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En julio de 2016, un ciudadano acude a la Coordinación Zonal 2 de la Defensoría del Pueblo para denunciar que autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Luis de Armenia, arbitrariamente allanaron su domicilio, cortando árboles frutales de su propiedad con el objetivo de derrocar su casa para ejecutar un proyecto de construcción de una plaza pública en la parroquia.

Ante el presente caso la Defensoría del Pueblo inició una investigación en la que se constató que sin orden de la autoridad competente se procedió a derrocar la vivienda del peticionario.

Frente a los acontecimiento, la Institución Nacional de Derechos Humanos emitió una resolución con el fin de tutelar los derechos de esta familia a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda digna.

Asimismo, se exhortó al gobierno parroquial a la reparación integral. A que restituya un lote de terreno y la construcción de una casa de las mismas características. Además, se solicitó a las autoridades parroquiales presenten disculpas públicas a favor del peticionario y su familia.

Finalmente, se instó a los vocales y al presidente de la junta parroquial, así como al presidente de la directiva de la comuna Kichwa San Luis de Armenia, que dentro del término de 60 días organicen jornadas de capacitación en derechos humanos, derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas y derecho al debido proceso como parte de la reparación integral.

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La ciudadana Laura P. acude a la Delegación Provincial de Pichincha de la Defensoría del Pueblo para presentar una queja contra la Academia de Baile Top Dance (Tanzsport), por realizar comentarios discriminatorios al momento de inscribir a su hija de 22 años, quien  tiene una discapacidad intelectual.

Frente a este hecho, la Defensoría del Pueblo inició una investigación defensorial dentro de la cual realizó una visita a la academia con el fin de verificar lo sucedido y la accesibilidad que brindan a las personas con discapacidad.

Luego de esta diligencia, se convocó a audiencia donde se propició que las partes construyan acuerdos mínimos de respeto, fomentando la protección de derechos de las personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria.

Además se realizó un proceso educativo en la academia, tanto con los profesores como estudiantes, para dar a conocer los derechos de las personas con discapacidad y la necesidad de que se incluya a estas personas en todos los ámbitos de la sociedad.

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La Unidad Judicial Penal de Tena emitió sentencia dentro de la Acción de Protección propuesto por Jessica O. contra la Universidad IKIAM por haber sido despedida en estado de gestación, en la que dispuso que la Defensoría del Pueblo del Ecuador, a través de su Delegación Provincial de Napo, de seguimiento al cumplimiento de lo dispuesto.

Para ello, se realizó una reunión de trabajo con el asesor jurídico de la universidad en la que se constató el cumplimiento de las medidas de satisfacción, reparación económica y de reparación integral.

La accionante se reintegró a su trabajo y mediante oficio la universidad confirmó el proceso de pago de reparación económica. Incluso se elaboró un comunicado público para presentar las disculpas públicas.

De esta manera se garantizó los derechos de esta persona perteneciente a uno de los grupos de atención prioritaria.

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El ciudadano Juan S. quien vive con una discapacidad visual del 32% presentó una petición en la Coordinación Zonal 3 de la Defensoría del Pueblo contra el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Ambato por despido injustificado e inesperado.

El peticionario señaló que ha trabajado en la Dirección de Desarrollo Social y Economía Solidaria bajo contrato de prestación de servicios ocasionales desde febrero de 2017 sin ningún inconveniente hasta que en mayo de 2017 se le informó de manera verbal y mediante oficio la terminación unilateral del contrato.

El ciudadano afirmó ser la única fuente de ingresos de su hogar por lo que solicitó a la Defensoría del Pueblo tutele su derecho al trabajo.

Es así, que inmediatamente se tomó contacto con el Procurador Síndico Municipal del GAD de Ambato, a quien se expuso el debido sustento constitucional, legal y técnico que garantiza los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Al conocer el caso, el representante del GAD de Ambato solicitó la documentación que acredite la condición de persona con discapacidad del peticionario (carné y certificado de inscripción), para direccionar el trámite administrativo interno. Gracias a esta intervención, el 5 de junio de 2017 se autoriza al peticionario a continuar con la relación laboral que ha venido manteniendo con la Municipalidad en calidad de Servidor Público de Apoyo y a reintegrarse en su puesto de trabajo.

