CASOS EMBLEMÁTICOS

Defensoría en Acción – 30 de noviembre de 2017

jueves, 30 noviembre 2017, 3:25 pm

La Delegación Provincial de Pichincha de la Defensoría del Pueblo en coordinación con varias instituciones del Estado tuteló los derechos humanos de una persona adulta mayor, a quien su hijo despojó de sus ahorros, dejándola en abandono.

La Institución Nacional de Derechos Humanos tras conocer el caso de esta persona -perteneciente a uno de los grupos de atención prioritaria- domiciliada en San Rafael, en el Valle de Los Chillos, y realizó una visita in situ para verificar su estado de salud y las condiciones en las que vivía.

La adulta mayor se encontraba en total abandono y muy delicada de salud. Frente a este escenario se articuló con varias instituciones del Estado una atención integral.

Es así que el Ministerio de Inclusión Económica y Social se comprometió a encontrar una casa hogar que acoja a la persona adulta mayor. Asimismo, se derivó a la Fiscalía General de Estado el caso por presunto delito de abandono.

Por solicitud de la Fiscalía de Pichincha se realizó una audiencia de reparación integral voluntaria, en la que se llegó al acuerdo de devolución de USD 12 000, ahorros de la persona adulta mayor para que continúe con su proyecto de vida. Con esta intervención se garantizaron los derechos a una vida digna, al buen vivir y a la salud de la peticionaria.

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La Coordinación Zonal 3 de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, a través de una gestión oficiosa logró que la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. aplique el porcentaje de descuento que corresponde a dos personas adultas mayores, en el servicio de energía.

Luis C., persona adulta mayor, acudió a la Defensoría del Pueblo para solicitar que la institución intervenga. Al conocer el caso se tomó contacto con el jefe de atención al cliente de la empresa proveedora del servicio para aclarar el caso de esta persona y los derechos que establece la Constitución en este tipo de casos.

Luego de la explicación, la Empresa Eléctrica Ambato se comprometió a aplicar el descuento respectivo, tutelando así los derechos del peticionario.

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Marcela M. se acercó a la Delegación Provincial de Chimborazo para presentar una queja contra una entidad bancaria por obligar a la adquisición de un seguro de vida con la entrega de una tarjeta de crédito, que le aseguraron no tendría ningún costo.

La peticionaria aceptó la tarjeta de crédito porque le reiteraron que no se le descontaría ningún rubro, pero para su sorpresa se le débito a USD 647,37 por concepto de un seguro de vida. La ciudadana solicitó información y la devolución de los valores pero no recibió respuesta, ni de la aseguradora ni de la institución bancaria.

Por tal motivo, la Defensoría del Pueblo inició una gestión oficiosa logrando la devolución del dinero y cancelado el seguro. De esta forma se tutelaron los derechos de consumidor de la persona.

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La Coordinación Zonal 9 de la Defensoría del Pueblo mediante gestión oficiosa logró que el Hospital Eugenio Espejo realice una intervención quirúrgica especial a una ciudadana a quien debían extirpar un tumor en el páncreas.

La peticionaria se acercó a las oficinas de la Defensoría del Pueblo indicando que por cinco veces la casa de salud canceló la operación programada debido al cuadro de alergias que padece y las complicaciones que podrían presentarse por ese motivo.

La ciudadana es alérgica a ciertos insumos médicos como guantes de látex quirúrgicos, anestesia, ibuprofeno, entre otros.

Una vez que la Coordinación General Defensorial Zonal 9 conoció este caso, solicitó al Hospital Eugenio Espejo un informe sobre la situación de salud de la peticionaria y cuál sería la solución viable a fin de garantizar el derecho a la salud de la ciudadana. Además se visitó el hospital con la finalidad de gestionar con la directora médica y con los médicos tratantes una respuesta inmediata por la emergencia del caso.

El Hospital Eugenio Espejo resolvió llamar a un Consejo Médico (compuesto por el jefe de cirugía, cardiólogo, oncólogo, alergólogo, patólogo y psiquiatra para determinar el procedimiento a seguir) quienes programaron la cirugía, tutelando el derecho a la salud de la ciudadana.