edad y por no tener pleno conocimiento de los hechos.

La peticionaria informó que adquirió una cocina de inducción, pero al parecer no tenía pleno conocimiento de lo que sucedía, por tal motivo decidió devolver el electrodoméstico pero al no tener una respuesta positiva se acercó hasta la Coordinación General de la Defensoría del Pueblo en la provincia del Azuay para presentar el caso.

La DPE tomó contacto inmediato con el almacén y expuso las condiciones en las cuales se realizó esta adquisición y sobre todo el estado de la peticionaria, por lo que el almacén accedió a recibir la cocina de inducción y anular la compra.

De esta manera se tutelaron los derechos de la peticionaria, quien pertenece a un grupo vulnerable.

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Una ciudadana solicitó colaboración de la Delegación Provincial de El Oro, debido a que la Policía Municipal de Machala había sustraído, según ella, de manera abrupta y violenta su herramienta de trabajo y necesitaba recuperarla para poder trabajar.

La peticionaria informó a la Defensoría del Pueblo que ella se desempeña como comerciante y vende morocho con empanadas en uno de los parques centrales de la ciudad. Sin embargo la Policía Municipal retuvo un triciclo que le sirve para transportar los alimentos.

La Defensoría del Pueblo, junto con la ciudadana se acercaron directamente a la Comisaría Municipal del cantón Machala y luego de una reunión mantenida con las autoridades de dicha entidad para explicar los derechos que estaban siendo afectados a la peticionaria.

Finalmente se realizó un acta de entrega del triciclo y se llegó a un acuerdo entre las partes para que no vuelvan a repetirse actos violentos como estos. La peticionaria agradeció la atención brindada por la DPE que le permitió obtener nuevamente su herramienta de trabajo y continuar generando ingresos para su familia.

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Un padre de familia solicitó a la Defensoría del Pueblo su intervención, debido a que su hijo iba a perder el año escolar debido a una acumulación de faltas injustificadas, según le informaron en la unidad educativa.

Ricardo V., acudió hasta las oficinas de la Defensoría del Pueblo en Zamora Chinchipe, debido a que su hijo no iba a poder ser matriculado en el próximo nivel por la acumulación de faltas injustificadas, requisito a tomar en cuenta para ser promovido de año.

La DPE al conocer el caso tomó contacto con la unidad educativa para verificar el mismo. Es así que una vez se realizó una reunión con la autoridad del colegio, se determinó que se disponga la matrícula del estudiante y pueda ser promovido de año.

A través de una resolución defensorial se tuteló el derecho a una educación de calidad para el adolescente, quien pudo continuar sus estudios con total normalidad en el nivel que le corresponde.

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Jenny Z. solicitó a la  Coordinación Zonal 9 de la Defensoría del Pueblo, que intervenga con el Ministerio de Educación, para que su hijo sea reubicado en en otra institución educativa, pues teme por su seguridad e integridad.

La peticionaria manifiesta que su hijo fue asignado al Colegio Nacional Pomasqui, establecimiento educativo en el que se encuentra con sus ex compañeros/as de escuela, con quienes no tenía una buena relación, al punto de ser agredido. Además, Jenny aseguró que sus otros dos hijos están en el Colegio María Angélica Idrobo, por lo que le gustaría que los tres hermanos estudiaran juntos.

Al conocer el particular, la Defensoría del Pueblo remitió el caso del niño a la Directora del Distrito 3 “La Delicia” del Ministerio de Educación, con el fin de que analice la situación por la que atraviesa el menor de edad, pues los altercados sufridos en el pasado no le permitirán desarrollar las actividades escolares en un ambiente adecuado, al contrario estaría vulnerable ante la posibilidad de nuevas agresiones.

Al respecto, la Institución Nacional de Derechos Humanos solicitó a la Directora Distrital del Ministerio de Educación que analice la información remitida por esta dependencia y en garantía de los derechos del niño sea reubicado en otra entidad educativa, con la finalidad de salvaguardar su integridad física y psicológica.

Además, se le sugiere que en el marco de sus competencias, genere las acciones correspondientes para que el niño sea reagrupado con sus dos hermanos en el Colegio María Angélica Idrobo, y así garantizar el derecho a una vida libre de violencia.

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La Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE) emitió una resolución para tutelar los derechos de los/as moradores/as del barrio El Rosal del cantón Guano, provincia de Chimborazo, a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación. La intervención defensorial logró que la entidad competente disponga la inmediata suspensión de la actividad productiva.

El caso se conoció gracias a una ciudadana, quien acudió a la Delegación Provincial de Chimborazo de la DPE para informar que dicha fábrica emana todo el tiempo malos olores que afectan a toda la zona e incluso influye gravemente en el estado de salud de las personas. Su hija de 11 años, por ejemplo, tiene cáncer de tiroides y los gases tóxicos la afectan directamente, por lo que solicita se tomen medidas urgentes para precautelar el derecho de las personas a un ambiente sano.

Pese a las múltiples solicitudes de ciudadanos y ciudadanas del sector a las autoridades, no se tomaron medidas al respecto. Es así, que la Institución Nacional de Derechos Humanos inició una investigación defensorial y junto al Ministerio de Ambiente (MAE) visitó la fábrica para constatar la existencia de contaminación ambiental.

Durante la visita, efectivamente se constató el daño ambiental y social causado a consecuencia de la actividad productiva de esta fábrica. Por tal motivo, el MAE como entidad competente procedió a la clausura del establecimiento.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió una resolución en la que reconoció el oportuno accionar de la autoridad ambiental, pero también recomendó que en el caso de existir afectaciones a derechos ciudadanos inicien acciones legales y administrativas.