De esta manera se tuteló el derecho al trabajo, a  la seguridad jurídica y a la igualdad y no discriminación del ciudadano.

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A petición de un ciudadano, la Delegación Provincial de Cotopaxi de la Defensoría del Pueblo presentó una acción de protección para tutelar su derecho a la salud y seguridad social, luego de ser acusado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de afiliación fraudulenta.

El peticionario, quien vive con dos enfermedades catastróficas, meses atrás se había jubilado por invalidez pero lamentablemente el IESS inició una acción administrativa en la que declaró afiliación fraudulenta y procedió con el retiro de todos los beneficios adquiridos.

Por tal motivo, se presentó una acción de protección en la que se expuso a las autoridades competentes la doble condición de vulnerabilidad en la que se encuentra el peticionario, tutelando así sus derechos a la seguridad social y a la salud.

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Una persona parte del colectivo LGBTI presentó una petición en la Delegación Provincial de Pastaza de la Defensoría del Pueblo contra una discoteca de la ciudad del Puyo no dejarlo ingresar, vulnerando su derecho a la igualdad y a no ser discriminado.

La persona comentó que cuando llegó con su grupo de amigos y amigas al centro de diversión el guardia les negó la entrada, afirmando que no se atendía a personas LGBTI.

Tras este acontecimiento, la Defensoría del Pueblo inició una investigación para esclarecer lo sucedido. En ese contexto se convocó a una reunión a ambas partes para llegar a un acuerdo amigable y respetuoso de la diversidad.

Como parte de este proceso, la Institución Nacional de Derechos Humanos se reunió con representantes de la  Intendencia de Pastaza y la Dirección de Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pastaza, con el objetivo de analizar la problemática social "Prácticas de discriminación a personas pertenecientes al género LGBTI". Como resultado de este encuentro se acordaron generar alternativas de mitigación y solución, involucrando también a otros actores locales como representantes del colectivo LGBTI, propietarios/as de centros nocturnos y autoridades municipales.

Además se propuso realizar capacitaciones con los propietarios/as de los centros nocturnos a fin de que el servicio sea inclusivo para todas las personas.

Como Institución Defensorial, la Defensoría del Pueblo busca erradicar la discriminación en todas sus formas, en todos los tiempos y espacios, promoviendo en la sociedad el respeto por los derechos humanos, sobre todo de los grupos de atención prioritaria como es el caso de las personas LGBTI, quienes solicitan ser tratados con igualdad y dignidad.

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El señor Lucas S., persona adulta mayor, se acercó a la Coordinación Zonal 4 de la Defensoría del Pueblo para indicar que debido a la retención de fondos a consecuencia de un juicio coactivo, no ha podido disponer de su pensión de jubilación, afectando su calidad de vida por ser el único ingreso que percibe.

El peticionario realizó el respectivo reclamo ante el juez de coactivas de la entidad bancaria sin obtener una respuesta favorable. Es así que en un trabajo conjunto con la Coordinación Zonal 9 de la Defensoría del Pueblo se inició las investigaciones respectivas. Se tomço contacto con la Superintendencia de Bancos y el jefe operativo de la entidad financiera; quien informó que las medidas cautelares ya fueron retiradas.

La gestión defensorial logró que se retire la medida cautelar impuesta inconstitucionalmente, protegiendo los derechos de la persona adulta mayor.

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El señor Sixto M. compareció a la Delegación Provincial de Bolívar de la Defensoría del Pueblo para manifestar que desde hace algún tiempo ha solicitado a la Dirección Distrital de Educación de Guaranda se le conceda la reubicación de su lugar de trabajo en razón de su delicado estado de salud, sin embargo no ha recibido una respuesta favorable.

