Un ciudadano solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo, debido a que la Agencia Nacional de Tránsito no daba respuesta a una petición de cambio de número de identificación, luego de haber realizado el curso respectivo para la licencia tipo C.

El peticionario informó que su trámite ya lleva algún tiempo en la Agencia Nacional de Tránsito y no ha tenido ninguna respuesta por parte de la entidad, por lo que se encuentra preocupado pues requiere de estas modificaciones en su documento para realizar su trabajo.

La DPE inició una investigación defensorial, con el objeto de tutelar el derecho a acceder a bienes y servicios públicos de calidad, y convocó a audiencia al representante de la ANT, quien se comprometió en la misma a realizar el trámite administrativo en un plazo máximo de 30 días. Finalmente el ciudadano obtuvo su licencia tipo C, y agradeció a la Coordinación Zonal 1 de Carchi por colaborar en el trámite.

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La Delegación Provincial de Pichincha de la Defensoría del Pueblo logró que Asiauto S.A. devuelva a un ciudadano la suma de USD 610,00 por concepto de un dispositivo de rastreo satelital que nunca fue instalado, tutelando los derechos de consumidor de esta persona.

El peticionario afirmó que el concesionario al momento de adquirir el vehículo le cobró por un dispositivo de rastreo satelital que canceló en su totalidad. Lamentablemente al momento de  levantar de prenda identifican que el dispositivo de rastreo jamás fue instalado. Por tanto el ciudadano solicitó a Asiauto S.A. la devolución del valor cancelado, sin obtener una respuesta favorable.

Debido a esta situación, la Defensoría del Pueblo intervino  logrando la devolución total del rubro y acordando con el concesionario realizar un proceso educativo con sus trabajadores/as sobre derechos de las personas usuarias y consumidoras.

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La Coordinación Zonal 3 de la Defensoría del Pueblo mediante gestión oficiosa logró que la Empresa Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Ambato aplique el descuento correspondiente a una persona con discapacidad, al momento de cancelar el valor del líquido vital.

La peticionaria -madre de una persona con discapacidad física del 94%- aseguró que se acercó en varias ocasiones a la empresa proveedora de agua, a fin de solicitar la rebaja, conforme la Ley Orgánica de Discapacidades. Pero que la persona que la atendió le pidió un listado de requisitos, entre ellos una declaración juramentada que respalde que la madre vive con el joven para aplicar el descuento.

Al conocer el caso, la Defensoría del Pueblo tomó contacto telefónico con  la Directora Comercial de la Empresa Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Ambato para exponerle el caso y argumentar lo que indica la ley respecto a las personas con discapacidad, pues no es necesario exigir requisitos innecesarios.

Luego de la intervención defensorial, se procedió con el descuento respectivo, protegiendo los derechos de la peticionaria y su hijo.

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La Delegación Provincial de Cotopaxi de la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de acción de protección con medidas cautelares para tutelar el derecho de niños, niñas y adolescentes a una vida libre de violencia, que podría verse afectada en las corridas de toros organizadas por la Empresa Ganadera TRIANA CÍA LTDA los días 24 y 25 de noviembre de 2017.

De oficio la Delegación Provincial de Cotopaxi de la Defensoría del Pueblo conoció que en las corridas de toros previstas para los días 5, 24 y 25 de noviembre de 2017 existía propaganda donde se indicaba la prohibición de ingreso de menores de 12 años, cuando los permisos otorgados por las entidades pertinentes señalan la prohibición de ingreso de menores de 16 años.

Razón por la que se presentó la acción de protección, que fue aceptada por el juez competente, otorgando un plazo de 72 horas a representantes de la Empresa TRIANA para que rectifiquen la publicidad.

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La Delegación Provincial de Chimborazo de la Defensoría del Pueblo de Ecuador logró mediante oficio que la empresa de agua potable refacture la cantidad de USD 519,63 a una peticionaria, quien se quejó del alto consumo en las planillas.

Al conocer la situación se inició un trámite sumario de usuarios, a fin de tutelar los derechos de la ciudadana, quien presentó su reclamo en la empresa proveedora sin obtener una respuesta favorable.

Tras la intervención defensorial se redujo el valor de la factura a USD 98.41.

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Una madre de familia solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo en Cuenca para que su hija pueda recibir atención médica, pues necesitaba una cirugía y la misma no se realizaba, a pesar del tiempo de espera.

Johanna G., madre una de una niña de un año y nueve meses, presentó una queja ante la Defensoría del Pueblo, pues cuando la niña se encontraba hospitalizada en el área de Neonatología del hospital Vicente Corral Moscoso tuvo una complicación en el ala derecha de la nariz, lo que le trajo como consecuencia, dificultad al momento de respirar. La ciudadana manifestó que ya lleva varios meses solicitando la transferencia de su niña a una casa de salud en la cual puedan realizar la intervención quirúrgica para solventar la complicación médica de la hija.

La Defensoría del Pueblo, al conocer el caso tomó contacto inmediato con los directivos de la casa de salud para conocer el motivo por el cual no se ha transferido la atención de la niña a otro hospital, a fin de garantizar su derecho a acceder a una salud de calidad.

El Ministerio de Salud Pública, realizó los trámites correspondientes para que la niña pueda ser operada con un prestador externo y de esta manera se le brinde la atención requerida.

Finalmente, la madre de familia al haber recibido la atención requerida para su hija, solicitó el archivo del caso, sin antes agradecer la gestión defensorial, que logró la operación de su niña.

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La Coordinación Zonal 8 de la Defensoría del Pueblo de Ecuador mediante sumario de consumidores logró que una empresa de medicina prepagada cubra parte del tratamiento de un niño de cinco años, quien posee un cuadro de alergias e infecciones a las vías respiratorias, requiriendo para su tratamiento un fármaco que el seguro privado no quería cubrir.

La medicina BACTER-R previene las infecciones respiratorias recurrentes y es necesaria para que el menor de edad se recupere. Lamentablemente, la representante del niño recibió un comunicado de la empresa de medicina prepagada en el que explican  que el departamento de auditoría médica resolvieron no financiar dicha medicina debido a una cláusula de exclusión de contrato, evitando así el reembolso de los valores.

Tras una reunión con el procurador judicial de la empresa de medicina prepagada se llegó al acuerdo de que por tratarse de un menor de edad y para salvaguardar la satisfacción del cliente con el servicio se cubrirá hasta cinco tratamientos de la vacuna BACTER-R.

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A la Coordinación General Defensorial Zonal 9 ingreso una petición presentada por un ciudadano, quien aseguró que sin previa notificación el Juzgado Segundo de Coactivas del Municipio de Quito había dispuesto la retención de dinero de sus cuentas bancarias, por la presunta falta de pago de un tributo municipal.

Tras conocer el caso se realizó la investigación correspondiente y se determinó mediante un informe final que efectivamente hubo una vulneración al debido proceso. Dicho informe sirvió de insumo para realizar la interposición de una garantía jurisdiccional y de esta manera tutelar el derecho al debido proceso de un ciudadano.