Luego de admitida la queja se realizó una audiencia pública, en la cual ambas partes llegaron a un acuerdo favorable. El Distrito de Educación solicitó al peticionario que presente la documentación requerida para tramitar su pedido acorde al  reglamento interno.

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Un ciudadano se acerca a la Delegación Provincial de Galápagos de la Defensoría del Pueblo para indicar que debido a la suspensión de energía eléctrica no programada, por parte de ElecGalápagos, se quemaron dos aires acondicionados, motivo por el cual presentó un reclamo, sin recibir respuesta. La Institución Nacional de Derechos Humanos mediante gestión oficiosa informa a ElecGalápagos lo ocurrido y ésta se compromete a reparar los aparatos en uno de sus talleres autorizados.

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Una ciudadana acudió a la Delegación Provincial Los Ríos de la Defensoría del Pueblo para solicitar la intervención institucional en el caso de su madre, una persona adulta mayor que estaba delicada de salud y requería ser trasladada de manera urgente a Guayaquil, debido a que el Hospital de Quevedo Sagrado Corazón de Jesús no tenía médicos especialistas para tratar sus afecciones neoronales.

La persona había sufrido un derrame cerebral tiempo atrás, dejándola sin capacidad de levantarse de su cama. En esta ocasión, por un cuadro de anemia estaba perdiendo sangre ràpidamente, por lo que su hija la lleva al hospital, la atendieron y le enviaron nuevamente a su casa con tratamiento ambulatorio por la falta de especialistas que la traten.

En vista de la grave situación de salud en la que se encontraba la ciudadana, la Defensoría del Pueblo inició una gestión oficiosa para agilizar el traspaso a un centro de salud de Guayaquil. Tras la intervención defensorial se logró sacar una cita médica en el Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil donde fue atendida de manera urgente.

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Una ciudadana colombiana, quien ostenta la Visa Mercosur,  acudió al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), con la finalidad de afiliarse; sin embargo, en base a una circular emitida por dicha Institución, se le negó el derecho a la afiliación, manifestando que el IESS ya no crearía códigos de afiliación para extranjeros, por cuanto esto es una competencia del Registro Civil.

En cuanto la Coordinación Zonal 9 de la Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento de este caso, verificó mediante una gestión oficiosa que efectivamente el IESS no estaba permitiendo la afiliación de personas extranjeras.

A través de reuniones de trabajo con autoridades del IESS se logró dejar sin efecto la circular antes referida, disponiendo la emisión de códigos que permitieron la afiliación de ciudadanos/as extranjeros/as capaces legalmente para ejercer funciones laborales en el Ecuador.

De esta manera se tuteló el derecho a la seguridad social de personas extranjeras que trabajan en el país.

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Mónica C., presentó una denuncia ante la Coordinación de la Defensoría del Pueblo en Azuay debido a que el presidente de la Junta de Agua de Sauceloma procedió a realizar el corte del servicio, justificando su accionar en valores pendientes que la ciudadana adeuda por temas de multas y trabajo.

La peticionaria indica que no ha sido convocada a dichas reuniones e incluso el presidente se ha negado a recibir los valores pendientes, procediendo al corte del servicio, lo cual ha afectado la calidad de vida de sus hijos y lo más importante se ha vulnerado su derecho fundamental al agua.

Luego de contactar al presidente de la Junta de Agua, la Coordinación procedió a realizar un acuerdo de restablecimiento inmediato del agua en el domicilio de la peticionaria. Por parte de la Coordinación se recordó al presidente de la Junta que el acceso al agua es un derecho fundamental, por tanto no puede ser restringido de esa manera afectando a niños y niñas.

La ciudadana agradeció la intervención defensorial que permitió que el servicio sea restablecido en su hogar.

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Washington C., presentó una queja ante la Delegación Provincial de Esmeraldas debido a que no podía inscribir el nacimiento de su hijo en el Registro Civil debido a que el médico que atendió a su esposa no subió la información al sistema del Hospital Defina Torres, por lo que no constan los datos del nacimiento y solicita la intervención defensorial para subsanar este incidente.

El Delegado Provincial se trasladó inmediatamente hasta la casa de salud y solicitó la presencia de los directivos de la misma a fin de conocer los motivos por los cuáles no se ha procedido a colaborar con la madre y el padre del niño para que pueda ser registrado, teniendo en cuenta que ya ha pasado un mes desde la fecha de nacimiento.

Se le informó al representante de la Defensoría del Pueblo que los directivos no se encontraban en ese momento, sin embargo que el motivo para el error se debe a que el médico que trató a la paciente no actualizó su firma electrónica y que por tal motivo no pudo entregar el documento de nacido vivo, único habilitante para la inscripción de una persona.

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La Delegación Provincial de Zamora Chinchipe desarrolló jornadas de capacitación con la ciudadanía para compartir información importante referente al tema de consumo responsable para las finanzas familiares.

Esta actividad se llevó a cabo con la Junta Provincial de Defensa del Artesano de la provincia, en la cual se informó a los y las asistentes la necesidad de trabajar de manera planificada y organizada en el tema económico dentro del núcleo familiar a fin de realizar gastos responsables en la medida de lo posible de los ingresos de las personas.

En este sentido se exhortó a la ciudadanía a adoptar ciertas medidas importantes al momento de realizar gestiones financieras en el hogar, como por ejemplo un ahorro programado, adquirir bienes netamente necesarios para nuestro desarrollo de vida y no adquirir deudas que no están dentro de las capacidades económicas de las personas.

Este acto es parte de una campaña que se está desarrollando a escala nacional y que busca principalmente educar a la población en un consumo responsable frente al ámbito económico.

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Un grupo de jóvenes que culminaron sus estudios en la Universidad Nacional de Loja, se acercaron hasta las oficinas de la Coordinación Zonal 7 para presentar una queja, pues la entidad educativa no les ha entregado sus títulos por lo que solicitan la intervención  defensorial.

Las y los jóvenes, quienes se graduaron como ingenieras/os en manejo y conservación del medio ambiente señalan que son oriundos de la ciudad de Tena y se encuentran en Loja únicamente para solicitar la entrega de sus títulos.

A través de una gestión oficiosa, la Coordinadora General, Paola Lazzarini se trasladó hasta la universidad para conocer los motivos por la demora del trámite; allí se reunió con el Procurador de la UNL, quien luego de atender el caso se comprometió a realizar la gestión y coordinar con las entidades  correspondientes para la entrega de los títulos.

Efectivamente,  se les indica a las y los estudiantes por parte de la UNL que su trámite ya está en la parte final del proceso para la emisión de los títulos y que una vez estén listo se procederá a la entrega.

El grupo de jóvenes agradeció la gestión oficiosa pues permitió continuar con el trámite para la entrega de los título, el mismo que se encontraba suspendido.

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Un ciudadano solicitó información pública a la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, pero dicha entidad no respondió a la solicitud y cuando el ciudadano se acercó a solicitar la debida respuesta le indicaron que su solicitud fue denegada.

Al conocer la respuesta de la entidad educativa, el ciudadano se acercó hasta la Coordinación Zonal en Tulcán para presentar la queja correspondiente debido a la afectación a su derecho a acceder a información pública.

En ese sentido se inició el trámite de gestión oficiosa, solicitando la presencia de la máxima autoridad de la universidad, a fin de conocer los motivos por los cuales el ciudadano no pudo acceder a su derecho.

De tal manera, los representantes de la universidad realizaron la entrega correspondiente de la información solicitada por el ciudadano tiempo atrás, reconociendo su error al no haber permitido al peticionario acceder a su derecho de manera adecuada.

La Universidad Politécnica Estatal del Carchi, indicó que actos como estos no se volverán a repetir, mientras que el ciudadano agradeció la intervención defensorial.

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